ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), comienza a desatascar el bloqueo generado en las contratas vinculadas al servicio de transporte público en autobús, que todavía quedaban sujetas a la fiscalización del departamento de Intervención municipal. Al menos la contrata que atañe al servicio de venta de títulos (los bonos) ya contaría con el visto bueno de dicho departamento, tras haber quedado resueltos los últimos requerimientos de información adicional formulados a lo largo del último mes.
Dicho servicio queda desgajado, por primer vez, de la prestación del servicio de transporte propiamente dicho con un doble objetivo. Primero, la búsqueda de un operador especializado que pueda disponer de herramientas y programas específicos que puedan mejorar la distribución de los bonos. Y segundo, la necesidad de avanzar en la integración de los distintos sistemas de transporte público implantados en la ciudad, de modo que pueda combinarse el uso de autobús, tranvía y (en un futuro) también el cercanías mediante el uso de un mismo bono.
Según fuentes consultadas, ese sería un objetivo complejo en el caso de que la venta de títulos siguiese quedando a cargo del concesionario que asuma el funcionamiento de los autobuses, como ha sucedido hasta ahora, toda vez que tanto el tranvía como los cercanías quedan bajo la gestión y explotación de empresas públicas (FGV y Renfe).
En todo caso, esa segunda contrata relacionada con la explotación del servicio de autobuses sigue en fase de fiscalización en Intervención, con la previsión de que puedan zanjarse los últimos requerimientos en los próximos días. De hecho, el departamento de Transportes que coordina el edil Manuel Villar trabaja con la expectativa de que la convocatoria de los dos concursos puedan quedar aprobadas la próxima semana. Así, se cumpliría con el calendario inicial estimado para su licitación - los meses de verano- para que pueda contarse con un nuevo adjudicatario previsiblemente en el arranque de 2023.
Las dos convocatorias parten con un presupuestos millonarios. El servicio de venta de títulos saldrá a licitación por un precio de 2,3 millones, mientras que el precio previsto para la operación del servicio de transporte superará los 186 millones por diez años de contrato.
Ambos servicios están incluidos entre los proyectos para la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante para la que el Ministerio de Transición Ecológica concedió una asignación global de 15 millones en fondos europeos con el fin de contribuir a financiar su desarrollo. En concreto, se incluyó la adquisición de autobuses eléctricos que se incorporarán a la futura flota del servicio, con una asignación de 2,5 millones, y la instalación de un punto de carga eléctrica para esos vehículos en las cocheras adscritas al servicio, por otros 1,5 millones.
Además, en la ZBE también se contempla la digitalización del transporte público con pago y sistema de asistencia a la explotación (SAE) vinculado a la iniciativa Alicante Se Mueve, con otros 1,7 millones, lo que afectaría al concurso sobre el servicio de la venta de títulos. No obstante, está por ver si el retraso en la convocatoria de los dos concursos puede acabar conllevando alguna minoración en la cuantía a conceder de forma definitiva, ya que en las bases de la convocatoria se establecía que los proyectos a subvencionar debían quedar licitados antes del 15 de junio.
En paralelo, el bipartito sigue quemando etapas por lo que respecta a la prestación del servicio actual, que continúa a cargo de Masatusa (grupo Vectalia) tras la concesión de una segunda prórroga extraordinaria, el pasado mes de julio. A diferencia de la primera, con una duración de dos años, en esa última ocasión se concretó que su vigencia se extendería hasta que se dispusiese de un nuevo concesionario.
Así, el bipartito aprobó este martes, en Junta Local, la liquidación del coste por la prestación del servicio durante el año 2020 por la que se autoriza el pago de más de 630.000 euros a Masatusa para ajustarse a su importe final real. En ese balance, se incluye una suma de 244.000 euros derivados de sobrecostes por la irrupción de la pandemia de la covid ocasionados por la realización de labores de desinfección diaria de los autobuses y la instalación de dispensadores de hidrogel, entre otros puntos.
En ese informe de liquidación se hace constar que el coste total del servicio superó los 17.503.000 euros y que se recibió una aportación estatal de 1.748.000 euros, además de otra subvención de 61.484 euros por parte de la Generalitat.