ALICANTE. La propuesta de actualización de la tasa de la basura promovida por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), para cumplir con el mandato legal y equiparar la recaudación a los costes reales del servicio, prevé que los ingresos por el cobro de los recibos se eleve por encima de los 25,7 millones (25.767,058,57 euros) que conlleva la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos, según el informe económico que acompaña la propuesta.
A la postre, esa actualización de la tasa supondrá que la caja municipal reciba unos ingresos nuevos de cerca de 16 millones (15.997.920,18 euros) en costes que hasta ahora quedaban cubiertos con cargo a los presupuestos municipales en detrimento de otros gastos, y que ahora se obtendrán de forma íntegra (sin necesidad de recurrir a recursos adicionales) gracias al incremento de las cuantías de los recibos a abonar por la ciudadanía y por los titulares de actividades económicas, con supuestos en los que se puede llegar a cuadruplicar el importe que se venía abonando hasta ahora.
Por partes. El coste global de 25 millones calculado para la prestación del servicio se reparte entre los más de 16 millones (16.031.384,95 euros) derivados de las acciones relacionadas con la recogida y transporte de residuos, y los más de 9,7 (9.735,673,62 euros) que conlleva su tratamiento, para un volumen global de 145.620,21 toneladas anuales que se reciben en la planta municipal de Fontcalent.
La nueva ordenanza fiscal planteada por los populares, con el propósito de que pueda entrar en vigor en enero de 2025, dirime el reparto de esos costes a partir de los principios de equivalencia "y de capacidad económica" recogidos en el artículo 11.3 de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelo contaminados para una economía circular. Para ello, se habría optado por distribuir ese importe global de 25 millones entre un volumen de población estimada de 413.584 personas entre usuarios empadronados y no empadronados.
De este modo, solo por lo que respecta al gasto de tratamiento de residuos, se consideraría que el total repercutible a los hogares asciende a 8.010.683,06 de euros, lo que supondría un coste de tratamiento por persona de 19,37 euros. A partir de ahí, se aplicaría esa cuantía por cada persona que se calcula que podría residir en cada domicilio, en función de su tamaño en metros cuadrados: hasta 60 metros, se estima una media de 1,74 personas; de 61 a 90 metros, se calcula 2,13 personas, y de más de 90 metros, se precisa una proporción de 2,27 personas.
Por su parte, el coste de recogida, cifrado en 13.190.904,79 euros, se plantea distribuir entre el número total de hogares que se cifra en 191.285 unidades. Así, la propia memoria apunta que "si se aplicara una distribución lineal la cuota de servicio de recogida sería de 68,96€/vivienda". No obstante, aquí se introduce el criterio de capacidad económica al incorporar a la ecuación el valor catastral de cada inmueble a modo de indicador objetivo. De este modo, el estudio económico señala que se habría optado por dividir "el valor catastral" de cada inmueble "entre los metros cuadrados construidos del mismo, de tal suerte que, con independencia del tamaño de la vivienda se tenga en cuenta el valor m2 construido, como parámetro patrimonial vinculado con la capacidad económica manifestada".
A partir de ahí, se apuesta por considerar una clasificación en cuatro grupos: "viviendas con un valor metro cuadrado construido de hasta 300 €, de 301 a 400 €, de 401 a 500€ y de más de 500€". Esos grupos se clasifican a su vez en función de los metros de la vivienda, con lo que, en último término, se extrae una tabla de distribución por lo que respecta a los hogares con los importes reflejados en la siguiente tabla, ya anticipada por este diario.
Eso sí, respecto a esos importes, se establece la posibilidad de aplicar bonificaciones que alcanzarían hasta un 20% de la cuota de la tasa para aquellos sujetos que participen en la recogida selectiva de fracción orgánica (los restos de comida). En principio, la misma memoria apunta que la aplicación de esa bonificación supondría un menor ingreso en la recaudación global estimado para el año 2025 de -444.360 €. No obstante, también se apunta que esa disminución de ingresos quedaría compensada "con un menor coste del servicio" al facilitar el tratamiento por separado de esa facción de residuo. De este modo, se sostiene que se mantendría el equilibrio de costes pretendido.
¿Cómo quedaría la distribución de costes para titulares de actividades económicas? La propuesta planteada por el PP delimita los importes de los recibos a abonar en función de cada tipo de actividad para diferenciar su potencial capacidad de generación de residuos. Desde los establecimientos hosteleros, hasta los hoteles, a los centros comerciales o a las empresas instaladas en áreas industriales, por ejemplo. Es más, se incluyen criterios de diferenciación respecto a la situación en la que se encuentren ubicados los negocios hosteleros (una especie de zonificación, pese a que se habría rechazado aplicarla de forma general en el caso de los hogares, como la que venía aplicándose hasta ahora y que sí persiste en otros municipios), así como algunos coeficientes de incremento "para las actividades de hostelería que utilicen productos desechables para el servicio de los alimentos y bebidas (platos, vasos, cubiertos, manteles, envases de cartón, papel o plástico) toda vez que, al final, van al contenedor gris de residuos y este debe tratarse en planta con el encarecimiento que ello supone", según se explica en la memoria económica.
A la postre, en ese estudio se señala que la recaudación estimada para el sector de la hostelería ascendería a 636.378,00€ por la recogida y a otros 324.529,53 € por el tratamiento. Y, en términos globales, se prevé que la aplicación de la nueva tasa respecto al conjunto de actividades económicas reporte unos ingresos de 4.571.700,95 euros (3.124.756,09 por la recogida y 1.446.944,86 por el tratamiento), frente a los más de 20 millones que abonarían el conjunto de los hogares.
Eso sí, esa nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa queda todavía sujeta a la superación de todo sus proceso de tramitación política y administrativa. En primer término, la propuesta trazada por el PP debe someterse a la presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. Se presume que al menos las tres fuerzas del eje progresista las presenten, toda vez que ya han venido manifestando sus discrepancias respecto a los nuevos importes planteados al considerar que gravarían en mayor medida a las rentas bajas, como han sostenido el PSOE y Esquerra Unida Podem. Compromís ha ido un paso más allá e incluso ha solicitado la retirada de la propuesta al interpretar que se habría incurrido en un cálculo erróneo al repercutir cerca del 80% de los costes del servicio a los ciudadanos, cuando los cálculos nacionales de generación de residuos estiman que las actividades económicas producen en torno al 40% de los desechos.
Vox, por su parte, ha anticipado su rechazo a la propuesta al no compartir la legislación comunitaria traspuesta a la normativa nacional de la que deriva la actualización de la tasa. Así que está por ver si llega a presentar enmiendas o se decanta de forma directa por un voto en contra, como el que, de hecho, ya anticiparon sus representantes el pasado martes, cuando la propuesta quedó aprobada inicialmente en Junta de Gobierno.
Sea como fuere, las enmiendas que se planteen deberán ser analizadas por los técnicos municipales, que presentarán una propuesta de resolución para que sea debatida y votada en una próxima comisión informativa de Hacienda. Después, se elevará a pleno para que pueda someterse a aprobación inicial, para lo que el PP deberá sumar el apoyo o la abstención de alguno de los grupos políticos de la oposición. Y, por último, en el caso de que llegue a prosperar, se expondrá al público para la presentación de alegaciones durante un mes.
De presentarse objeciones, también deberán estudiarse y responderse para que la ordenanza pueda volver a pleno en el trámite de aprobación definitiva. Todo ese recorrido pendiente permitiría augurar que el PP no aceptará un aplazamiento de la ordenanza reguladora de la tasa para su mejor estudio, ante el riesgo de que no pueda llegar a tiempo de la fecha límite para su aplicación. Es más, los populares ya han desestimado la petición planteada por la oposición para que se amplíe el plazo para la presentación de enmiendas. Así que, está por ver cuál puede ser la posición definitiva del conjunto de grupos políticos en el momento en el que la propuesta llegue a votación.