Las obras de remodelación de la avenida de Jijona, durante sus primeros días. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Nuevo proyecto urbanístico en causa de resolución contractual en Alicante, tras los casos de la reforma de la Plaza de San Blas y la construcción del parque de La Torreta (PAU 2), al margen de los trabajos de terminación de las viviendas para el alquiler social de El Portón. Las obras de remodelación de la avenida de Jijona, adjudicadas al Grupo Bertolín por 2,5 millones (impuestos incluidos) en noviembre de 2022, quedan definitivamente interrumpidas hasta que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), complete el proceso administrativo necesario para rescindir la encomienda de los trabajos con la intención de volver a sacarlos a concurso. Así se ha acordado este martes en la reunión de la Junta Local, después de que se haya constatado incumplimientos que se consideran imputables al contratista, según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los asuntos aprobados en el órgano de composición política en el que se adoptan la mayor parte de las decisiones sobre la gestión municipal.
A priori, el PP estima que las obras puedan quedar en suspenso durante un plazo de entre cuatro y cinco meses antes de que puedan licitarse de nuevo. Como mínimo, ese habría sido el tiempo requerido para completar otros procesos de resolución contractual previos, como el que se tuvo que acordar respecto a las obras de reforma de la Plaza de San Blas, en este caso, adjudicada a la constructora Ecisa (ahora absorbida por el Grupo Urbas). En todo caso, Villar ha señalado que el objetivo del equipo de gobierno es acometer "los trabajos de urgencia que resulten necesarios para garantizar la accesibilidad peatonal, hasta que pueda reanudarse la ejecución del proyecto original, como se hizo en el caso de las obras de San Blas".
No obstante, todo parece indicar que esa no será la única incidencia que el PP tendrá que resolver con cierta premura. La ejecución de ese proyecto cuenta con financiación europea, canalizada a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con lo que su finalización quedaba ligada al cumplimiento de plazos concretos. De hecho, el PP ya tuvo que recurrir a la solicitud de una primera prórroga, puesto que su ejecución debía concluir el pasado mes de julio. A partir de ahora, la Concejalía de Urbanismo, en coordinación con el área de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, tendrá que resolver "si existe la posibilidad de optar a una ampliación de plazo" para no perder la subvención "con el argumento de que el incumplimiento no es atribuible al Ayuntamiento", según ha apuntado Villar.
Las obras se iniciaron el pasado 9 de enero con un plazo de ejecución de seis meses que concluía en junio. No obstante, la empresa adjudicataria (Grupo Bertolín) comenzó a plantear modificaciones ya en el mes de marzo, como la propuesta de sustitución del material a emplear para la instalación de los bordillos de las aceras (hormigón prefabricado), tras alegar problemas en la obtención de ese material, para pasar a plantear el uso del material recogido en su oferta como mejora (granito). Esa circunstancia llevó al equipo de gobierno a remitir un primer requerimiento, el pasado mayo, en el que apremiaba a la compañía a acelerar el ritmo de los trabajos.
Finalmente, la Junta Local acabó aprobando la concesión de una primera prórroga para la ejecución de las obras que debía extinguirse el próximo 30 de noviembre, a instancias de la solicitud presentada por Bertolín, en junio. Pero, además, la propia compañía (que también asumió las obras de remodelación de Padre Esplá y el proyecto de peatonalización de Constitución y Bailén) registró un segundo escrito posterior, fechado el 15 de septiembre, en el que solicitaba la paralización de los trabajos tras alegar distintos problemas -como el retraso en la obtención de permiso para la retirada de fibrocemento preexistente o la falta de disponibilidad del pleno uso de la zona afectada por el proyecto- para que pudiese proseguir su ejecución.
No obstante, el equipo de gobierno desestima ahora esa solicitud en base a las conclusiones del informe del director facultativo de las obras en las que niega la existencia de esos impedimentos para el desarrollo de las obras en el margen de la última ampliación de plazo concedida (noviembre). De hecho, en ese informe se apunta que el permiso para la retirada del fibrocemento lo concedió la Generalitat en mayo y que la supuesta falta de puesta a disposición del espacio para la ejecución de los trabajos hace referencia a una zona de 40 metros cuadrados, lo que representaría el 0,2% de toda la avenida, por lo que no existiría ninguna dificultada para el avance de la actuación en el 98% de la superficie restante. Además, en ese informe se constata que las obras están paralizadas de facto desde el 4 de septiembre y que se había emplazado a Bertolín a acelerar su ejecución en varios momentos previos, después de haber consensuado con sus responsables las distintas fases de realización de las obras. De ahí que el informe recomiende la resolución del contrato en un trámite al que ahora se da inicio tras el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno.
Varios de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición han aprovechado el acuerdo de inicio de resolución del contrato para cargar contra la gestión del equipo de gobierno. Así, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, ha criticado "la nefasta gestión de numerosas obras que se vienen ejecutando en la ciudad, debido a los retrasos sistemáticos en los plazos previstos para la finalización; una situación que pone en riesgo ayudas millonarias del Gobierno central y de fondos europeos".
"La gestión de las obras por parte de Barcala clama al cielo. Tampoco va a concluir a tiempo la reforma de la Avenida de Jijona, que tendría que haber finalizado en julio. Otra zona más que se queda empantanada y sin concluir, lo que conlleva un riesgo para el Ayuntamiento a perder cuantiosas subvenciones. Todo porque no son capaces de llevar a cabo un control exhaustivo de las obras. Ya sucedió en el Parque de San Blas; en el parque del PAU 2, en las viviendas de El Portón. Por no hablar de que todas las obras en el centro están sufriendo retrasos sistemáticos; con el perjuicio que está acusando a los sectores económicos de la ciudad", ha concluido.
En términos similares se ha pronunciado el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, quien ha señalado que ya se había anticipado la existencia de problemas en la ejecución de ese proyecto. "Ya lo advertimos, junto con la asociación de vecinos, que la obra no iba a buen ritmo y todo apuntaba a que no cumplirían plazos poniendo el peligro incluso los fondos europeos", ha señalado.
En este sentido, ha añadido que "esta obra empezó mal, sin participación ciudadana, sin previo aviso ni plan de choque para no perder tejido económico ni comercial. Este gobierno nos va a salir muy caro a las alicantinas y alicantinos a nivel económico. Vamos a perder probablemente fondos europeos y el retraso supondrá un sobrecoste en la obra. A todo ello, hay que destacar la decena de comercios que ya han cerrado por culpa del retraso", ha recalcado.
Por último, ha incidido en que "debemos añadir el coste ambiental, ruido y contaminación que sobre la zona excede de los parámetros legales establecidos. Y a nivel social, ya que este retraso en la obra va a deprimir más si cabe toda esta zona. Una vez más vemos la vara de medir distinta del gobierno de Barcala: se dieron mucha prisa para acabar las obras del Centro, el Paseo de los Mártires, pero abandonan una de las pocas obras que se iban a hacer con fondos europeos en los barrios. Vamos a pedir todos los informes y requerimientos que se han solicitado durante estos meses a la empresa para ver si advirtieron o se ha producido, una vez mas, dejación de funciones", ha concluido.
