Un recurso de Subús paraliza la adjudicación del autobús urbano de Elda, valorada en más de un millón de euros

VINALOPÓ

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspende cautelarmente la licitación tras la impugnación de los pliegos por parte de la empresa de transporte y hasta que se resuelva el recurso presentado

  • El ayuntamiento de Elda, en una imagen de archivo.
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ELDA. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha ordenado la suspensión cautelar del procedimiento de contratación del servicio de autobús urbano de Elda, licitado por el Ayuntamiento con un presupuesto de 1.026.963,76 euros, IVA incluido, para un periodo inicial de dos años. La decisión llega después de que la empresa Subús Grupo de Transporte SLU haya presentado un recurso especial en materia de contratación contra los pliegos que regulan la adjudicación del servicio.

La resolución, firmada el pasado 5 de noviembre, supone la paralización temporal de una licitación cuyo valor estimado asciende a 1.867.206,84 euros, teniendo en cuenta las posibles prórrogas. El tribunal considera que la continuación del procedimiento mientras se estudia el recurso podría ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación, por lo que ha acordado suspender su tramitación hasta que exista un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El recurso fue presentado por José Luis Ripoll de la Vega, en representación de Subús Grupo de Transporte, contra los pliegos del contrato denominado "Servicios de transporte colectivo urbano de viajeros en el municipio de Elda y la definición de las condiciones esenciales de la coordinación con otros servicios de transporte". La empresa solicitó expresamente la adopción de medidas cautelares para detener el procedimiento mientras se resuelve su impugnación.

En su resolución, el tribunal señala que el análisis de los motivos que fundamentan el recurso pone de manifiesto que los perjuicios derivados de continuar con la contratación podrían resultar de difícil o imposible reparación. Por este motivo, considera procedente acordar la suspensión cautelar, de conformidad con los artículos 49 y 56 de la Ley de Contratos del Sector Público.

No obstante, la resolución no entra a valorar definitivamente la legalidad de los pliegos ni supone la estimación del recurso presentado por Subús. Tampoco concreta cuáles son las cláusulas cuestionadas por la empresa, por lo que habrá que esperar al pronunciamiento definitivo del tribunal para conocer si existen irregularidades que obliguen a modificar las condiciones de contratación.

La medida cautelar impide continuar con la tramitación de la licitación, aunque el tribunal precisa que no afecta al plazo concedido para presentar ofertas ni impide su finalización. Será la resolución del recurso la que determine el levantamiento de la suspensión y, en consecuencia, la posibilidad de reanudar el procedimiento.

Un contrato de dos años prorrogable hasta cuatro

El Ayuntamiento de Elda publicó la licitación el pasado 1 de octubre mediante un procedimiento abierto y tramitación ordinaria. El contrato contempla un presupuesto inicial de 1.026.963,76 euros, IVA incluido, equivalente a 933.603,42 euros sin impuestos, para los dos primeros años de prestación del servicio.

Los pliegos establecen la posibilidad de ampliar el contrato mediante dos prórrogas anuales, hasta alcanzar una duración máxima de cuatro años. El valor estimado del conjunto de la contratación, sin impuestos y teniendo en cuenta estas posibles ampliaciones, asciende a 1.867.206,84 euros.

El plazo para presentar ofertas finalizaba el 2 de noviembre, mientras que la apertura de la documentación administrativa y de las propuestas técnicas estaba prevista para el 5 de noviembre, coincidiendo con la fecha de la resolución que acordó la suspensión.

La adjudicación debía realizarse mediante una combinación de criterios económicos y técnicos. El precio suponía hasta 49 puntos sobre un total de 100, mientras que la gestión del servicio podía obtener hasta 20 puntos, los sistemas tecnológicos y de información al usuario hasta 25 y las mejoras sociales y ambientales los seis restantes.

Nuevas exigencias tecnológicas y controles del servicio

El contrato suspendido contempla también una serie de condiciones destinadas a modernizar la gestión del transporte público urbano. Entre ellas destaca la obligación de implantar un sistema inteligente de gestión y seguimiento en tiempo real de la flota, compatible con la plataforma Smart City del Ayuntamiento de Elda.

Esta herramienta permitiría controlar mediante geolocalización los recorridos de los autobuses, sus horarios, frecuencias e incidencias, además de recopilar información sobre el número de viajeros, la ocupación de los vehículos y los kilómetros recorridos.

Los pliegos también establecen la obligación de facilitar información en tiempo real a los usuarios sobre los tiempos de llegada y las posibles incidencias mediante paneles informativos en las paradas, aplicaciones móviles o plataformas digitales.

Otra de las novedades es la exigencia de someter la prestación del servicio a auditorías externas independientes, al menos una vez al año, para comprobar el cumplimiento de las condiciones contractuales, la puntualidad, la regularidad de los autobuses y la fiabilidad de los datos facilitados por la empresa adjudicataria. El coste de estas auditorías deberá ser asumido íntegramente por la concesionaria.

Estas condiciones técnicas complementan el proyecto del servicio público de transporte urbano aprobado por el pleno municipal el pasado 5 de junio.

Por el momento, la contratación permanece suspendida a la espera de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelva el recurso de Subús. Su decisión determinará si el Ayuntamiento puede continuar con la licitación en los términos inicialmente previstos o si resulta necesario introducir modificaciones en el procedimiento.

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