ALCOY. El pleno del Ayuntamiento de Alcoy ya ha aprobado las ordenanzas fiscales que regirán los tributos del próximo año y entre las acciones más destacadas están aquellas que buscan contribuir a paliar la crisis de vivienda que también afecta en la población, para lo que se han aprobado una serie de medidas a aplicar en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, ha incidido en que "la vivienda es hoy en día el principal problema para muchas familias, para muchos jóvenes, y también desde la concejalía de Hacienda podemos incidir en la búsqueda de soluciones".
Las principales medidas pasan, a grandes rasgos, por aplicar un recargo en el IBI a los grandes tenedores de pisos desocupados que puede llegar a ser de hasta un 150% y bonificar a quienes pongan pisos en el mercado en alquiler asequible. Lo aprobado pasa por que a los grandes tenedores de pisos desocupados se aplique un recargo del 50% de la cuota del IBI cuando la desocupación supere los dos años, que se eleva al 100% si supera los tres años. A estos porcentajes se podrán añadir 50 puntos porcentuales cuando al menos dos de las viviendas desocupadas del propietario estén situadas en Alcoy, de manera que el recargo puede llegar al 150% en el supuesto de desocupación superior a tres años.
Este incremento del IBI puede afectar a más de 400 viviendas, puesto que se estima que esa es la cifra en manos de grandes tenedores, a la que sumar las que dependen de fondos buitre. Precisamente, el alcalde, Toni Francés, ha anunciado que junto a la empresa pública del Ministerio, Casa 47, están trabajando para adquirir edificios que pertenecen a fondos buitre y rehabilitarlos para ofrecer vivienda asequible.
La propuesta también prevé bonificaciones en el IBI para aquellas viviendas que estén en el mercado destinadas a alquiler asequible de larga duración. En función del precio se aplicará la bonificación, que estará entre el 50% y el 75%. Los alquileres inferiores a unos 600 euros mensuales pueden entrar en los supuestos de asequibilidad y que, incluyendo los gastos repercutidos al inquilino, se ha mencionado una referencia aproximada de 650 euros.
Estas medidas han contado con el apoyo del PSOE y Compromís, en el gobierno, así como de Guanyar Alcoi, mientras Vox ha votado en contra y el PP se abstuvo. El portavoz de Vox, David Abad, ha asegurado que "esto es pura persecución. Eso no es fiscalidad, es un ataque directo a la propiedad privada”. Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Pastor, incidía en que "el gobierno está cargando sobre la espalda de los propietarios particulares su fracaso en materia de vivienda y la falta para los más vulnerables. Además, desde 2023 ya existe la posibilidad de un recargo del 50%, me pregunto si se ha aplicado y qué ha supuesto. No lo sabemos, y ahora vamos a cargar más".