Ximo Puig, Rubén Martínez Dalmau y Mónica Oltra. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. Este jueves tuvo lugar una de las reuniones consideradas clave dentro de la negociación del futuro Gobierno del Botánico II. Un encuentro en el que PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV tenían como objetivo completar los ejes del acuerdo programático para más tarde pasar a debatir sobre la arquitectura del Ejecutivo valenciano de la X legislatura. Es decir, número de consellerias, reparto de competencias entre los partidos y rediseño del mestizaje respecto al mandato anterior.
No obstante, a lo largo de las aproximadamente seis horas no llegaron a abordarse los tres ejes que quedaron pendientes en la reunión del día anterior -el 4. Modelo Productivo; el 5. Empleo; y el 6. Fiscalidad-, ya que se empleó la tarde en revisar los tres primeros, fijar el calendario de futuras reuniones y comenzar a cerrar algunos aspectos sobre el diseño del gobierno. Fuentes presentes en la reunión trasladaron que el sexto punto deberá estudiarse este viernes o en su defecto el domingo
Precisamente es en este apartado donde se esperan mayores disensiones entre las tres fuerzas del Botánico II. No en vano, en él los partidos debatirán sobre las tasas o impuestos que pretenden implantar a lo largo de la legislatura entrante y, cabe recordar, que este tipo de cuestiones fueron en el mandato anterior el principal punto de fricción entre socialistas, valencianistas y morados en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat año tras año. En esta ocasión, de hecho, Unides Podem-EUPV no solo planteará batalla por las tasas que defendió antaño el grupo liderado por Antonio Estañ, sino que además quieren que se incorpore una nueva al pacto: el impuesto sobre viviendas vacías.
Un tributo similar al que se aprobó en el Parlamento de Catalunya en julio de 2015 con la ley del impuesto sobre viviendas vacías. De naturaleza directa, este tributo grava el "incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas por el hecho de permanecer desocupadas de forma permanente durante más de dos años sin causa justificada". Este es un gravamen finalista, por lo que los ingresos que se derivan de él van dirigidos a la "financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda".
Esta norma cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a Cataluña fue recurrida por el Gobierno central presidido por Mariano Rajoy al considerar que este tributo autonómico coincidía con el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Sin embargo, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad.
En este sentido, el objetivo de Unides Podem-EUPV con este impuesto es gravar las viviendas de entidades financieras y empresas inmobiliarias con excedentes de pisos que no estén habitados para reducir el número de viviendas vacías y potenciar el alquiler social. Sin embargo, en caso de llegar a incluirse esta pretensión en el documento final que sellen PSPV, Compromís y ellos mismos para desarrollarlo e implantarlo a lo largo de la legislatura, todavía no aventuran cuánto tiempo debería a su juicio estar una casa deshabitada para aplicarse un tributo de este tipo en la Comunidad Valenciana.
Uno de los buques insignia de Podem en la legislatura pasada fue su defensa de la tasa turística. Este impuesto se convirtió en el debate de Presupuestos de 2018 en una línea roja para Podemos. La formación liderada por Antonio Estañ llegó incluso a abstenerse en la votación de la Ley de Acompañamiento a las cuentas por la negativa del Consell a estudiar la posibilidad de implantar este tributo en la autonomía haciendo con ello peligrar la norma, que fue salvada por los cuatro diputados No Adscritos ex de Ciudadanos.
Al año siguiente, el talante durante la negociación de las cuentas fue distinto. A pesar de que volvieron a presentar una enmienda para tratar de implantar este impuesto, daban por perdida la batalla y decidieron centrar sus esfuerzos en otras cuestiones que sí pudieran salir adelante a lo largo de las conversaciones con socialistas y valencianistas.
La tasa diseñada por los morados contemplaba dos tramos: uno autonómico y otro municipal. El primero sería fijo y oscilaría entre 0,5 y los 2 euros por persona y noche, el segundo -de carácter voluntario si lo aprobaban los plenos de los ayuntamientos- sería variable. Los dos se deberían abonar tan solo durante 10 días y se aplicarían a toda persona que pernoctase en un establecimiento turístico, excepto aquella que tuviera 16 años o menos; los que realizaran estancias por fuerza mayor; las motivadas por razones de salud en el sistema público de Sanidad, incluidos los acompañantes del enfermo, y las estancias subvencionadas por programas sociales de administraciones públicas, como el Imserso.
Por el momento, los socialistas son contrarios a que se implante una autonómica, pero sí son favorables a la municipal y que sean los ayuntamientos los que tomen la decisión de aplicarla, o no.
El impuesto a las bebidas azucaradas no fue una reivindicación que abanderase Podemos desde el inicio. De hecho, la propuesta original partió de Compromís, que registró una PNL para que se introdujera un impuesto a los alimentos azucarados para desincentivar su consumo ante los altos porcentajes de obesidad infantil que existen en toda España. La iniciativa, no obstante, no agradaba a sus socios del Gobierno -PSPV- por el alto rechazo que generaba en el sector empresarial.
No en vano, la iniciativa partió con la pretensión de aplicarse a los alimentos azucarados, pero más tarde se limitó simplemente a las bebidas. Finalmente, el texto que se aprobó contenía varias acciones a llevar a cabo por el Consell para incentivar la vida saludable en los colegios y la realización de un estudio sobre la oportunidad de implantar la tasa que, posteriormente, debería valorar la Conselleria de Hacienda en esta legislatura, pero la exigencia de instaurar el impuesto había desaparecido.
Ante esta situación, Podemos recogió el guante y se comprometió a registrar la tasa en el transcurso de las negociaciones de la Ley de Acompañamiento de 2019. A la espera de conocer cómo se plasmará este compromiso en el pacto del Botánico II -o siquiera si llegará a hacerlo-, Compromís estaría de acuerdo con aprobar este gravamen.
