El entorno de las instalaciones de la escombrera de La Serreta, en la partida de Fontcalent.ALICANTE. La regularización de actividad de la nueva planta de tratamiento de residuos de la construcción promovida por la empresa Llegando a la Cima en La Serreta de Fontcalent parece abocada a seguir esperando, sin que existan garantías de que vaya a producirse. Por el momento, el Ayuntamiento de Alicante ha emitido un informe desfavorable respecto a la solicitud de transmisión de la licencia concedida al titular de la empresa preexistente (ya fallecido) al considerar que, ahora, se trata de extender la actividad a "parcelas distintas" después de haber incorporado "elementos e instalaciones no comprendidas en el proyecto original de 1978".
Así se ha constar, cuando menos, en el decreto evacuado por la Fiscalía especializada en asuntos relacionados con el Medio Ambiente por el que se comunica el archivo de las diligencias de investigación preliminar que se habían acordado abrir a instancias de la denuncia presentada por la asociación Trekrural respecto al supuesto funcionamiento anómalo de dichas instalaciones, extendidas a parcelas anexas, según la denuncia.
En esa resolución, fechada el 10 de noviembre, la Fiscalía concluye que no se habría apreciado la existencia de un posible delito ambiental, a la vista de "la actividad desarrollada en la planta, consistente en la recepción, acopio y separación de residuos de construcción y demolición de carácter inerte, y su trituración y clasificación de áridos para la construcción". Así, se añade que no se apreciarían "indicios" de que dicha actividad "pueda causar daños sustanciales para la calidad del aire, del suelo, de las aguas, de los animales o las plantas o riesgo para la salud de las personas". En consecuencia, "se estima que los hechos carecen de trascendencia penal". Eso sí, "sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en la que se pueda incurrir por carecer de las oportunas autorizaciones administrativas, lo que se está depurando en los expedientes seguidos al efecto".
No es la primera ocasión en la que la Fiscalía decide dar por terminadas las averiguaciones emprendidas frente a la actividad de la misma empresa. En ese mismo decreto, se recuerda que ya se instruyeron diligencias frente a la actividad inicial de la misma compañía, desplegada en otro emplazamiento de la partida de Fontcalent, que derivaron en la presentación de denuncia por un posible delito de desobediencia "por hacer caso omiso a la suspensión de actividad y precinto acordados por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante".
Según la Fiscalía, en ese proceso ya se ha formulado escrito de acusación y se sigue pendiente de fecha de juicio. No obstante, lo cierto es que las instalaciones objeto de ese proceso ya estarían desmanteladas y, según la propia compañía, ya se habría concluido los trabajos de restauración ambiental requeridos por la Conselleria de Transición Ecológica. Pero, además, la Fiscalía también alude, en ese mismo decreto, a la incoación de otras diligencias de investigación paralelas, en relación a otra denuncia similar a la que se cierra ahora, en las que también se acordó el archivo.
La Fiscalía concluye que de la actividad de las nuevas instalaciones no se desprenden hechos de trascendencia penal
Sea como fuere, el rechazo municipal a la solicitud de transmisión de licencia presentada respecto a las nuevas instalaciones de La Serreta también quedó confirmado este martes en el transcurso de la reunión de la comisión específica creada en el Ayuntamiento para abordar la situación del Valle de Fontcalent. En esa sesión, se concretó la inhibición de los técnicos y de los políticos (en concreto, la del edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez) que habrían instruido o participado en los expedientes relacionados con la compañía hasta el momento, a la vista de la querella presentada por la empresa contra ellos. Así, las disposiciones o órdenes que puedan adoptarse al respecto, se acordarán en Junta de Gobierno.
La decisión se habría adoptado por recomendación de los servicios jurídicos municipales y se extendería, incluso, a la posibilidad de responder a iniciativas políticas relacionadas con la actividad de dicha compañía, según fuentes consultadas. Con todo, los representantes de los grupos de la oposición, como Unides Podem EU, avanzaron su intención de solicitar informes jurídicos al respecto al tener dudas sobre el hecho de que se pudiese estar cediendo a las presiones de una empresa para marcar la agenda política municipal.
Al tiempo, en la comisión se detalló que sigue practicándose la labor de vigilancia y control de otras actividades relacionadas con el tratamiento de escombros en la misma partida de Fontcalent y que se seguirían tramitando solicitudes de autorización para otras cuatro instalaciones, según fuentes consultadas. Por el momento, según las mismas fuentes, se estarían evacuando informes contrarios a la concesión de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) que resulta necesaria para su implantación.
