ALICANTE. El servicio de gestión del centro de tratamiento de residuos de Alicante eleva su coste en otros 2,2 millones en la última etapa de su vigencia. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), aprobó este martes en la reunión semanal de la Junta Local la sexta modificación del contrato que conlleva la incorporación de recursos adicionales para la implantación de mejoras en las instalaciones de la planta, de titularidad municipal.
En concreto, se prevé una primera dotación adicional de 704.778,15 euros derivada de la ejecución del plan de inversiones y maquinaria prevista por contrato para los años once y doce de explotación que permanecen pendientes de implantación. Se trata de una primera parte de un paquete global de actuaciones por 4.715.660,85 euros previsto para esas anualidades, por lo que la asunción de las mejoras restantes por valor de 4,3 millones quedará derivada al futuro contratista.
A esa cifra se añaden otros 705.859,18 por la ejecución parcial del proyecto de instalaciones para la implantación de la nueva línea de tratamiento de biorresiduos, sobre un desembolso global estimado en 4.722.893,99, de modo que el importe pendiente también quedará en manos del próximo concesionario.
En tercer lugar, se incluyen 388.363,19 euros más por la ampliación del proyecto de prestación de servicios (PPS) de tratamiento de voluminosos, muebles y enseres y maderas. A ello se añade otra partida de 254.611,60 para implantar mejoras en el tratamiento del compost vegetal refinado, así como 168.978,89 más en inversiones propuestas por el Ayuntamiento. Por último, el paquete de incrementos se completa con otros 17.130,11 euros por incorporar mejoras en la báscula de pesaje, según concreta la propuesta de acuerdo.
Con ese paquete de mejoras, el coste anual por la prestación del servicio se eleva hasta los 25.932.753,86 para la segunda anualidad de la última prórroga amparada en el pliego de condiciones del contrato. Su vencimiento se producirá a 31 de agosto de 2025 sin que exista posibilidad de prórroga adicional, según confirmó este martes el vicealcalde y edil de Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar.
Por lo pronto, el equipo de gobierno trabaja con la previsión de poder licitar el nuevo concurso a mediados de 2025 para que pueda contarse con un nuevo adjudicatario en 2026, sin renunciar a la ejecución anticipada de nuevas inversiones necesarias para modernizar el funcionamiento de la planta a la espera de que se produzca la nueva adjudicación, como también recalcó Villar.
Ese cronograma conllevaría que se concediese una extensión extraordinaria en la prestación del servicio más allá de las previstas en el contrato (dos prórrogas de dos años cada una), al tratarse de una posibilidad al alcance de la administración en los supuestos en los que ya se haya activado un nuevo procedimiento de licitación para zanjar esa situación transitoria, según apuntan fuentes municipales.
Ese escenario supondría que la actual UTE concesionaria (compuesta por FCC, Prezero, Inusa y Cívica) completase un ciclo de cerca de once años como gestora de la planta de Fontcalent, desde que se convirtió en adjudicataria del contrato, a finales de 2013. En ese momento, el presupuesto asignado al servicio (en el que se incluía también el servicio de limpieza viaria, así como la recogida y transporte de residuos hasta el vertedero) era de más de 280 millones (280.258.489,72 euros).
Con todo, un año después se aprobó una primera ampliación por un importe de 13.592.337,84. Y aunque en 2016 se produjo una segunda modificación con una minoración de 7.078.964,43 euros, en 2020 se ejecutó otra variación con un incremento de 1.435.600 euros, lo que dejó el precio del contrato en 290.621.651,86 euros (impuestos incluidos).
En 2022, el equipo de gobierno acordó desgajar de ese contrato marco la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos a través de una nueva licitación que quedó en manos de UTE Netial (FCC y PreZero) por un importe de 323,24 millones y un periodo de ocho años de duración, que comenzó a correr a mediados de 2023.
La nueva ampliación del contrato de gestión de la planta de tratamiento coincide ahora con el impulso de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos con la que se debe equiparar la recaudación al coste real de esa prestación, según establece la normativa comunitaria traspuesta a la legislación española.
El equipo de gobierno requiere ahora del apoyo político de alguno de los cuatro partidos que ejercen funciones de oposición para conseguir que esa ordenanza pueda quedar aprobada, ya que los populares gestionan en situación de minoría, con 14 concejales en una corporación formada por 29 representantes. De ahí que el mismo Villar se abriese este martes a negociar la incorporación de enmiendas de los partidos opositores que conforman el eje progresista -Vox ya ha anticipado su rechazo, sin llegar a presentar enmiendas- que ya han criticado la propuesta al considerar que supone un incremento mayor para los ciudadanos con rentas bajas.