ALICANTE. Nuevo plazo adicional para la conclusión de las obras de ampliación de las dependencias del Centro 14, como sede de las actividades organizadas por la Concejalía de Juventud, en la calle Labradores de Alicante. La Junta General del Patronato Municipal de Vivienda ha acordado este miércoles la concesión de una prórroga por la que se determina que la finalización de esos trabajos debe producirse el próximo 19 de julio, tras el desarrollo de una actuación que ha supuesto un desembolso de 2,7 millones financiados por la Generalitat. Ese fue, cuando menos, el importe por el que se cerró su adjudicación a la constructora Orthem, después de que, en 2020, se alcanzase un acuerdo de rescisión contractual con la constructora adjudicataria y con la dirección de obra precedentes para desbloquear los trabajos que permanecían inacabados desde hacía siete años.
El Patronato ya concedió una primera prórroga de tres meses para la ejecución de esas obras el pasado febrero, tras detectarse necesidades sobrevenidas no detectadas en el momento de la licitación del nuevo concurso de terminación del edificio, con la previsión de que esas nuevas actuaciones supusiesen un incremento de costes próximo a los 460.000 euros. Y ahora se vuelve a conceder un plazo de dos meses más para su realización, después de que se haya constatado el retraso en la concesión de permisos para la acometida eléctrica del edificio.
Sea como fuere, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, ha asegurado, al término de la Junta, que "ya se ve el final de la terminación de la ampliación del centro de recursos para la Juventud después de desatascar su situación y reanudar los trabajos en 2022 en el que será uno de los edificios icónicos de referencia y revitalizador del Casco Antiguo de Alicante".
Con todo, lo cierto es que los representantes de los grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición se han mostrado críticos respecto a ese nuevo aplazamiento y a la ampliación del coste previsto inicialmente para la finalización de las obras. Así, la edil del PSOE, Silvia Castell, ha lamentado, en primer término, que "la única prioridad en el Patronato de la Vivienda haya sido continuar con el proyecto del Centro 14, un proyecto de construcción que ha sido modificado y cuyo coste extra se ha cifrado en 460.000 euros". A este respecto, ha apuntado que el convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante para ejecutar esta obra "se encuentra caducado desde el 31 diciembre y, por tanto, no se ha aclarado quién va a asumir el aumento del coste del edificio, tal y como se desprende de la respuesta a una pregunta registrada por los socialistas en Les Corts", ha añadido.
Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha criticado que se haya convocado "una junta extraordinaria y urgente del Patronato motivada por la ampliación de plazo para la terminación del Centro 14. De nuevo, la falta de previsión nos aboca a una nueva ampliación. La falta de previsión es la tónica habitual", ha considerado.
Pero no solo eso. En el transcurso de la Junta también se ha aprobado la licitación del concurso para la redacción del proyecto y de la dirección facultativa de las obras de rehabilitación del edificio de las antiguas viviendas de maestros en el número 1 de la calle Fernando Díaz de Mendoza, en el barrio de San Gabriel, con el objetivo de habilitar 14 viviendas para alquiler social dirigido a jóvenes. Una vez adjudicado, su redacción deberá estar finalizada en un mes, mientras que la dirección de obra se contratará para 12 meses. El precio de licitación de este concurso es de 87.865,71 euros.
El objetivo del equipo de gobierno es tener operativas estas viviendas antes de 2026, según han concretado fuente municipales, a través de un comunicado. El Patronato contempla en los presupuestos para este ejercicio una partida de 620.000 euros para iniciar esta actuación, del total de un millón en el que se habría estimado la inversión necesaria para ejecutar las obras, como había informado este diario.
Al margen de ello, la Junta del Patronato también ha aprobado la licitación del concurso para la adjudicación del contrato que comprende la renovación y modernización de los ascensores de los edificios de viviendas sociales del barrio de San Blas, propiedad del ente municipal, con un presupuesto de licitación de 299.873 euros. En concreto, se renovarán dos ascensores situados en el número 8 de la calle Antonio Martín Trenco, escalera A y B, y uno en el número 10 en la escalera A, además de otros dos en el número 12, escaleras B y D. El concurso se divide en dos lotes e incluye además la modernización de cuadros de maniobra en las unidades de la calle San Raimundo 17 y 19, según precisan fuentes municipales.
Y, entre otros puntos, también se ha aprobado la liquidación del presupuesto del Patronato correspondiente al ejercicio de 2023, en el que, según concretan las mismas fuentes, se habría alcanzado un grado de ejecución global del 85%. No obstante, ese balance también ha propiciado la crítica de los partidos opositores. En este sentido, la edil socialista Silvia Castell, ha cuestionado "la escasa ejecución de las inversiones reales programadas por el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante en el ejercicio de 2023, al no llegar ni tan siquiera al 38%".
"El gobierno de Barcala vuelve a demostrar que no tiene ningún interés en aportar soluciones a las familias que no tienen posibilidades de acceso a la vivienda, un problema que crece en la ciudad mientras el equipo de gobierno da la espalda a las necesidades de los alicantinos y alicantinas. Es inaceptable que no se haya ejecutado ni un sólo euro de los reservados para construir y ampliar el parque de vivienda social en la ciudad, como lo es que no se prevea la finalización de ninguna vivienda pública en 2024", ha destacado, a través de un comunicado.
La edil ha señalado que "de los 5,6 millones de euros reservados para inversiones, tan sólo se han ejecutado 2,1 millones para continuar obras en el edificio del Centro 14. Sin embargo, no se ha invertido ni un euro de los 1,4 millones que habían sido reservados para vivienda social. En ese sentido, se han quedado sin ejecutar proyectos como el ideado para construir viviendas públicas en San Antón", ha apuntado. Además, según ha incidido, el proyecto para construir viviendas públicas en San Gabriel no se concluirá hasta 2026".
Castell ha tildado de inadmisible que el Patronato haya cerrado el balance presupuestario "con un remanente de 4,2 millones en un momento en el que el número de familias alicantinas en lista de espera para acceder a vivienda pública se ha disparado un 58% en los últimos nueve meses". Así, ha asegurado que "la cifra total de peticionarios asciende a 4.504, según admitió la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a preguntas registradas por el grupo socialista en Les Corts Valencianes. Son datos que obran en el registro autonómico de vivienda que es, en realidad, la única vía que tienen los alicantinos y alicantinas para solicitar recursos habitacionales", ha concluido.
Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha recriminado que el equipo de gobierno no hubiese puesto sobre la mesa en el transcurso de la Junta asuntos como "la apertura de solicitudes para conocer la situación real de demanda de viviendas en nuestra ciudad" o "la propuesta de medidas reales para intentar paliar la situación de emergencia social que está viviendo nuestra ciudad, ante el incremento desorbitado de precios de alquiler". Así, ha considerado "necesario que con los 133 millones de los que disponemos en los bancos, se haga una apuesta por un plan para incentivar el alquiler de las más de 16.000 viviendas vacías que existen en nuestra ciudad", ha señalado, a pesar de que el equipo de gobierno viene sosteniendo que la regla del gasto impide emplear esos ahorros millonarios para otro destino que no sea el de amortizar deuda.
En cualquier caso, Copé ha considerado que "urge tomar medidas de calado ante la situación de la vivienda en Alicante. Apostamos por una inversión de 2,5 millones para incentivar el mercado de alquiler de pisos vacíos. Serían 500 viviendas en régimen de alquiler asequible", ha asegurado.