ALICANTE. Ya hay posición oficial en el litigio sobre la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes. El Ayuntamiento de Alicante persistirá en sus posiciones y defenderá el proceso de contratación ante el Tribunal Supremo (TS). Los servicios jurídicos municipales se decantan por recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que conmina a retrotraer la licitación al momento de la valoración de las ofertas presentadas, tras readmitir la propuesta de Geamur, al considerar que la decisión de su exclusión fue adecuada.
Así lo avanzó, cuando menos, el edil de Medio Ambiente, Contratación y Asesoría Jurídica, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia pública habitual en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno. "Se está analizando el contenido de la sentencia, pero sí podemos confirmar que la intención es recurrirla", apuntó, ante la hipótesis de que se pudiese llegar a solicitar su ejecución provisional.
En principio, parece descartado que la concesionaria actual, STV Gestión, vaya a plantear esa petición como parte demandante que interpuso el contencioso, en busca de una resolución que rectificase las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), por las que se planteaba la necesidad de retrotraer el concurso.
Con todo, fuentes consultadas apuntaron que Geamur sí estaría barajando la posibilidad de hacerlo como parte demandada, pese a las dudas de interpretación jurídica que podrían plantearse respecto a su capacidad para hacerlo. Por lo pronto, Geamur sería, de hecho, la empresa que se vería beneficiada en el caso de que el TSJCV acordase la ejecución de la sentencia, en la medida en que, ahora sí, el Ayuntamiento quedaría forzado a volver a baremar su propuesta: la que planteaba un menor precio y, a priori, la más ventajosa para los intereses municipales.
Sin embargo, la Mesa de Contratación consideró que su propuesta incurría en baja anormalmente desproporcionada y que no pudo justificar los importes propuestos, por lo que confirmó su exclusión de su propuesta. A partir de entonces, se inició un largo proceso de impugnaciones -primero en el TACRC y después en la jurisdicción contencioso-administrativa- que ha desembocado, por ahora, en la sentencia del TSJCV que obliga a reconsiderar la oferta de Geamur.
¿Qué consecuencias podría tener esa hipotética ejecución de sentencia sobre el futuro de la prestación del servicio? Hasta ahora, siguen siendo una incógnita. Es más, Villar eludió pronunciarse sobre la vigencia de la modificación del contrato acordada el pasado octubre con un incremento de precio de 1,2 millones anuales para incorporar el mantenimiento de 18 nuevas zonas ajardinadas no previstas en el pliego aprobado en 2018. "Cuando llegue el momento, si es que llega, valoraremos en qué situación queda, pero ahora no podemos avanzar nada más", apuntó.
Villar también se refirió, al margen de ello, al acuerdo para licitar la contrata del servicio de transporte público en autobús para señalar que "seguimos trabajando de forma coordinada con el departamento de Intervención para solventar y solucionar las dudas que nos han planteado, respecto a un tema jurídico y una cuestión numérica". En todo caso, añadió que se prevé que esas cuestiones puedan solventarse en breve para poner en marcha el concurso por la prestación del servicio y el previsto en paralelo para la venta de los títulos (bonos).
Por su parte, la edil del PSOE, Llanos Cano, la mentó lo que tildó de indeterminación del equipo de gobierno (PP y Cs) respecto a la situación de la contrata de mantenimiento de zonas verdes al apuntar que el bipartito "genera inseguridad jurídica porque no sabemos con seguridad y certeza si va a recurrir la decisión del TSJ y, si finalmente la prestataria va a ser Geamur, qué va a suponer para las arcas municipales y para los bolsillos de los alicantinos", concluyó.