ALICANTE. Nuevo compromiso de futuro para tratar de enderezar las carencias en la limpieza viaria y recogida de la basura. El bipartito de Alicante, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) pretende aunar todos los esfuerzos en la elaboración del nuevo proyecto de gestión para el servicio de retirada y tratamiento de residuos que se exige a través del Plan Integral de Residuos (PIR) de la Generalitat, con fecha límite de enero de 2021, lo que conllevará necesariamente una nueva licitación ajustada a esas nuevas condiciones normativas. Entre ellas, la introducción de la recogida selectiva y del servicio puerta a puerta, además del incremento de las tasas de reciclaje, por ejemplo.
La conclusión a la que conduce esa hoja de ruta la resumió el propio concejal de Limpieza, Manuel Villar (PP): no existe la posibilidad técnica de conceder la prórroga a la que aspira la concesionaria actual -la UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica- a menos que se decida despiezar el contrato actual para que dicha UTE pueda seguir asumiendo únicamente la parte que corresponde a limpieza viaria. Y ese escenario, según dijo, podría no ser operativo ni razonable incluso para la propia contratista.
En esta línea, la determinación es llegar a 2021 con los deberes hechos para poder licitar ese nuevo contrato, dimensionado a las necesidades actuales de la ciudad. De ahí que se haya acordado una reestructuración de la concejalía con un nuevo organigrama dividido en dos áreas bajo la coordinación de los técnicos Manuel Marco y Juan Luis Berasaluce como jefes de servicio de Limpieza y de Medio Ambiente, respectivamente.
Por lo que respecta al presente, una de las grandes apuestas de esa reorganización es el rescate del ingeniero que redactó el pliego de condiciones del servicio actual: Sebastián Chicote. A partir de ahora, se convertirá en el responsable del control y seguimiento de la contrata, tras haber conseguido un compromiso de ampliación de la plantilla de inspectores municipales, de modo que pueda supervisarse su prestación en todos los turnos de trabajo, según precisaron fuentes del bipartito.
El otro pivote clave de ese nuevo engranaje es la capacidad de disponer de más información para establecer sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, bajo el control de un departamento jurídico-administrativo específico, coordinado por el técnico Ezequiel García. Así, la estrategia hasta 2021 trata de ser simple: intensificar la fiscalización del servicio para exprimir el servicio contratado y conseguir una mejora de los resultados. Además, se impulsará la modificación del contrato para destinar los 4,5 millones comprometidos en la renovación de maquinaria.
Por lo demás, se seguirá elaborando la auditoría contable prevista en el propio pliego para evaluar los flujos económicos del contrato con una periodicidad anual. De hecho, el departamento de Limpieza aguarda ya el beneplácito de Intervención para poder encargar a la UTE la contratación del informe correspondiente a 2018 con el auditor escogido por el Ayuntamiento (en realidad, por el propio departamento de Intervención).
No obstante, no se producirá la contratación del estudio de evaluación sobre la calidad del servicio en el que se venía trabajando durante el pasado mandato al considerar que su elaboración podría interferir y retrasar la redacción el nuevo proyecto de gestión. Así, según fuentes de Limpieza, el proceso de contratación que se había llegado a poner en marcha a principios de 2019 se dará por anulado, después de que quedase paralizado tras la preselección de la empresa de un exalto cargo de la Conselleria de Medio Ambiente, condenado por malversación. En la última fase del pasado mandato, se llegó a informar a los grupos de la oposición sobre cómo se procedería para evaluar la calidad del servicio.