ELCHE. La Junta de Gobierno ha aprobado este viernes pagar los trabajos de las exhumaciones en el Cementerio Viejo que se han venido realizando sin contrato y que costaron unos 28.200 euros. En este sentido, el plazo para justificar la subvención de la conselleria expira el 2 de noviembre, por lo que este viernes se ha autorizado el pago porque de lo contrario el Consell no abonaría esta cantidad al Ayuntamiento. Además, dado que los trabajos se han realizado, como ya indicó el portavoz adjunto Ramón Abad, si no se abona la factura el Consistorio estaría incurriendo en enriquecimiento ilícito, además de generarle un perjuicio a la empresa.
Por otra parte, el alcalde Carlos González informa de que ha encargado al Secretario municipal un informe que esclarezca qué ha sucedido en este caso. Al tiempo, señala el regidor que convocará una Junta de Portavoces próximamente para explicar lo sucedido, y además se ha solicitado a la concejal de Cultura que comparezca en el próximo pleno municipal para dar cuenta de estos hechos, que como ya declaró hace unos días, achaca el problema a a un error técnico en la tramitación y a la descoordinación entre Urbanismo y Cultura.
Unas premisas que también defiende el primer edil, quien también incide en que se inició el trámite del expediente de forma normal, con retención de crédito por parte del Interventor, pero que no acabó por materializarse en un contrato, que hubiese sido lo natural. Eso sí, en todo caso no debería haberse materializado en un contrato menor, sino en un concurso público. El equipo de gobierno ha especificado estos días que fueron los técnicos municipales —en especial el arqueólogo municipal— quienes pensaron en el contrato menor y que después el vicesecretario y el Interventor advirtieron que correspondía una licitación.
Sea como fuere, sobre las fechas que no cuadran en cuanto a cuándo fue consciente la concejalía de que no había contrato, González señala que "no voy a entrar en el juego de las fechas, es una cuestión colateral y secundaria", indica, para después afirmar que "no hay nada más anómalo ni arbitrariedad, sino un error técnico". El primer edil, además, justifica, como hizo Abad, que en cualquier caso la actuación acabó en la oferta más barata y por tanto 'competitiva', se hubiese utilizado un contrato menor como se pretendía o un concurso público. Yendo más allá, esgrime que "se ha actuado correctamente desde la intención política", apoyándose en el informe del arqueólogo de los tres presupuestos encargados, la retención del crédito y el permiso de la conselleria para exhumar.
A preguntas sobre cuándo es consciente de la situación, detalla que "no recuerdo el día concreto, pero me entero recientemente". A ese respecto, tampoco contempla ninguna dimisión, como pedía el Partido Popular a la titular de Cultura Marga Antón por esta situación. En opinión del regidor, "son unas declaraciones desmedidas de Pablo Ruz que de nuevo buscan el conflicto y la crispación, no hay delito ni ilegalidad".
Por último, sobre por qué las obras se paralizan varias semanas después de conocer la situación, "entiendo que hay un periodo entre la detección de la situación, así como la verificación del estado de las obras y el trámite". Eso sí, González era taxativo aseverando que las obras no han finalizado y que "están al 60%". Sin embargo, la propia Antón apuntaba a que sí acabado la primera fase. Declaraciones incongruentes en dos días, aunque ese porcentaje puede deberse a la intervención total, un detalle para el que el regidor se atiene a que las obras no estaban finalizadas. Un resquicio lingüístico al igual que el decir que "no se ha perfeccionado el contrato" en referencia a que se había iniciado el expediente del proyecto: el expediente no ha culminado en ningún contrato.
Por su parte, desde el PP piden este viernes que no se liberen los fondos hasta esclarecer qué ha sucedido. Mediante un escrito urgente, Ruz apunta que “nos parece un atropello democrático que tras conocerse los hechos gravísimos y posibles delitos por parte del ayuntamiento, lo primero que hagan es pagar la factura sin dar explicaciones a los grupos políticos de la situación", observa el edil, quien añade que "nos resulta muy raro que quieran pagar con tanta prisa y de manera injustificada esta factura". Unas prisas que llegan por la premura para justificar la subvención, la que el propio PP daba por perdida por la situación. Sin embargo, hay distintos trámites para estos casos, que es pagar levantando el correspondiente reparo por parte del Interventor, calificando el pago con "omisión de fiscalización".
Para los populares, el gobierno "no puede ser cómplices de este hecho y en caso de obviar nuestra solicitud demostraran que eran conocedores del tema mucho antes de que se hiciera público".
