El alcalde, Luis Barcala, junto a la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, y la edil de Hacienda, Lidia López, en la presentación del proyecto de presupuesto para 2020.ALICANTE. El estallido de la crisis sanitaria provoca un cambio radical de prioridades en el Ayuntamiento de Alicante. El equipo de Gobierno compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) está decidido a anteponer las necesidades generadas por la proliferación de contagios por coronavirus, la situación de confinamiento y las consecuencias económicas que ya se están registrando en forma de expedientes de regulación de empleo, frente a cualquier otra planificación previa, de modo que priorizará la puesta en marcha de medidas económicas extraordinarias que permitan combatir esos efectos.
En ese paquete de medidas podrían incluirse ayudas de emergencia para atender necesidades de colectivos especialmente vulnerables, así como la puesta en marcha de otros recursos (exenciones o líneas de subvención) destinados a reforzar el tejido empresarial de la ciudad. De hecho, ya se habrían adoptado las primeras decisiones en esa dirección: la creación de una Oficina de Emergencia Social para canalizar la atención a personas con necesidades especiales y la condonación del cobro de los alquileres de tres meses en las 748 viviendas sociales gestionadas por el Patronato de la Vivienda y en las naves de los viveros empresariales que dependen de la Agencia de Desarrollo Local.
Ahora, además, se pretende habilitar nuevas partidas específicas para reforzar esa atención a toda la ciudadanía en general, pero también a trabajadores y empresas, con la mayor inmediatez posible, según confirmó este jueves el propio alcalde, Luis Barcala (PP), a través de un comunicado. "La decisión que adoptemos será la que facilite antes y mejor disponer de los fondos que necesitemos para afrontar la crisis abierta por la expansión del coronavirus", señaló.
PP y Cs podrían renunciar a unas nuevas cuentas para 2020, al considerar que se idearon para un escenario distinto y que no tienen en cuenta las necesidades generadas por la crisis del Covid-19
En principio, se estaría estudiando la posibilidad de disponer del remanente de crédito en el presupuesto prorrogado de 2019 (el que está ahora en vigor), además de la opción de modificarlo para ampliar esos recursos o generar otras partidas nuevas. Se trata de un escenario en el que se podría renunciar a aprobar la propuesta de nuevo presupuesto para 2020, ahora en fase de tramitación tras la presentación de enmiendas de los grupos de la oposición, ya que un posible ajuste para incorporar esas nuevas líneas de actuación acabaría retrasando aún más su entrada en vigor y, por tanto, su eficacia. Así, esa planificación contable queda, de momento, en el aire, a la espera de comprobar cómo evoluciona la crisis y cuál puede ser su duración.
En definitiva, el dilema sobre el que PP y Cs deben discernir es si interesa mantener un presupuesto pensado para una situación precedente diferente, que no tiene nada que ver con las necesidades actuales, marcadas por la nueva realidad socio-económica que deja la crisis del Covid-19. Además, debe evaluar si resulta operativo aprobar unas cuentas entre los meses de abril y mayo (que entrarían en vigor un mes después, tras su fase de exposición al público) con solo seis meses de margen de ejecución o, en su lugar, comenzar a planificar el presupuesto de 2021.
Por lo pronto, el primer edil mantuvo este martes un encuentro con los responsables del departamento de Hacienda y el servicio de Intervención para analizar las medidas adoptadas por el Gobierno central, en las que se abren nuevas vías para destinar fondos a la atención de la crisis. Según Barcala, "es fundamental en primer lugar conocer el alcance de las medidas adoptadas por el Gobierno y del Consell para articular nosotros medidas complementarias. Se trata de cubrir todos los frentes abiertos con los recursos de las administraciones central, autonómica y local", concluyó.
