Un grupo de agentes de la Policía Local de Alicante, en labores de vigilancia en el entorno de la calle Castaños, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. Primero, el adelanto del horario de cierre de las terrazas de la hostelería, a través de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, ya aprobada de forma definitiva. Y ahora, la conocida como ordenanza del ruido. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), elevará al pleno de diciembre el acuerdo de ratificación el texto normativo que quedó aprobado provisionalmente en abril de 2023 -a un mes de que se celebrasen las últimas elecciones municipales y autonómicas- con la intención de que pueda comenzar a aplicarse desde principios de 2025, una vez que la normativa quede publicada en boletines oficiales.
La confirmación de ese acuerdo conlleva la resolución de las alegaciones presentadas en su momento que todavía no se han contestado. En principio, todo parece indicar que podrían incorporarse algunos de los cambios propuestos, a tenor del primer avance anticipado por el vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, este martes, aunque no llegó a concretar qué tipo de modificaciones se habrían considerado viables en el informe técnico de resolución de esas aportaciones.
Así, está por ver si se atiende alguna de las alegaciones registradas entonces por parte de colectivos vecinales del Centro Tradicional y Casco Antiguo, y qué respuesta concreta se da a las presentadas por asociaciones empresariales que representan al sector de la hostelería como Alroa, que planteó un paquete de alegaciones basados en nueve argumentos concretos, con los que no solicitaba variaciones, sino, directamente, la derogación del texto.
Entre esos nueve motivos en los que se fundamentaba esa petición, figuraba la ausencia de un proceso de participación pública previa como requisito necesario para sumar aportaciones; el desconocimiento respecto a los informes sectoriales previos en los que se basó esa ordenanza, lo que -según objetó Alroa- se habría causado indefensión a la hora de formular alegaciones concretas; o que la ordenanza contemple la creación de dos nuevas figuras que pueden conllevar la limitación de actividades (las identificadas como Zonas de Protección Acústica Especial, ZPAE, y las Zonas de Situación Acústica Especial, ZSAE) que, según Alroa, no estarían contempladas ni en la Ley 37/2003, estatal, ni en la 7/2002, de la Generalitat Valenciana.
El resultado de esas alegaciones se conocerá en cuanto el acuerdo se someta a dictamen en comisión informativa, antes del pleno del próximo 19 de diciembre, justo en un contexto en el que los empresarios de la hostelería, agrupados en APEHA, ARA y Alroa, habían decidido aplazar el inicio de acciones legales contra el adelanto de cierre de las terrazas con la intención de agotar la vía de la negociación en busca de cambios en esa regulación.
¿Qué perspectivas puede manejar el equipo de gobierno para que la ordenanza de ruido prospere? En el supuesto de que el conjunto de las formaciones representadas en la corporación en este mandato mantengan el sentido del voto emitido en abril de 2023, el nuevo texto quedará aprobado con una mayoría holgada, ya que, el acuerdo de aprobación inicial contó con el apoyo del PP y del PSOE, al margen de Ciudadanos (Cs), ahora sin presencia en el ayuntamiento. Por su parte, Compromís y Vox se abstuvieron, mientras que Unides Podem EU votó en contra.
La suma de los votos de PP y PSOE superaría el umbral de la mayoría absoluta, de 15 concejales en un pleno compuesto por 29 ediles, toda vez que los dos partidos agrupan a 22 regidores. Eso sí, hasta este martes, el PSOE se limitó a señalar que permanecía a la espera de conocer las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial y su propuesta de resolución para poder fijar una valoración, dado que todavía no se conocía qué aportaciones se planteaba aceptar y cómo podía variar el texto original, si es que se modifica.
Sea como fuere, en el supuesto de que fuese necesario, el PP podría contar con otro aliado distinto en las filas de Compromís. Su portavoz municipal, Rafa Mas, anticipó también este martes que la coalición valencianista respaldaría "todas las medidas que vayan acompasadas a aplicar medidas compensatorias para reducir el ruido, drásticamente, en las zonas acústicamente saturadas, y que ponga orden en todos los valores respecto al ruido". No obstante, también añadió que "tenemos que ver si han aceptado las enmiendas de los vecinos, tenemos que ver el expediente, pero, si la ordenanza del ruido se actualiza respecto a la normativa de ruido autonómica, y se aceptan las enmiendas vecinales, nosotros no tenemos ningún problema" en apoyar el texto.
En cualquier caso, lo cierto es que el equipo de gobierno pretende desbloquear la ordenanza de ruido antes de que haya llegado a acordar de forma efectiva las dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) anunciadas en mayo para el entorno de la calle Castaños, en el Centro Tradicional, y para el perímetro de la Plaza de Quijano, en el Casco Antiguo.
La aplicación de esas dos figuras sigue pendiente de aprobación en Junta de Gobierno. Y el mismo vicealcalde y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, se limitó a apuntar este martes que el expediente se encontraba "muy avanzado", sin llegar a aventurar una fecha para su aprobación e instauración. Hasta ahora, se había llegado a anunciar su aplicación antes de la llegada del verano. Y después, se ha venido demorando con el argumento de que la propuesta se debía completar con informes a elaborar por otros departamentos municipales distintos a Medio Ambiente, como Urbanismo y Turismo.
Con todo, lo cierto es que la implantación de las dos ZAS podría llegar en un momento en el que su aplicación dejase de ser estrictamente obligatoria, toda vez que la sentencia de primera instancia que daba la razón a dos residentes del Centro Tradicional y conminaba al Ayuntamiento a aplicar una ZAS ajustada únicamente a la calle Castaños, queda sujeta ahora a la última fase de revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en respuesta a los recursos de apelación presentados tanto por el propio Ayuntamiento como por Alroa y por empresarios hosteleros a título particular. De hecho, el alto tribunal autonómico ha fijado ya el 8 de enero como fecha para la votación y fallo de dichos recursos, lo que conllevaría que la sentencia pudiese dictarse semanas después, con un pronunciamiento que ratificase la necesidad de la ZAS o que la anulase. Por el momento, el equipo de gobierno ha venido defendiendo que las dos ZAS se implantarían al margen del resultado que pudiese tener su recurso de apelación frente a la sentencia favorable a los residentes.
