ALICANTE. Todo correcto en la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante. Al menos, esa es la conclusión que se desprende del informe elaborado por el jefe del Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento, Javier Maestre, al considerar que ninguno de los tres funcionarios adscritos a su departamento que ha asumido la tarea de supervisión del contrato desde el inicio de la prestación ha llegado a proponer una propuesta motivada de sanción tramitada de forma completa tras el hallazgo de un posible incumplimiento por parte de la concesionaria: la alianza empresarial compuesta por Clece y Fissa, bajo la denominación de UTE Limpal.
En concreto, el dictamen apunta que esos tres responsables del contrato -los funcionarios Jesús Rubio, María Teresa Moreno y Alejandro Ybarra- vinieron aprobando de manera sucesiva las certificaciones mensuales del servicio sin elevar una propuesta formal a la Junta de Gobierno para que se acordase una posible penalización. Todo pese a que, según el informe, el pliego de condiciones que regula el servicio si contempla al menos dos mecanismos para corregir posibles defectos en la prestación. Primero, solicitando "limpiezas especiales" en aquellos centros en los que se acreditase una falta de limpieza, como establece el artículo 10. Y segundo, requiriendo a otra empresa de limpieza "para realizar el trabajo pendiente o defectuoso" descontando "su coste de la certificación correspondiente", como se contempla en el artículo 13.
En todo caso, el informe -elaborado a petición de la comisión que fiscaliza la prestación del servicio- subraya que la única actuación seguida por los tres responsables del contrato ha sido la de demorar la firma de las certificaciones de pago mensuales, que -a la postre- se han acabado firmando con algunos meses de retraso, sin llegar a concluir la tramitación de un posible expediente de penalización.
En esta línea, el dictamen señala que el actual responsable accidental, Alejandro Ybarra, también ha avalado ya la labor desarrollada por UTE Limpal en los meses de marzo, abril y mayo, tras el vencimiento del plazo oficial de su concesión (el pasado 8 de febrero), tras el acuerdo alcanzado para extenderla en precario por motivos de emergencia, hasta que se produzca una nueva adjudicación del servicio (la licitación sigue tramitándose en la Concejalía de Contratación). Según detalla el informe, en la firma de esas certificaciones se daba alas a la tramitación del preceptivo expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para abonar esas facturas "dado que el servicio se ha prestado". Es lo que ya ha pasado por lo que respecta a la certificación del mes completo de febrero, como informó este diario.
De hecho, el jefe de Infraestructuras señala en su dictamen que en el acta final por la que Ybarra asumía las certificaciones de esos tres últimos meses, se consideraba que "las prestaciones han sido realizadas conforme a las prescripciones establecidas en el conrato y que se ha cumplido en los términos del mismo, sin que, en natural y lógica consecuencia de ello, procediera a efectuar deducciones en las certificaciones, ni a completar expediente alguno, con propuesta al órgano de contratación, de aplicación de penalidades, ni a proponer al propio órgano de contratación descuentos en la garantía depositada por el contratista".
Así, el informe resuelve que: "En resumen de todo lo expuesto, parece deducirse -salvo opinión mejor fundada- que no han existido por parte del contratista incumplimientos de sus obligaciones que no estuvieran justificadas por tener carácter compensatorio por prestaciones ejecutadas por aquél a petición municipal sin estar incluidas incluidas en el contrato o por haberlas realizado en intensidades o frecuencias superiores a las previstas en el pliego de prescripciones técnicas particulares o por la comisión de incumplimientos por parte del propio Ayuntamiento (retrasos injustificados en la expedición de las certificaciones u otras)".
Se trata, en definitiva, de la misma apreciación que el propio Maestre ya efectuó durante su comparecencia ante la comisión, en cuanto fue cuestionado por los informes elaborados por Rubio respecto a la falta de prestación de más de 60.000 horas de servicio. En ese momento, el jefe de Infraestructuras señaló que la empresa había prestado servicios adicionales a los previstos en el contrato para atender determinadas circunstancias, como la limpieza de canalizaciones, la aplicación de tratamientos contra plagas, o la realización de servicios ordinarios no obligatorios en verano, por ejemplo.
De hecho, por todo ello, el jefe de Infraestructuras también sostiene ahora que "parece deducirse que en la ejecución del contrato no ha existido enriquecimiento injusto ni por parte del Ayuntamiento ni del contratista circunstancias que sí justificarían la adopción de medidas correctoras en un sentido o en el otro".
El informe no incluye ninguna referencia al sistema de fichaje con huella digital previsto como mecanismo de control horario de los trabajadores de la contrata: uno de los elementos subrayados por el primer responsable del contrato, Rubio, en su exposición ante la comisión. Además, el dictamen se conoce justo después de que el servicio de Contratación haya evacuado un primer informe -también solicitado por la comisión que fiscaliza el contrato- en el que se daba por descartada la posibilidad de acordar penalizaciones sobre UTE Limpal en el caso de que se hubiesen observado posibles incumplimientos contractuales. Como avanzó este diario, en ese primer dictamen se resolvía que no podía sancionarse por defectos en la prestación de un contrato que ya estaba finalizado. Máxime si, además, también había expirado el plazo de su garantía.
La emisión del informe, del que se dará cuenta en la sesión de la comisión de fiscalización del contrato convocada para este miércoles, no tardó en propiciar valoraciones por parte de los grupos que ejercen funciones de oposición. En esta línea, el portavoz municipal del PSPV-PSOE, Paco Sanguino señaló que, tras un primer informe en el que, a su juicio, se puso de relieve "que se ha actuado tarde y mal porque no es posible aplicar penalidades, este segundo informe nos parece la confirmación de que desde el equipo de gobierno se trata de eludir cualquier tipo de responsabilidad y se trata de tapar todas las irregularidades constatadas en la comisión de investigación". "Existen innumerables actas de incumplimientos de la contrata realizada por una funcionaria que deben gozar de una presunción de certeza, presunción que no se ha desmentido ya que, recordemos, ningún representante de la contrata ha querido comparecer ante la comisión de investigación", añadió.
En esta línea, incidió en que UTE Limpal "ha aportado diversa documentación en la que se puede comprobar como en los listados has personas repetidas con distinto horario simultáneo en el mismo centro, no se sustituye a los trabajadores, como se cargan en torno a las 2.700 horas mensuales por personal directivo de la empresa (encargados de zona, encargados generales, administrativa....etc)". "Los funcionarios del Ayuntamiento han declarado que efectivamente la UTE no ha cumplido con lo estipulado en el pliego ni en horas ni en calidad de servicio y ha torpedeado cualquier intento de fiscalización por parte del Ayuntamiento", insistió.
Igualmente, recalcó que "hay informes emitidos por el propio Ayuntamiento en el que se notifican incumplimientos y se alerta de que no se presta servicio en la totalidad de colegios incluidos en el contrato, así como en otro informe realizado por parte del Ayuntamiento se estima que no se han prestado al menos 65.125,93 horas". Por último, señaló que "por parte del jefe de Servicio se nos dice que no ha habido incumplimientos por parte del contratista. Ni se valoran las quejas de los trabajadores, ni las quejas de los centros escolares, ni las actas e informes de los funcionarios; es un verdadero escándalo", concluyó.
En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, también lamentó las formas en las que se produce la emisión de este segundo dictamen. "Entendemos que este informe técnico se ha realizado fuera de plazo, está firmado el 6 de julio, por lo que aunque sus conclusiones hubieron sido las contrarias no se habría poder tomado ninguna decisión sobre la UTE, que sigue prestando el servicio a causa de la incapacidad del bipartito de Barcala de renovar a tiempo las grandes contratas", apuntó.
En su opinión, "este documento se tendría que haber realizado hace meses, y se debería haber presentado en la comisión. Por tanto, esta comisión es una tomadura de pelo política... que ya no va a servir para nada, más allá de comprobar el lío de alguna concejalía y la falta de voluntad política de actuar contra los intereses de una UTE que les está haciendo el favor de continuar con el servicio para tapar la inutilidad de la gestión del bipartito de derechas", concluyó.