El alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, en un pleno. ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante celebra este lunes un pleno telemático (a distancia, con sus 29 concejales posicionados en emplazamientos físicos distintos) en el que se votará la propuesta de presupuesto elaborada por el equipo de Gobierno (PP y Cs) para 2020. El debate llega nada menos que en el penúltimo día de marzo, quince días después de que la propagación del coronavirus haya impuesto otra realidad. En ese contexto, todos los grupos políticos quedarán obligados a mirarse en el espejo sin que ninguno pueda sentirse especialmente reconfortado ante su reflejo.
Salvo sorpresa poco probable, las cuentas quedarán aprobadas gracias a la abstención de alguno de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición: PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox. Es más, puede que incluso de varios de ellos, como sucedió en la comisión de Hacienda celebrada este miércoles. Entonces, PSPV-PSOE, Compromís y Vox dieron un respaldo tácito al bipartito para que las cuentas recabasen un dictamen favorable. Lo hicieron después de que un informe elaborado por los técnicos de la Oficina Presupuestaria (adscritos a la Concejalía de Hacienda) concluyese que su aprobación era la forma más ágil, rápida y operativa de canalizar ayudas al tejido social y económico de la ciudad, frente al impacto generado por la crisis sanitaria. Y eso pese a que el propio bipartito se había llegado a plantear la posibilidad de continuar con el presupuesto prorrogado de 2019, para introducir cambios con los que atender la nueva realidad.
La posición de PSPV-PSOE y Compromís no fue ni mucho menos cómoda. Ambos venían manifestando su rechazo frente a un documento en el que no se les ha dado la oportunidad de participar y en el que se les ha abocado solo a presentar enmiendas. El resultado que tuvieron esas propuestas ya es conocido: el PSPV-PSOE acabó retirando las suyas (con el argumento de que no tenía sentido enmendar un presupuesto que rechazaban en su integridad) y se aceptaron cuatro de contenido menor entre las formuladas por Compromís.
Con todo, sus portavoces (Paco Sanguino y Natxo Bellido) explicaron que actuaban por responsabilidad y lealtad institucional, para no bloquear la llegada de esas medidas económicas con las que poder afrontar la postcrisis generada por la pandemia. Así, hicieron de tripas corazón, pese a mantener que el presupuesto no era el que Alicante necesitaba antes de la irrupción del coronavirus. Y mucho menos el que debe aplicarse tras su llegada.
Tampoco puede decirse que la abstención fuese meritoria para Vox. Como mínimo, su portavoz, Mario Ortolá, había proclamado su intención de llegar hasta el final en sus exigencias ante PP y Cs con el propósito de que incluyesen sus reivindicaciones: en esencia, una reorientación de los fondos destinados a Cooperación internacional y al área de Igualdad y políticas LGTBI (ambas áreas, gestionadas por Cs). Y es cierto que se aceptaron cuatro de sus enmiendas, algunas de ellas relacionadas con esos ámbitos. Pero no puede arrogarse la consecución de sus objetivos: cede en su primer órdago ante el bipartito y puede que haya perdido parte de su crédito si pretende volver a intentarlo en el futuro. La cuestión es que el electorado sí ha perdido la posibilidad de comprobar cuál habría sido el voto de Vox en otro contexto, sin la interferencia de la emergencia sanitaria, y de saber si habría exigido una mayor contraprestación a cambio de sus dos votos en el pleno.
EL EJE PROGRESISTA QUEDA EXPUESTO A UNA PROMESA DE NEGOCIACIÓN PARA ACORDAR MODIFICACIONES DE CRÉDITO FRENTE AL CORONAVIRUS QUE NO QUEDAN PLASMADAS EN NINGÚN SOPORTE
Unides Podem, por su parte, mantuvo su rechazo a la propuesta del bipartito y emitió un voto en contra. Su portavoz, Xavier López, insistió en que debía elaborarse un presupuesto nuevo que sí se abriese a la negociación y a la participación del conjunto de partidos políticos para redefinir las prioridades en la planificación económica municipal. Máxime, si no se contaba con garantías específicas de que el bipartito sí iba a contar esta vez con toda la oposición para negociar las sucesivas modificaciones de crédito comprometidas.
Lo cierto es que la convocatoria del debate de presupuestos en plena oleada del coronavirus ha cogido al conjunto de la oposición con el pie cambiado, en fuera de juego. Ninguno ha conseguido lo que pretendía: forzar una negociación en la que se pudiese incorporar sus propuestas. A grandes rasgos, los cuatro partidos se han visto atrapados por la situación y parece que no les va a quedar otra salida que la de una abstención mayoritaria (Unides Podem puede ser el único verso suelto que mantenga su voto en contra). Y lo tendrán que hacer expuestos a una promesa que, esta vez, ni siquiera se ha plasmado en un documento por escrito, como sí sucedió en las cuentas de 2019, en la negociación entablada entre PP y Guanyar. Un año después, no hay declaración institucional que regule nada (aunque ese documento tampoco haya servido hasta ahora para que se cumplan todos los compromisos que se alcanzaron entonces).
¿Por qué motivo? Por la mera tramitación administrativa. De aprobarse este lunes, el presupuesto se expondrá al público durante un plazo de un mes para que cualquier interesado pueda presentar alegaciones. Si no se registra ninguna, las cuentas entrarán en vigor al cierre de abril. Todo, siempre que se haya salvado la posibilidad de que ese plazo pueda quedar afectado por la suspensión general de plazos administrativos que conlleva la declaración del Estado de Alarma. Si hay alegaciones, deben resolverse y volver a pleno para que el presupuesto pueda quedar aprobado de manera definitiva. En ese caso, no entraría en vigor como muy pronto hasta mediados del mes de mayo. A esos plazos, se debe descontar el mes de agosto, en el que la actividad municipal queda reducida a mínimos.¿Y qué hay del equipo de Gobierno? En términos políticos, no podría considerarse que el bipartito vaya a ser el ganador de la partida. Es cierto que, según todo parece indicar, va a conseguir que sus cuentas se aprueben. Y, además, probablemente sin quedar sujeto al único respaldo (aunque sea en forma de abstención) de Vox. Pero no es menos cierto que va a encontrarse en la situación que tanto PP como Cs criticaron cuando ejercían labores de oposición, durante el pasado mandato: dispondrá de unos seis meses para poder ejecutar esas cuentas y cumplir su contenido. Puede que incluso menos, si se tiene en cuenta que va a tener que afrontar las modificaciones de crédito comprometidas para impulsar medidas frente a la crisis (y para incorporar el remanente de crédito del presupuesto de 2019, cuyo importe no se ha precisado todavía).
PP y Cs incurren en la misma posición que reprocharon al tripartito, con el riesgo de no poder ejecutar la mayoría de sus previsiones
Así, el bipartito se arriesga a que su presupuesto solo pueda tener eficacia para poner en marcha mejoras en la prestación de servicios, como la nueva contrata de zonas verdes o la modificación del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. En esta línea, podrán licitarse las inversiones comprometidas en el programa de reurbanización de barrios del área de Las Cigarreras (cofinanciado por la Unión Europea como Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral) que ya cuenten con proyectos redactados. Pero, en último término, se expone a alcanzar un porcentaje de ejecución mucho menor del deseado. Y, además, después de haber tenido que superar un proceso de desgaste en la negociación interna, que ha dado deparado un presupuesto de transición, centrado en el mantenimiento de la escena urbana (a todas luces necesario), pero sin grandes proyectos ni inversiones a la vista (al margen de las asociadas a la Edusi).
