Una de las máquinas barrenderas del servicio de limpieza viaria de Alicante. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Alicante asume la elaboración del estudio previo que resulta necesario para concretar si el subparque logístico del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos que debe construir la UTE concesionaria (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, del empresario Enrique Ortiz) es viable en el emplazamiento propuesto: una parcela propiedad de las empresas del conocido constructor situada en el sector de La Condomina, entre las instalaciones del Club Atlético Montemar y la trasera del Parque de Bomberos Ildefonso Prats.
Fuentes del departamento municipal que coordina el edil José Ramón González (PP) confirmaron a Alicante Plaza que ya se está trabajando en la elaboración de ese informe, en el que se debe resolver si la maquinaria de limpieza y los camiones de recogida de residuos podrían circular por el llamado camino del Ciprés como medio de acceso hasta ese futuro recinto. Se trata de una especie de base logística exigida en el pliego de condiciones (y comprometida por la UTE) con un coste estimado de un millón de euros que se ha ido pagando por anticipado de forma prorrateada, a través de las certificaciones mensuales por la prestación del servicio, sin que se haya construido siete años después de que UTE Alicante asumiese la concesión.
Lo cierto es que el vial en cuestión por el que se tendría que canalizar la circulación de los vehículos de la empresa en el caso de que se aceptase ese emplazamiento no deja de ser un camino estrecho y parcialmente sin asfaltar, por lo que, en todo caso, podría condicionarse la concesión de la licencia de obra a la ejecución de trabajos de acondicionamiento previo. De hecho, UTE Alicante tendría que asumir la urbanización del conjunto de la parcela, tras su recalificación urbanística, puesto que en la actualidad es un solar sin uso, considerado como suelo rústico.
Al margen de ese estudio sobre los accesos, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo deberán concretar también si ese subparque puede afectar al entorno de protección de la Torre Conde, uno de los baluartes que forman parte del BIC del conjunto de las Torres de la Huerta, después de que el Servicio Territorial de Cultura considerase en una resolución emitida en 2017 que el emplazamiento propuesto quedaba fuera del perímetro de salvaguarda del monumento.
Como también ha informado este diario, en el caso de que su construcción no fuese viable en ese emplazamiento, y que no se pudiese construir antes de que finalizase la contrata en vigor (expira en septiembre de 2021), el equipo de Gobierno ya ha anunciado que detraerá ese millón de euros que debía destinarse a su construcción (del que se han abonado ya cerca de 800.000 euros) a través de la última certificación mensual del servicio.
En todo caso, se trata de una instalación que se continúa considerando necesaria a futuro con el fin de reducir tiempos de desplazamiento de la maquinaria hasta el distrito de Playas. En la actualidad, la operativa se organiza desde la sede central de la concesionaria, situada en el Pla de la Vallonga, que ya se ha acordado revertir en el Ayuntamiento en cumplimiento del contrato de concesión anterior, suscrito con Inusa.
