ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante activa el proceso para perfilar las normas de funcionamiento por las que se regirá la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad con la apertura de la fase de consultas que resulta preceptiva para dar cabida a la participación pública en la elaboración de su ordenanza específica, como había anticipado este diario. Cualquier interesado podrá formular aportaciones y sugerencias durante un plazo de un mes a través de la dirección de correo electrónico habilitada expresamente para ello (zonabajasemisiones@alicante.es), aunque también podrán presentarse a través del registro general (de forma presencial o en la sede electrónica municipal) por un plazo de 20 días.
El conjunto de propuestas serán analizadas, después, por los técnicos municipales para evaluar la viabilidad y oportunidad de su encaje en esa futura ordenanza, de la que ya se cuenta con un primer borrador, con la previsión de que el texto definitivo quede aprobado antes del mes de diciembre. De hecho, como avanzó este diario, se aspira a que esa normativa pueda entrar en vigor tras el verano, toda vez que la práctica totalidad de actuaciones contempladas en la fase de obra civil ya están concluidas, a través de los proyectos de reurbanización y calmado del tráfico ejecutados en el Paseo de los Mártires de la Libertad y en el eje comprendido entre General Marvá, Doctor Gadea y la calle Ramón y Cajal.
De igual modo, ya se ha puesto en marcha en fase de pruebas la red de control que monitoriza la intensidad de la circulación en los dos anillos en los que se divide el perímetro de la ZBE -sobre el eje de la Gran Vía y en el borde de Alfonso el Sabio, Soto y Gadea- una vez desplegadas las cámaras y estaciones de medición contempladas en el proyecto. Así que la plena eficacia de la ZBE solo quedaría a la espera de que su ordenanza reguladora pueda entrar en vigor, cuando concluya el proceso de redacción técnica y se exponga al filtro político del conjunto de grupos políticos que ejercen funciones de oposición.
Entre ellos, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), deberá tener en cuenta en especial a Vox, en cumplimiento del pacto presupuestario alcanzado entre las dos formaciones en enero por el que se condicionaba el voto a favor de los concejales del partido de Santiago Abascal a las cuentas municipales de 2024 al descarte de la aplicación de restricciones y sanciones en el funcionamiento de esa ZBE. Por lo pronto, Vox pretende hacer valer ese acuerdo con la solicitud de una primera reunión de la comisión de seguimiento de ese pacto al término de la Semana Santa tras incidir en el compromiso de consenso respecto a la redacción de la ordenanza de la ZBE.
Vox reivindica el pacto presupuestario con el PP y se arroga capacidad de definir la ZBE de Alicante
Hasta ahora, el equipo de gobierno sigue manteniendo que la ordenanza no conllevará la imposición de multas, en la medida en que no existiría todavía una obligación legal para que tuviese que aplicarse un régimen sancionador inmediato. Así se concretaría en dos informes técnicos elaborados por el departamento de Medio Ambiente y por la Secretaría General, a la vista de que existirían plazos contradictorios para la aplicación de esas sanciones entre los anunciados por la Unión Europea. En algunas de sus resoluciones, según las mismas fuentes, se posterga su eficacia hasta 2040.
En todo caso, la ordenanza reguladora sí debería incorporar ese régimen sancionador para casos de posibles incumplimientos, al margen de que se demore su aplicación, ya que, de lo contrario, el texto podría ser objeto de recurso y de previsible anulación. Así se anticipa, de hecho, en la propia exposición de motivos con la que se fundamenta la apertura de la fase de consulta pública de la elaboración de la ordenanza, en la que se apunta que esas normas de funcionamiento tendrán un carácter básicamente correctivo, con el fin de evitar que puedan producirse situaciones de contaminación asociadas a la circulación que, según se argumenta, no se dan en la actualidad.
"Dado que Alicante no tiene las problemáticas de contaminación derivada de la movilidad urbana de otras ciudades de España, la ZBE no se plantea como un instrumento para la restricción de derechos o a la prohibición del uso del automóvil sino como un instrumento correctivo de las inercias actuales para evitar tener dichos problemas en el futuro. En consecuencia, ni la zona de bajas emisiones ni su ordenanza reguladora se plantean desde una perspectiva de restricción de derechos e imposición de obligaciones que generen un perjuicio económico a los ciudadanos", señala el preámbulo en el que se detalla el funcionamiento de la fase de consulta pública.
Es más, añade que el planteamiento de la ZBE de Alicante "se basa en la corresponsabilidad ciudadana, incidiendo en el fomento de la movilidad sostenible, la incentivación de las alternativas menos contaminantes para el desarrollo de la movilidad urbana y la educación ciudadana como ejes principales del proyecto".
Eso sí, se deja constancia de que, de forma inevitable, deberán contemplarse restricciones que se pretende reducir en su alcance a la mínima afección posible. "La intención es que esta ordenanza cumpla con el principio de seguridad jurídica, al ajustarse y desarrollar, en el ámbito de las competencias municipales, la normativa comunitaria, estatal y autonómica, ofreciendo un marco normativo preciso, amplio, estable y al mismo tiempo flexible para ofrecer solución a los desafíos presentes y futuros de la movilidad urbana sostenible", señala la fundamentación contemplada en la convocatoria de la consulta.
Y al tiempo, matiza que "también nos preocupa el principio de proporcionalidad en la medida en que solo recogerá aquellas cargas o restricciones estrictamente necesarias para cumplir las razones de interés general, imponiendo el menor número posible de aquellas y de la forma menos restrictiva para los derechos de las personas, y el principio de eficiencia al evitar cargas accesorias o innecesarias a los ciudadanos, y simplificar y racionalizar la gestión administrativa". O lo que es lo mismo, que se contemplarán ciertas limitaciones de forma obligatoria, aunque se traten de minimizar al máximo.
En esta línea, también se apunta que la futura ordenanza recogerá los objetivos de fomento de la movilidad sostenible que ya se delimitan en otros proyectos municipales, como el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y que deberá casar necesariamente con la actualización de la ordenanza de Movilidad y Tráfico "en redacción y próxima a su aprobación definitiva" que se considera prioritario que también entre en vigor antes de diciembre de 2024.
Así, se detalla que la ordenanza reguladora de la ZBE "definirá las condiciones, planteamientos, regulación y posibles restricciones" y que tendrá cinco objetivos principales. Primero, "incrementar la seguridad vial y la necesaria, ordenada y respetuosa convivencia entre los distintos modos de transporte". Segundo, "garantizar la protección de la salud de las personas a través de la mejora sustancial de la calidad del aire, desarrollando jurídicamente a nivel municipal los objetivos contemplados en la normativa vigente de protección ambiental y de Mejora de la Calidad del Aire".
Tercero, "incidir en la sostenibilidad medioambiental mediante el fomento del transporte público y la intermodalidad de transporte público colectivo, la movilidad peatonal y ciclista, el impulso y apoyo a la movilidad eléctrica y la movilidad menos contaminante y los vehículos de uso compartido". Cuarto, "armonizar y ordenar los distintos usos de las vías y espacios públicos urbanos y la racionalización del espacio de estacionamiento tanto en superficie y las Zonas de Aparcamiento Vecinal, reservas para personas con movilidad reducida, distribución urbana de mercancías y otras funciones como los aparcamientos públicos". Y quinto, "fomentar el desarrollo de hábitos ciudadanos que ayuden en la lucha contra el cambio climático y en la mitigación de sus efectos en las ciudades".
En sintonía con esos retos, se anima a la ciudadanía a presentar aportaciones con propuestas en torno a cuestiones como "los objetivos y motivación de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones de Alicante"; las "excepciones, autorizados o moratorias que deben quedar reguladas" o "cualquier otra cuestión en relación con la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones".