ELCHE. El caso de las exhumaciones sigue dando que hablar, y aunque de puertas hacia afuera el equipo de gobierno, o al menos la rama socialista, dado que Compromís apenas se ha pronunciado sobre el asunto, limita el caso a un "error administrativo", sigue generando sus dudas en el entorno de la corporación. Este martes se celebraba la Junta de Portavoces extraordinaria en la que el Partido Popular se levantaba de la misma al calificarla de "paripé", y en la que la edil de Cultura volvía a relatar la sucesión de los hechos, mientras que el alcalde defiende que el problema vino porque un técnico pensó que con el visto bueno de la Conselleria era suficiente. Un conjunto de explicaciones ya conocidas estos días, como que "no ha habido mala fe". Insuficiente para unos; suficiente para otros.
González señalaba tras la Junta, en la que principalmente habló la edil de Cultura así como el arqueólogo municipal y el técnico de administración que estuvo con el procedimiento, que "queda meridianamente claro que no ha habido mala fe, ha sido un error técnico: había retención de crédito, publicidad y concurrencia —tres empresas a las que se pidió presupuesto—. Se han dado todos los pasos correctos". Asevera el alcalde que en un momento del procedimiento administrativo un técnico confunde una autorización de la conselleria para el inicio de las obras con la necesaria derivada del contrato para iniciar las obras. Junto a incidir de nuevo en que el resultado con una licitación hubiese sido el mismo porque la empresa de marras ofreció el precio más barato, son las claves según el regidor que aclaran que ha sido todo por un error.
No opinan sin embargo lo mismo desde la oposición. El Partido Popular va a llevar el caso a los tribunales de forma inminente, y además se levantó al inicio de la Junta de Portavoces al estimar que la reunión era un "paripé" porque el alcalde se negaba a levantar acta "y tener constancia de las declaraciones contradictorias de la concejal Marga Antón", así como del técnico. "Este asunto tiene la suficiente envergadura y gravedad", denunciaba. La formación se ha venido quejando en varias juntas de portavoces de esta situación, porque sí se levanta acta, pero no de forma explícita donde se refleja todo como en un pleno, sino de forma más genérica para entender 'el sentido de las aportaciones'.
De hecho, el primer edil señaló que se levantaría acta, sin especificar cómo se aprobaría, pero incluso el vicesecretario presente grabó la sesión. Pero al no tomarse el acta de una forma más formal, se fueron de la mesa. "Siempre buscan las excusas para sobreactuar, crispar y montar el numerito, ha quedado claro que no querían las explicaciones", acusaba el alcalde a los de Ruz, añadiendo que "en otras Juntas no se ha tomado acta formal y no se han ido". Por su parte, el líder de los populares culpaba a González de tener un "comportamiento caciquil", y también desde Ciudadanos decía Eva Crisol que la Junta "ha sido una pantomima y que de la misma lo único que ha quedado claro ha sido la relación cronológica de los hechos".
"De nuevo hemos visto al equipo de gobierno eludir sus responsabilidades ante la negligente actuación de uno de sus concejales, ya que en lugar de depurar responsabilidades políticas ha utilizado a los técnicos del departamento, en concreto al Arqueólogo Municipal, actualmente interino, para responsabilizarlo de los errores cometidos", criticaba Crisol.
Así pues, según lo planteado hasta ahora, si bien en lo referente al no contrato ya se ha explicado que se empezó el expediente pero por inexperiencia o esa "confusión" con los documentos no culminó en el contrato menor —que tampoco procedía que fuera menor, sino una concurrencia—, acaeció una especie de tormenta perfecta, dado que a esto hay que sumar que desde que empezaron las obras en agosto hasta a priori principios de octubre, nadie reparó en que no hubo firma de ningún contrato, empresa inclusive o que había cierta prisa porque había que justificar la obra en noviembre. Antón señaló en la Junta que este contrato era diferente al resto pero confiaba en el hacer de los técnicos; en que habría relación contractual.
Sin embargo, durante más de dos meses faltó ese control político que a priori recae en la responsabilidad última de cada concejalía. Asimismo, estos días tampoco se ha dejado claro si el arqueólogo está adscrito a Cultura o a Urbanismo. Sobre esto, para parte de la la oposición se quiere "escurrir el bulto" para esquivar la patata caliente, y también hay reticencias con el pago de la factura, que tuvo lugar a finales de octubre. Si bien desde el Consistorio apuntan que de no hacerlo, se puede incurrir en enriquecimiento ilícito porque las obras han tenido lugar, también plantean los partidos fuera de Gobierno que también puede haber sido prevaricación el proceso tal como se ha llevado. En cualquier caso, González decía en la Junta que el equipo de gobierno asumen la responsabilidad política, aunque ello no supondrá ir más allá con otras actuaciones. Quedará por ver qué dice el juzgado, y el informe del Secretario municipal.
