El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto al vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, en el encuentro sobre la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones.ALICANTE. El inicio del nuevo curso político llega con el planteamiento de dos acuerdos especialmente complejos en el Ayuntamiento de Alicante en los que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), se la juega a la posibilidad de alcanzar acuerdos puntuales con otras formaciones políticas situadas tanto a su derecha como su izquierda en el espectro ideológico. Por lo pronto, los populares -que gobiernan en situación de minoría con 14 concejales en una corporación formada por 29 representantes- están decididos a seguir negociando pactos en una suerte de geometría variable como la que ya aplicaron el pasado mes de julio, tras tejer una alianza con el grupo municipal de Compromís.
Esa entente permitió que la nueva ordenanza de Ocupación de Vía Pública quedase aprobada de forma inicial, después de que el grupo municipal de Vox escenificase su distanciamiento con el PP (en la antesala de las elecciones europeas) en una disputa motivada por el mantenimiento de las autorizaciones para instalar puestos informativos de asesoramiento en casos de agresiones sexuales con la denominación específica de puntos violeta.
Ahora el gabinete que coordina Luis Barcala pretende seguir con esa estrategia en dos asuntos conocidos este martes que tendrían tanto defensores como detractores en ambos bandos de la bancada municipal: la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la actualización de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos (el recibo de la basura). Las dos ordenanzas, además, podrían tener ciertas dosis de impopularidad ante la posibilidad de que la ciudadanía interpretase que pueden resultar excesivas o que, por el contrario, se quedasen cortas.
Por partes. La primera de esas regulaciones ya tendría el camino despejado en virtud del entendimiento alcanzado con Vox, que se ha venido ultimando a lo largo de las dos últimas semanas. El acuerdo consiste en la modificación de la propuesta inicial con la que venía trabajando el PP con la que se pasa de dos anillos iniciales para la implantación medidas para el control y regulación del tráfico a tres. Los dos primigenios correspondían al eje del Centro Tradicional, en el que se englobaba el Casco Antiguo, y el eje encuadrado en torno al trazado de la Gran Vía.
Ahora, el Casco Antiguo pasa a ser un tercer anillo con entidad propia y el único en el que se aplicarán restricciones y sanciones por incumplimiento. En realidad, prácticamente las mismas que quedaron establecidas desde el año 2011, cuando se acordó que el perímetro de sus calles tendría un predominio peatonal y que solo tendrían acceso autorizado los residentes.
De este modo, queda descartada por el momento la aplicación de nuevas restricciones de acceso adicionales con la previsión de las multas correspondientes en los otros dos anillos de Gran Vía y Centro Tradicional, a pesar de que el equipo de gobierno sí había llegado a contemplar posibilidades de restringir el acceso de vehículos con el correspondiente régimen punitivo en los momentos en los que fuese necesario activar limitaciones al detectarse momentos de superación de los límites de contaminación atmosférica.
La hipótesis de que se contemplasen multas adicionales fuera de los límites del Centro Tradicional queda descartada ahora, después del plante que Vox viene exponiendo desde 2021 -llegó a condicionar la aprobación de las cuentas de 2023 a que se descartase el desarrollo de la ZBE- hiciese que el PP redefiniese su enfoque y confirmase que en la normativa comunitaria no existía todavía obligación de aplicar restricciones a la movilidad asociadas a la ZBE ni de acompañar un régimen sancionador adicional por su incumplimiento. Así habría quedado plasmado en un informe elaborado por el servicio de Medio Ambiente y en otro dictamen jurídico confeccionado por la secretaría general del pleno.
En todo caso, fuentes del equipo de gobierno consultadas indicaron que la ordenanza podría modificarse en el momento en el que una disposición comunitaria o estatal obligase a acordar más restricciones con su preceptivo régimen sancionador no considerado ahora. Eso sí, al tiempo, el PP se habría curado en salud ante las hipotéticas consecuencias que esa ausencia de restricciones pudiese acarrear al incorporar el régimen que ya se aplicaba en el Casco Antiguo como parte de la ZBE. Con ello, se cubriría el expediente de contemplar límites a la circulación de vehículos en un espacio territorial concreto del casco urbano, con las correspondientes multas en las condiciones en las que ya preexistían. Todo, en un contexto en el que se siguen conociendo resoluciones judiciales que invalidan las ZBE aprobadas en otras grandes ciudades. Ya sucedió en Barcelona. Y acaba de suceder en Madrid, donde el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) acaba de anular la ordenanza reguladora de su ZBE al no incorporar un informe de impacto económico en la aplicación de sus restricciones.
Esa estrategia ha quedado asumida por Vox, según el posicionamiento que se escenificó este martes. Su portavoz, Carmen Robledillo, y su portavoz adjunto, Mario Ortolá, presumieron de haber conseguido atraer al PP a sus posiciones frente a "las posiciones ideológicas de la extrema izquierda fundadas en el cambio climático".
No obstante, esa ordenanza no colma las expectativas del resto de grupos políticos de la oposición. Es más, el grupo municipal del PSOE ya advirtió este martes que elevaría el caso a la Unión Europea para que se estudiase si podía haberse incumplido alguna de las condiciones recogidas en la concesión de subvenciones para la realización de obras de adaptación urbanística que debía conllevar la implantación de la ZBE.
En esta línea, su portavoz municipal, Ana Barceló, anunció que daría traslado tanto al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible frente al acuerdo promovido por el PP con el respaldo de Vox al considerar que esa ordenanza reguladora de la ZBE "no tendrá ningún impacto en el objetivo de reducir la contaminación, luchar contra el cambio climático y preservar la salud". Además, el edil Raúl Ruiz añadió que "Barcala ha asumido la tesis negacionista de Vox al impulsar una norma vacía de contenido y que no contempla sanciones. ¿Cómo se va a garantizar entonces el cumplimiento de la norma? No sirve de nada", recalcó.
"El gobierno del PP insiste en que en Alicante no existe un problema de contaminación, sin embargo no existen medidores en la zona centro. Es inaudito que en los días en que Alicante celebra la Semana Europea de la Movilidad se impulse una ordenanza absolutamente descafeinada. Barcala defiende que quiere fomentar el transporte público mientras devuelve 1,7 millones para subvencionar, precisamente, el transporte público, y retira el 100% de bonificación a los jóvenes", añadió. Y sostuvo que "los expertos coinciden en que cuando se reduce el tráfico rodado y no se activan restricciones, se acaban registrando más emisiones, por lo que cree que la ordenanza pactada entre PP y Vox no sólo es irresponsable, sino también incongruente".
En parecidos términos se pronunció el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, quien consideró que el texto aprobado por el PP en Junta de Gobierno es "una ordenanza Blanda; papel mojado". "Nos preocupa que esta ordenanza, que es esencial para mejorar la calidad del aire, mejorar la salud de los alicantinos, su movilidad y luchar contra el cambio climático, se pacte con un partido que niega la emergencia climática y que defiende a aquellos que pueden costearse bajar al centro con su coche privado y pagar parkings y zonas azules", señaló. "Nos preocupa, además, que esta ordenanza no cumpla la normativa estatal y europea, seamos penalizados y devolvamos los fondos. Nuestras enmiendas van a ir enfocadas a el análisis de los datos y actuar en los puntos y zonas más contaminantes", concluyó.
Y la misma reflexión formuló el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, al apuntar que "no deja de ser un contrasentido que en la semana de la movilidad sostenible el concejal Manuel Villar anuncie que la Zona de Bajas Emisiones se queda sin efecto. Dejar sin efectos prácticos la ZBE es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía concienciada con los problemas de contaminación que existen en nuestra ciudad tal y como afirmó la directora general del PGOU ayer, sin ir más, lejos en la jornadas organizadas por Vectalia", opinó.
"El PP habla de mejora de la calidad del aire y la salud de los ciudadanos reduciendo las emisiones de contaminantes atmosféricos, así como el ruido generado por los vehículos y lo hace sin aplicar restricciones. El PP habla de contribuir a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, pero pacta con Vox medidas que lejos de fomentar el uso del transporte público apuestan por el vehículo particular. El PP encarna el espíritu mismo de la contradicción", zanjó.
De este modo, nada parece indicar que la ordenanza vaya a sumar los votos a favor del conjunto de la izquierda. Y, en principio, el PP tampoco albergaría ninguna preocupación por el hecho de que el PSOE pudiese dar traslado al Gobierno y a Bruselas sobre el contenido de la ordenanza en la medida en que se contaría con al menos las restricciones previstas en el Casco Antiguo como parapeto. "Si lo hemos hecho es porque estamos convencidos de que se puede hacer, así que no tenemos ninguna preocupación de que exista la posibilidad de que se tengan que devolver las subvenciones", señaló. Además, aseguró que hasta el ministro de Transportes, Óscar Puente, había reconocido en sus últimas declaraciones que no existía obligación legal de recoger restricciones a la circulación en las ZBE.
Otro escenario distinto sería el que tiene que ver con la actualización del recibo de la basura, con la revisión de la ordenanza fiscal que prevé llegar a cuadruplicar el importe que se venía pagando hasta ahora. En concreto, por ceñirse al caso de los recibos de los domicilios que deben pagar el menor importe pasarán de abonar una tasa anual de 22,27 euros a un nuevo recibo por 83,62 euros, lo que supone un incremento del 275,48%. Para el resto de supuestos se prevé un incremento similar graduado en función de los metros cuadrados de cada vivienda y de su valor catastral.
El equipo de gobierno tiró de manual y, como en el caso de la ZBE, argumentó que el incremento obedece a la obligación legal impuesta por la Unión Europea (UE) que deben asumir todos los ayuntamientos para que la tasa recaudada por el servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos cubra los costes de su prestación. No obstante, ese argumento no convence por ahora al grupo municipal de Vox, por lo que el PP no podrá contar con los votos de sus cuatro concejales para que la actualización de precios quede aprobada en pleno. Como mínimo, sus representes aseguraron este martes que "desde Vox no vamos a aprobar un tasazo que agrava la situación económica de los alicantinos, por mucho que venga de Europa y del Gobierno de España para seguir subvencionando chiringuitos climáticos y la financiación de la Agenda 2030", explicaron su portavoz y su portavoz adjunto. "Esto se une a la subida de impuestos que prepara Pedro Sánchez para la que llevamos una declaración institucional al pleno de septiembre de oposición frontal", añadieron.
La cuestión es que tampoco está garantizado el respaldo del resto de partidos políticos que este martes también criticaron la propuesta del equipo de gobierno, aunque está por ver hasta qué punto pueden llegar a oponerse a una obligación que emana de la UE y que vienen reivindicando que se aplique en los últimos años. De hecho, la mayor parte de las críticas que dirigieron contra el PP hacían alusión a ese retraso que, a su juicio, también estaría acompañado de falta de progresividad en beneficio de las rentas más bajas y de falta de precisión a la hora de determinar cálculos sobre el coste de un servicio (el de tratamiento y eliminación) que sigue pendiente de que se lleve a cabo una nueva licitación.
En esta línea, el concejal socialista Raúl Ruiz cuestionó el "tasazo de Barcala" y desatacó que "afectará especialmente a los colectivos más vulnerables y a los barrios con menos recursos, ubicados en el anillo exterior de la ciudad". "Han suprimido cualquier criterio de progresividad de la tasa en materia de metros cuadrados. No hay ningún criterio para hacer pagar más a quien más tiene por generar residuos. La máxima de que quien contamina, paga, no se tiene en cuenta", señaló. "Lo que más nos preocupa es que no sólo afecta en mayor medida a los más vulnerables, sino que, además, en Alicante tenemos un servicio que no es igual en todos los barrios. Pagamos lo mismo, pero no recibimos el mismo servicio. Existen barrios con una elevada afluencia turística que tienen mucha más cobertura. En cambio, en los barrios más humildes, especialmente en el anillo exterior de Alicante, no cuentan con un servicio de recogida óptimo", continuó.
"Este tasazo no se corresponde con el servicio que se presta y no está justificado. La tasa debe de contemplar el coste íntegro tanto del tratamiento como de la recogida, pero estamos a 11 meses de que caduque la última prórroga del contrato del vertedero. Por tanto, no sabemos cuánto costará el servicio porque ni siquiera han empezado la licitación del vertedero. Por tanto, se ha improvisado perjudicando a quien menos tiene", concluyó.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a los ediles de Compromís, Rafa Mas y Sara Llobell, al alcanzar su acuerdo sobre la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública.En segundo lugar, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, apuntó que "no es justo que las viviendas de pocos metros, es decir las viviendas de la clase trabajadora y que mayoritariamente vivimos en los barrios tengamos que pagar 4 veces más de tasa de basura. No solo tenemos que aguantar vivir entre basura, si no que también vamos a tener que pagar la pésima gestión de residuos del PP, siempre cómplice con la contrata de gestión de residuos", sostuvo.
"Tenemos un plan de gestión de residuos sin cumplir desde el 2022. Ya podríamos tener un sistema real de bonificaciones por el reciclaje y bajar la factura un 50%. Ya podríamos tener los datos de la basura generada por vecinos y por la actividad empresarial para saber quien genera más y, por tanto, quién debe pagar más. Ahora mismo los hogares vamos a tener que pagar en porcentaje casi lo mismo por la gestión de la basura que generamos que los pisos turísticos, bares, hoteles, industria y comercio", aseveró.
Por último, su homólogo de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, consideró que "de nuevo la falta de previsión hace que esta tasa se vaya a convertir en un tasazo y que en lugar de que quien más contamine más pague, vayan a sufrir las consecuencias las familias trabajadoras de esta ciudad. Hay un problema evidente con la gestión de los residuos y la limpieza en esta ciudad que esta tasa no va a solucionar", estimó.
"Esta medida tendría que haberse trabajado desde hace años (pues hace años que se sabe que estoy iba a pasar): pero no han hecho la menor labor de concienciación -no ya medioambiental- sino cívica, primer paso para todo lo demás. No facilitan que la gente separe los residuos con un sistema que responsabilice al usuario. Han desoído todas las voces, desde las directivas europeas, la legislación estatal y la autonómica. La Coordinadora Alicante limpia viene avisando de esto desde el año 2022, pero ahora parece como que todo esto se desconocía", concluyó.
