Villena lleva a los tribunales a la Generalitat para reclamar más de 90.000 euros por retrasos en los pagos de Servicios Sociales

VINALOPÓ

El Ayuntamiento presenta un recurso contencioso-administrativo tras el rechazo de la Conselleria a abonar los intereses de demora de las anualidades de 2024 y 2025 y denuncia la falta de diálogo para adaptar la financiación a las necesidades municipales

Suscríbe al canal de whatsapp

Suscríbete al canal de Whatsapp

Siempre al día de las últimas noticias

Suscríbe nuestro newsletter

Suscríbete nuestro newsletter

Siempre al día de las últimas noticias

VILLENA. El Ayuntamiento de Villena ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Generalitat Valenciana para reclamar más de 90.000 euros en intereses de demora derivados de los retrasos en el pago de la financiación autonómica correspondiente al Contrato Programa de Servicios Sociales. La decisión llega después de que la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia haya desestimado la solicitud municipal para recuperar las cantidades generadas por los pagos fuera de plazo de las anualidades de 2024 y 2025.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha defendido la decisión de acudir a los tribunales al considerar que el Ayuntamiento está aplicando los mismos criterios que utiliza la propia administración autonómica cuando exige intereses a los consistorios y a las entidades sociosanitarias. Según los datos facilitados por el gobierno local, la reclamación por los retrasos en los abonos asciende a 33.390 euros correspondientes a 2024 y otros 56.000 euros, cantidades que sitúan el importe total reclamado por encima de los 90.000 euros.

Cerdán ha vinculado este conflicto económico con las dificultades que encuentran los ayuntamientos para gestionar los recursos del Contrato Programa y ha criticado la falta de interlocución con la administración autonómica. "Esta situación se produce porque no hay capacidad de diálogo con la Conselleria, no hay capacidad de negociación posible que nos permita ajustar la subvención a lo que realmente necesitamos y a lo que la ley nos permite contratar, puesto que la norma es muy restrictiva", ha señalado.

La controversia, según el Ayuntamiento, va más allá de los retrasos en los pagos y afecta al propio funcionamiento del sistema de financiación de los servicios sociales municipales. La concejala de Bienestar Social, Alba Laserna, ha explicado que existe una contradicción entre las exigencias del Contrato Programa y las limitaciones legales para incorporar personal a las plantillas municipales.

En concreto, el programa autonómico establece determinadas obligaciones de contratación de profesionales, mientras que la normativa aplicable a las administraciones públicas restringe estas incorporaciones, hasta el punto de hacerlas inviables en determinados supuestos. Esta situación provoca que los consistorios no siempre puedan ejecutar la totalidad de los fondos asignados y se vean obligados a devolver parte de las cantidades recibidas.

Laserna ha advertido de que se trata de un problema que afecta al conjunto de los municipios de la Comunitat Valenciana. Según ha explicado, una alternativa sería contratar a todos los profesionales exigidos por el programa y despedirlos al finalizar cada ejercicio, una fórmula que el gobierno municipal descarta por considerar que perjudicaría la estabilidad laboral y la continuidad de la atención a los usuarios.

"Pensamos que es mejor planificar a largo plazo, contratar paulatinamente, ir consolidando puestos y avanzar hasta lograr una plantilla completa", ha defendido la responsable municipal de Bienestar Social.

Un programa que alcanza los 972.000 euros en 2026

Pese al conflicto judicial abierto con la Conselleria, tanto el alcalde como la concejala han realizado un balance positivo de la evolución del Contrato Programa de Servicios Sociales en Villena. Según los datos municipales, la financiación del programa ha aumentado un 144% entre 2018 y 2026, hasta alcanzar los 972.000 euros en el presente ejercicio.

A esta aportación autonómica se suma, según ha indicado Cerdán, una financiación municipal adicional equivalente al 35%, con la que el Ayuntamiento complementa los recursos destinados a la prestación de los servicios sociales.

El incremento presupuestario también ha venido acompañado de una ampliación progresiva de los recursos humanos. La plantilla de Bienestar Social vinculada al Contrato Programa ha pasado de 11 trabajadores en 2011 a los 26 actuales, aunque el Consistorio todavía tiene pendientes varios procesos de selección para reforzar el departamento.

En concreto, el Ayuntamiento prevé incorporar una psicóloga, un educador social y un asesor jurídico, tres perfiles profesionales con los que pretende ampliar la capacidad de atención de los servicios sociales municipales.

El gobierno local defiende así la necesidad de mantener un crecimiento progresivo y estable de la plantilla, frente a un sistema de financiación que, según denuncia, obliga a los ayuntamientos a afrontar exigencias de contratación difíciles de compatibilizar con la normativa vigente. Mientras tanto, la reclamación de los intereses por los retrasos en las transferencias autonómicas queda ahora en manos de los tribunales.

Recibe toda la actualidad
Alicante Plaza

Recibe toda la actualidad de Alicante Plaza en tu correo