ALICANTE. Las restricciones a la circulación de vehículos previstas en la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante quedarán constreñidas única y exclusivamente al perímetro de calles que conforman el Casco Antiguo. Esa regulación queda sujeta, eso sí, a posibles adaptaciones en el futuro, en el caso de que se considere necesario, ya sea porque se produzca un cambio en las determinaciones que pueda acordar el Gobierno central o la Unión Europea, o porque concurran circunstancias que motiven a extender esas restricciones a un ámbito más amplio, como la hipótesis de que pueda percibirse la superación de índices de contaminación que lo requieran (un supuesto que, según mantiene el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), no se registre en la actualidad). De ahí que, en el informe de resolución de enmiendas que -salvo modificación improbable- se prevé someter a debate y votación en la comisión de Presidencia, este lunes, se proponga la incorporación de un régimen de revisión cuatrienal, al aceptar la enmienda formulada por el grupo municipal del PSOE en ese sentido.
Así lo ha refrendado este viernes el alcalde, el popular Luis Barcala, tras participar en el acto de presentación del II ATP Challenger Montemar, en una comparecencia en la que ha descartado la posibilidad de que el ámbito de aplicación de las limitaciones de acceso a los vehículos pueda extenderse hasta el conjunto del Centro Tradicional, a pesar de la existencia de un informe de recomendaciones elaborado por los técnicos del departamento municipal de Tráfico (que forma parte del expediente para la aprobación de la norma) en el que se propone esa medida de forma expresa.
"A juicio de los técnicos del Departamento Técnico de Tráfico, el modelo a seguir en la regulación del acceso a la ZBE Anillo Centro Tradicional, debe ser el existente en el Casco Antiguo", apunta ese informe, fechado el pasado 17 de enero. Es más, al tiempo, se sugiere la posibilidad de que se aplique un periodo de adaptación sin que se impongan sanciones para que la ciudadanía pueda amoldarse a las nuevas condiciones en ese segundo anillo configurado en torno al Centro Tradicional. En concreto, se recomienda que ese periodo de transición tenga una duración de dos años.
No obstante, Barcala ha rechazado este viernes tanto la extensión de las restricciones, como la posibilidad de que se implante toda hipotética moratoria. En primer término, sobre el informe técnico, ha señalado que no se habría tenido en cuenta al imponerse una decisión de carácter político a la vista del conjunto de aportaciones que se habrían formulado en otros dictámenes. "Los informes son herramientas para tomar decisiones, y en base a los distintos y muy diferentes criterios que distintos informes pueden aportar, el equipo de gobierno toma una decisión, y la decisión está plasmada en la propuesta que hemos presentado", ha argumentado. "Lo que hacemos es cumplir con la normativa europea y la trasposición a la española", ha defendido.
"Bien entendido que la ciudad de Alicante, y eso es un hecho constatado, no tiene un problema endémico de contaminación de ningún tipo, ni por gases derivados de la combustión de motores, ni por micropartículas, salvo en por polvo sahariano", ha abundado. Así, ha justificado que se haya promovido un modelo adaptado a las condiciones locales. "En esas circunstancias, el objetivo a cumplir tiene que estar adaptado a las circunstancias específicas de cada población; no sirve un café para todos y lo que hemos hecho ha sido adaptarnos a las circunstancias de Alicante, y estamos adoptando muchísimas medidas que contribuyen a evitar la saturación por contaminación y que contribuyen a disminuir la huella de carbono", ha recalcado.
De este modo, la redacción de la ordenanza seguirá ajustada a las condiciones fijadas en el pacto alcanzado con el grupo municipal de Vox seis días antes de la emisión del informe; un pacto en el que se garantizaba el respaldo de los voxistas a los presupuestos de 2024 con la condición -entre otros puntos- de que la regulación de la ZBE no incluyera nuevas restricciones ni multas.
En esa línea, el primer edil también ha descartado que se establezca una posible moratoria -o periodo meramente informativo- en la aplicación del régimen restrictivo que sí figura en la ordenanza para el acceso al Casco Antiguo, que sigue limitado a residentes y vehículos autorizados (el sistema que se instauró en 2011). Al respecto, ha apuntado que la referencia a la moratoria que se incluye en el texto actual de la ordenanza "venía referido a otras medidas que se podían adoptar de forma coyuntural; la ordenanza lo que recoge es que, para la adopción de esas otras medidas que puedan imponerse, se puedan aplicar con moratorias que sirvan de aviso o de preaviso", ha explicado.
De ahí que haya negado que vaya a implantarse un sistema de preaviso, sin sanciones, en caso de incumplimientos respecto a las restricciones de acceso al Casco Antiguo. "La ordenanza se remite a las sanciones que ya figuran en la Ordenanza de Circulación y en la Ordenanza de Estacionamiento", en las que ya se recoge esas sanciones "que ya están en vigor, por lo que no tendría ningún sentido y podría ser contradictorio", ha sostenido.
En todo caso, la aprobación de la ordenanza reguladora de la ZBE queda abocada a un nuevo retraso que podría prolongarse al menos hasta mediados de mes, a pesar de que se había llegado a anticipar la fecha del 8 de octubre para la convocatoria de un pleno extraordinario en la que se pudiese someter a votación. Esa convocatoria no se formalizó este viernes, por lo que no se cumplirían los plazos de antelación mínima requeridos. De hecho, el mismo Barcala apuntó que se habría convenido aplazar su celebración, posiblemente hasta después del 14 de octubre (día previsto para el desarrollo del debate sobre el estado de la ciudad) para dar más margen a su preparación al conjunto de grupos políticos.
Y añadió que también faltaba completarse parte de su tramitación en el departamento de Intervención, sin llegar a concretar que elementos no se habían incorporado hasta ahora al expediente. Por lo pronto, lo cierto es que los grupos que ejercen funciones de oposición ya han advertido de que en la documentación que se les ha facilitado hasta ahora no figura la memoria económica a la que se alude en la propuesta. De hecho, el grupo municipal del PSOE reclamó su revisión de forma expresa por registro.