La asociación Salvatierra alega que la planta solar de Los Alhorines amenazaría su biodiversidad

VILLENA. Hace apenas un mes, la multinacional alemana Abo Wind hacía pública su intención de construir una planta fotovoltaica de 65 MW que ocuparía los términos municipales de Villena, Campo de Mirra, Cañada, Beneixama y Caudete. Ahora, la asociación villenense Salvatierra-Ecologistas en Acción —en su derecho a reclamar en los 30 días siguientes— ha presentado alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) por considerar que la instalación amenazaría la biodiversidad y los valores arqueológicos del paraje natural Los Alhorines (en Villena).

Según explica a Alicante Plaza el presidente de Salvatierra, José Carlos Hernández, “las parcelas donde se prevé instalar esta planta solar están justo en el límite de una ZEPA (zona de especial protección para las aves)”. A escasos metros de donde se situaría la infraestructura —relata—, hay dos colonias reproductoras del cernícalo primilla, una especie que reúne sus “mayores y mejor conservadas poblaciones” de la Comunitat Valenciana en Los Alhorines, de modo que se estaría “invadiendo el espacio que necesita para alimentarse”. El portavoz del grupo ecologista argumenta que, en el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna, “se establece que el hábitat de una especie de este tipo debe estar protegido, no se puede alterar, por lo que estaría incumpliéndose la ley en ese aspecto”.

Con este pretexto, Salvatierra arguye que el proyecto fotovoltaico en cuestión “no considera o valora muy por debajo de la realidad el impacto que su implantación tendría sobre especies tan singulares”. No solo el cernícalo, sino también el elanio azul (una de las rapaces más escasas en la región), las águilas perdicera e imperial ibérica, los murciélagos ratonero grande y de cueva o el gallipato.

Además de la biodiversidad, la asociación defiende que la ubicación de una planta solar en esa área atentaría contra el valor paisajístico y las potencialidades de su patrimonio. “Hay una vía augusta y una serie de zonas arqueológicas de alto valor que no están ni estudiadas ni prospectadas. Este es un aliciente más para evitar que se instale allí”, sentencia el presidente. Por todo ello, el colectivo pide la “no aprobación” del plan.

En cualquier caso, Hernández recuerda que la misión de la organización no es rechazar este tipo de infraestructuras, sino garantizar que se desarrollen en las condiciones óptimas: “Como grupo ecologista, no nos oponemos a la implantación de plantas fotovoltaicas, porque es lo que hemos demandado siempre —que haya esa transición ecológica hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente—. Lo que estamos reclamando es que esa transición sea coherente y sostenible”. En este sentido, ha dejado claro que de todas las plantas proyectadas hasta la fecha, solo han alegado contra esta, aunque no descartarían volver a hacerlo si la situación lo exigiese: “No podemos dejar que se utilice cualquier terreno para hacer una instalación fotovoltaica. Alegaremos lo que sea necesario en función de dónde se planteen el resto de plantas”.

Se trata, por tanto, de conseguir un equilibrio económico y medioambiental. Cómo lograrlo —apunta Hernández— no es competencia de asociaciones como la que él preside: “No somos nosotros quienes tendríamos que dar esa respuesta, sino la propia administración”. Según el portavoz, son las instituciones públicas las que deberían controlar que en zonas protegidas no se levanten este tipo de instalaciones, como tampoco “autovías, cárceles (como la de Villena) o centrales termosolares”. “Nosotros somos la voz que está diciendo ‘por aquí, no’, pero no deberíamos ser quienes prohíban o dejen de prohibir este tipo de infraestructuras”, concluye.