VILLENA. Solo entre febrero y marzo de 2021, se han proyectado en Villena y alrededores al menos seis megaplantas fotovoltaicas. Desde que la alemana Abo Wind promovió una con 65 MW de potencia hasta la impulsada recientemente por la valenciana Atitlan (de 89 MW), han pasado únicamente dos meses. Dos meses de fiebre solar que, de continuar y materializarse, acabará transformando de manera sustancial el paisaje del Alto Vinalopó. Para evitarlo, tanto el Ayuntamiento villenense como los grupos ecologistas de la ciudad exigen, desde sus respectivos altavoces, una regulación autonómica y estatal que limite la ocupación del territorio.
En la transición hacia un nuevo modelo de producción energética, en la que, según el presidente de la asociación Salvatierra, José Carlos Hernández, la Unión Europea pretende situar a España como líder “para así producir un excedente de energía y venderlo a otros países”, la fijación por este punto del interior de Alicante se debe, sobre todo, a dos motivos: que Villena, tal y como arguye el concejal de Urbanismo, Javier Martínez, tenga 345 km cuadrados de término municipal (“el segundo más extenso de la provincia” según Hernández); y que disponga de varias subestaciones para volcar la energía producida (principalmente, las de Los Alhorines y Sax), en torno a las cuales se extienden, además, grandes terrenos con suelo no urbanizable común (el idóneo para las placas).
Ante la proliferación de tantos proyectos fotovoltaicos —auspiciada por la reducción de las trabas burocráticas—, la opinión popular, como la de los grupos políticos, se polariza en algunos ámbitos. Según el portavoz de Salvatierra, entre la población general, “hay un sector muy preocupado por lo escandaloso de esta situación, y quienes solo ven una oportunidad para el desarrollo, sin tener en cuenta el impacto que puede llegar a generar esta macroinstalación de parques solares sin límites”.
Por su parte, el concejal socialista apunta que, si bien en el escenario político-administrativo, “hay un consenso bastante claro entre partidos porque, en lo técnico, no hay discusión”, en el contexto político-social, el posicionamiento es más subjetivo: “Cada grupo tiene un umbral del dolor con respecto a la ocupación del terreno y también una red de asociaciones afines”, en unos casos empresariales; en otros, ambientales. Como miembro del PSOE (el partido que gobierna Villena en coalición con los Verdes), Martínez considera que aunque el desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas (ISF) “económicamente, puede ser muy positivo para la ciudad, hay que mantener el equilibrio”. Y agrega: “No a cualquier precio vamos a dejar de defender nuestra riqueza paisajística y medioambiental”.
Probablemente, llegado el momento, no todos los proyectos presentados acaben ejecutándose. De hecho, en la anterior “ola fotovoltaica”, apenas cristalizaron una parte de los que se habían planteado. Así lo avala el también concejal de Industria. No obstante, Javier Martínez reconoce que “el temor” del equipo de gobierno “es que la inercia legislativa se pase de frenada” y que las energéticas excedan “los blindajes medioambientales” del municipio.
Desde el asociacionismo ecologista, José Carlos Hernández recuerda que “el término de Villena es uno de los lugares con mayor diversidad de ecosistemas de la Comunitat Valenciana”, por lo que la instalación masiva de ISF “puede provocar una pérdida irreversible de estos ambientes y de las especies que los habitan”. Más si cabe teniendo en cuenta que algunos promotores plantean una línea de evacuación independiente en lugar de utilizar una común.
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En cualquier caso, según el edil de Urbanismo, el desarrollo de parques solares dejaría en Villena “bastante dinero” en concepto de impuestos, puesto que, a la cifra de inversión, habría que aplicarle el porcentaje del ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) —que en Villena es del 3,725 %—, más una tasa por el informe del proyecto y las posibles tributaciones del IBI. Aun así, reconoce que aunque algunas sociedades generadas ad hoc pagarían sus impuestos en la ciudad, “otras se aprovecharían de su entramado empresarial y tributarían fuera”.
La otra cara de la moneda en la cuestión económica es el sector agrológico. En palabras del presidente de Salvatierra, los trabajadores del campo “están viendo cómo, año tras año, la rentabilidad de su producción es cada vez más baja, con condiciones más duras, con una elevada competencia extranjera y con precios no deseados”. En este contexto, como sentencia Martínez, “el propietario es quien decide si es más rentable la viña o la placa”, con la consecuencia de que, casi siempre, la elegida es la segunda.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Villena —cuya función en este asunto es casi residual porque se limita a la emisión de informes de compatibilidad— aprobó en el último pleno una moción al respecto. En ella, se exigía un replanteamiento del decreto de agosto de 2020 —que, según el edil de Urbanismo, colmó la inercia legislativa—, además de la inclusión en él de criterios sociales y ambientales. Asimismo, se solicitaba un reparto equitativo de los espacios para evitar saturar de placas poblaciones como Villena, algo con lo que comulgan los grupos ecologistas. Con todo, el concejal reitera su llamamiento a las instituciones competentes: “Confiamos en que Conselleria y el Ministerio tengan claro que esa distribución no puede ser dejada al libre albedrío del mercado, sino que —igual que se reparte la potencia de los nudos entre las empresas—, llegado el momento, se debe acotar la ocupación del terreno”.
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