ALCOY. Alcoy va aplicar el próximo año una serie de medidas fiscales encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda. Una de las principales novedades es la incorporación de medidas destinadas a favorecer que las viviendas se incorporen al mercado residencial y a promover alternativas asequibles para las familias.
La propuesta también refuerza los recargos del IBI para las viviendas desocupadas de forma permanente que cumplan los supuestos establecidos legalmente. Para los grandes tenedores, se prevé un recargo del 50% de la cuota del IBI cuando la desocupación supere los dos años, que se eleva al 100% cuando supere los tres años. A estos porcentajes se podrán añadir 50 puntos porcentuales cuando al menos dos de las viviendas desocupadas del propietario estén situadas en Alcoy, de manera que el recargo puede llegar al 150% en el supuesto de desocupación superior a tres años.
Se considera gran tenedor, según la explicación facilitada durante la rueda de prensa, a quien dispone de cuatro o más viviendas en total. El Ayuntamiento ha indicado que una primera estimación, elaborada a partir del cruce de datos del padrón, sitúa en torno a 400 las viviendas en manos de grandes tenedores identificadas en esta valoración inicial. La cifra no constituye todavía un censo definitivo de viviendas desocupadas.
Antes de aplicar los recargos, se prevé desarrollar un procedimiento garantista para identificar los inmuebles afectados, comunicar la situación a sus titulares y permitir que presenten alegaciones. La normativa contempla supuestos en los que la desocupación puede estar justificada y no dar lugar a la aplicación del recargo.
La propuesta también prevé bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de entre el 50% y el 75% para las viviendas destinadas al alquiler asequible de larga duración, en función de las condiciones económicas del alquiler. Cuanto más reducido sea el precio, mayor podrá ser la bonificación.
El alcalde, Toni Francés, y la edil de Hacienda, Vanessa Moltó, han explicado que, de forma orientativa, los alquileres inferiores a unos 600 euros mensuales pueden entrar en los supuestos de asequibilidad y que, incluyendo los gastos repercutidos al inquilino, se ha mencionado una referencia aproximada de 650 euros. La cuantía definitiva dependerá de los criterios establecidos en la ordenanza.
El alcalde ha subrayado que la fiscalidad municipal es una herramienta para incentivar comportamientos que beneficien al conjunto de la sociedad. "Vamos a actuar para penalizar a quienes tienen viviendas vacías y no las ponen en régimen de alquiler asequible o no las ponen a la venta. Pero también vamos a premiar y reconocer a aquellos propietarios que ponen sus viviendas en régimen de alquiler asequible para las familias que lo necesitan", ha afirmado Toni Francés.
Las ordenanzas también incorporan incentivos fiscales para fomentar la construcción de vivienda protegida, con una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Además, se prevé una bonificación de hasta el 95% del ICIO para la construcción de viviendas colaborativas, un modelo basado en cooperativas que combina espacios privativos con zonas comunes y que busca facilitar alternativas residenciales sin las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario convencional.
La concejala de Hacienda ha destacado que estas medidas responden a la voluntad de utilizar los instrumentos fiscales municipales para contribuir a dar respuesta a una de las principales preocupaciones sociales actuales. "Se trata de aprovechar los instrumentos fiscales municipales para contribuir a dar respuesta a uno de los principales problemas sociales que tenemos en la actualidad", ha señalado Vanessa Moltó.
