ALICANTE. El último movimiento auspiciado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el entuerto del BIC de Torre Placia comienza a tener consecuencias. La primera de ellas es la reactivación del contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Alicante para que se pueda ejecutar el traslado del monumento, en el momento en el que el Ministerio de Cultura cumpla con el requerimiento formulado por el alto tribunal autonómico y resuelva sobre la procedencia (o no) de su desplazamiento después de haber alegado que se trataba de una decisión bajo la competencia de la Generalitat.
Fuentes municipales consultadas precisaron que el departamento de Contratación ha retomado el expediente de adjudicación para evaluar si resulta necesario abordar una reevaluación de costes respecto al importe por el que se cerró la encomienda a la empresa Estudio Métodos de la Restauración a finales de 2019. El precio de adjudicación ascendió a 1.488.693,25 euros (impuestos incluidos) para que se llevase a cabo el desmontaje de la torre y su reubicación y reconstrucción en la parcela de zona verde, de propiedad municipal, situada entre las Avenidas Pintor Pérez Gil y Conrado Abaladejo y la calle Juana Francés.
Ese importe podría verse alterado tanto por el incremento de precios de los materiales y medios a emplear que se hubiese registrado cuatro años después, así como por un hipotético cambio en el procedimiento que acabe autorizando el ministerio que coordina Miquel Iceta. Como ya ha informado este diario, el comité de expertos que evaluó las ofertas presentadas al concurso acabó decantándose por la propuesta de desmontaje pieza a pieza planteado por Estudio Métodos de la Restauración al considerar que era el más indicado para preservar la integridad del edificio.
No obstante, Cultura podría decantarse ahora por otra fórmula distinta, lo que obligaría a revisar conceptos y gastos, según las mismas fuentes. O, incluso, podría optar por un escenario completamente distinto y plantear la anulación del acuerdo del Consejo de Ministros, aprobado en mayo de 2017, por el que se daba alas al traslado del monumento como fórmula alternativa de ejecución de la sentencia del TSJCV que conminaba a demoler 11 viviendas construidas en el entorno de protección de la torre, en el supuesto de que justificase que el desplazamiento conllevaría la destrucción del BIC.
En esa hipótesis, el ayuntamiento se vería forzado a reformular o a revocar el contrato, puesto que habría perdido su finalidad. En principio, podría optarse por reconvertir el encargo del traslado en una restauración en su emplazamiento actual.
En paralelo, el equipo de gobierno compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) también ha abordado una segunda actuación relacionada con las 40 viviendas de la urbanización Azalea Golf, construidas junto al monumento. En concreto, fuentes consultadas indicaron que, este mismo viernes, se produjo una primera reunión con representantes de los propietarios de las viviendas en la que se adquirió el compromiso de iniciar el expediente para reinstaurar la legalidad de su construcción, que no tendría coste alguno para sus titulares.