Un operario del servicio, en un barrido con máquina sopladora. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Ya hay encargo y hoja de ruta a seguir para evaluar la calidad del servicio de limpieza y recogida de la basura que se presta en la ciudad de Alicante. El equipo de Gobierno, del PP, ha puesto en manos de una consultora de Valencia (Amaranto Asesores de Gestión) la elaboración del informe con el que se trata de examinar si el pliego de condiciones por el que se rige el contrato es adecuado, y si el modo en el que lo ejecuta la UTE concesionaria es el correcto.
El pliego se redactó en 2012, bajo el mandato del PP. Y la adjudicación se hizo efectiva en 2013 a la alianza empresarial formada por FCC, Ferrovial, Inusa y el Grupo Cívica (del controvertido empresario procesado en los casos Gürtel y Brugal, Enrique Ortiz) con un coste de más de 36 millones anuales por un plazo de 8 años (ampliables en otras dos prórrogas de dos años cada una).
El informe en cuestión, anunciado de nuevo este martes en el transcurso de la reunión de la comisión de seguimiento y análisis del contrato, tendrá un coste de 14.500 euros y debe estar a disposición del Ayuntamiento en un plazo de dos meses. Para su elaboración la consultora basará su análisis en dos puntos de estudio fundamentales: el trabajo de campo con un seguimiento de las tareas desarrolladas por la UTE concesionaria y la revisión de toda la documentación que afecta al contrato.
Así, por lo que respecta a la parte de comprobación del trabajo efectivamente realizado, la empresa plantea realizar controles sobre la limpieza viaria durante 8 días (en principio, no consecutivos y, se presupone, sin previo aviso) y controles sobre la recogida de residuos en otras 4 jornadas, en horario nocturno. Esa labor de seguimiento se abordaría junto a los inspectores municipales. Además, también se plantea una jornada de inspección al ecoparque de Alicante.
En el caso de que se considerase necesario, la consultora abre la puerta a que sus controles se efectúen de manera autónoma, sin la presencia de inspectores municipales. Eso sí, en ese supuesto, los puntos de control se consensuarían con el Ayuntamiento.
En segundo término, por lo que respecta al análisis documental, Amaranto prevé revisar el contrato por el que se rige el servicio, el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas particulares. Pero, además, también analizará la oferta económica presentada por la UTE concesionaria, la relación nominal de los trabajadores adscritos al servicio a lo largo de todo un año y el listado de la maquinaria y los vehículos dedicados a la prestación.
Al margen de ello, la consultora también prevé examinar los partes de los inspectores municipales (diurnos y nocturnos) evacuados durante los últimos tres años, junto a los escritos de denuncia presentadas por los vecinos y los requerimientos del Ayuntamiento a la concesionaria, también durante ese mismo periodo (los citados tres años).
En su apartado de conclusiones, el estudio apuntará las posibles desviaciones entre el servicio prestado y el debido, en función de lo previsto en los pliegos, con un reflejo expreso por lo que respecta a los supuestos incumplimientos en personal y maquinaria. Además, se examinará la metodología que se emplea ahora para calibrar la calidad del servicio y, en su caso, se plantearán propuestas de mejora para que pueda medirse de manera objetiva y facilitar correcciones y/o penalizaciones. Por último, también se evaluará si el servicio prestado y contratado resulta suficiente o si requiere una ampliación. Es decir, justo uno de los motivos centrales sobre los que se viene debatiendo desde el principio del mandato.
El estudio de la consultora completará el análisis ya elaborado por los técnicos responsables de la supervisión del contrato, el pasado julio, en el que se concluía que el pliego no cubría las necesidades de una ciudad del tamaño de Alicante y que, además, tampoco se había ejercido un control efectivo sobre su prestación.
