ALICANTE. El proceso impulsado por el bipartito de Alicante (PP y Cs) para regular las condiciones de circulación de los patinetes eléctricos a través de una ordenanza específica llega a su fase final con el cierre del plazo establecido para presentar alegaciones. La normativa municipal sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP), aprobada en pleno el pasado 30 de noviembre, ha recibido hasta 20 alegaciones con diversas peticiones de modificación por parte de particulares, de varias empresas dedicadas al alquiler de patinetes... e incluso del propio ayuntamiento.
Fuentes municipales precisaron que la mayoría de las objeciones planteadas al cierre del plazo de exposición al público solicitan que se amplíen las posibilidades de circulación de modo que también se contemple el uso de las denominadas aceras-bici: es decir, los itinerarios aptos para el tránsito de bicicletas delimitados con marcas viales sobre las aceras, que no disponen de separación física respecto al espacio reservado para los peatones.
Como viene informando Alicante Plaza, el texto aprobado hasta ahora de manera inicial solo autoriza la circulación de patinetes en carriles bici, pistas bici, sendas ciclables, calzadas Zona 30, ciclo-calles y calles cuyo límite de velocidad sea 30 km/h. En principio, no parece probable que la Concejalía de Movilidad vaya a aceptar las peticiones para que se extienda su uso sobre las aceras bici, ya que, al defender la propuesta, el edil responsable del área, José Ramón González (PP), explicó que los técnicos municipales encargados de la elaboración de la ordenanza habían querido primar la seguridad de los peatones y de los propios usuarios de patinetes para evitar los atropellos y los arrollamientos.
Entre las alegaciones registradas, también se solicita la posibilidad de que se permita la circulación de patinetes sobre la calzada en vías de doble sentido. Hasta ahora, la ordenanza solo ampara su tránsito sobre la calzada en vías de un solo carril y sentido único, después de que la propia Concejalía de Movilidad presentase una autoenmienda para ampliar las posibilidades de desplazamiento de los usuarios de patinetes a cerca del 80% de las calles de la ciudad que reúnen esas condiciones. La rectificación suponía, de facto, avanzar en la implantación progresiva de las llamadas Zonas 30, en las que la velocidad de circulación queda restringida a 30 kilómetros hora para todo tipo de vehículos.
No obstante, todo parece indicar que este segundo grupo de alegaciones, con las que se trata de conseguir la circulación en calles de doble sentido, también quedarán desestimadas por motivos de seguridad. De hecho, ya se descartaron las enmiendas en esa dirección presentadas por PSPV-PSOE y Compromís, antes de que la propuesta de ordenanza se debatiese en pleno. Es más, durante el desarrollo del debate, también se volvió a descartar una última enmienda similar presentada por Compromís. En concreto, la coalición valencianista planteó que se permitiese su uso excepcional en aquellos tramos de la red viaria de la ciudad en los que no existiese carril bici, y en los que no se contemple el tránsito sobre la calzada al tratarse de grandes viales con más de un carril de circulación. Según sostuvo el edil Rafa Mas entonces, la iniciativa trataba de evitar la generación de "islas de movilidad" y favorecer el uso del patinete como sistema de transporte alternativo para los desplazamientos entre los municipios que colindan con Alicante.
Un tercer grupo de las alegaciones presentadas, parte de las empresas dedicadas a su alquiler con fines económicos (ya sea por parte de compañías dedicadas expresamente a esa actividad o a la organización de visitas turísticas, con recorridos en patinete). No ha trascendido en qué consisten sus peticiones de modificación, aunque todo apunta a que podrían dirigirse a la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños a terceros en caso de accidente o a las limitaciones para el estacionamiento de los patinetes en la vía pública.
Se reducirá la velocidad de circulación máxima hasta los 25 km/h en lugar de los 30 km/h reconocidos hasta ahora, para ajustar la ordenanza al instrucción dictada por la DGT
En concreto, la ordenanza establece que solo se permite su aparcamiento en los lugares habilitados para las bicicletas. Y además, se requiere que las empresas dedicadas a su alquiler se inscriban previamente en un registro específico y se les conmina a obtener la correspondiente autorización municipal para el ejercicio de su actividad.
Por último, sí se incorporarán las alegaciones registradas por el propio departamento municipal de Movilidad con el fin de ajustar la ordenanza definitiva a la instrucción publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT) el pasado 3 de diciembre. En concreto, se trata de reducir la velocidad máxima permitida para los usuarios de los patinetes eléctricos, de modo que quede limitada a 25 km/h en lugar de los 30 regulados en la ordenanza municipal. Además, también se retirará la obligación de que los usuarios de VMP dispongan obligatoriamente de un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños a terceros. El objetivo de Movilidad es que esa obligación se transforme en solo una recomendación. Lo cierto es que la concejalía ya contemplaba la posibilidad de tener que acordar esos ajustes desde el momento en el que promovió la redacción de la ordenanza. Como avanzó este diario, el objetivo que manejaba el bipartito al impulsar la tramitación de la ordenanza era regular las condiciones de circulación de los patinetes para acabar con el vacío existente hasta que la DGT dictase las normas generales. Ya entonces se anticipó que se incorporarían las modificaciones que fuesen necesarias, una vez que se conociesen las directrices de la DGT.
Ahora, con el registro de las alegaciones, se inicia la fase de su resolución en la que los técnicos municipales deben estudiar las propuestas presentadas y responderlas con una argumentación sobre los motivos de su aceptación o rechazo. Después, la norma deberá volver a votarse en el pleno para su aprobación definitiva. En principio, su entrada en vigor podría producirse a lo largo del mes de febrero, siempre que se apruebe en el pleno de enero. Por lo pronto, en el debate de la propuesta se estableció que se aplicaría una moratoria de 60 días antes de que se pudiesen imponer sanciones por incumplimiento.
