ALICANTE. El parque logístico para el estacionamiento de vehículos que la concesionaria de la limpieza viaria y recogida de la basura de Alicante (una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, del empresario Enrique Ortiz) está obligada a construir por contrato depende, como mínimo, de la emisión de un último informe de la Concejalía de Tráfico antes de que se le pueda conceder licencia.
Fuentes consultadas por Alicante Plaza confirmaron que en ese informe se debe concretar si existe algún impedimento para que la maquinaria utilizada por UTE Alicante para ejercer la prestación pueda acceder por el camino del Ciprés hasta llegar al emplazamiento propuesto: una parcela propiedad de las empresas de Ortiz, situada en La Condomina, a espaldas del Parque de Bomberos Ildefonso Prats.
Con esa precisión, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo deberán resolver si esa ubicación resulta viable o interfiere con el entorno de protección de la Torre Conde, uno de los baluartes que componen el BIC de las Torres de la Huerta, situada a 270 metros. En principio, un informe emitido por el servicio territorial de la Conselleria de Cultura en 2017, daba alas al subparque al concluir que "la actuación se realiza fuera del ámbito legal de tutela de esta conselleria", en la medida en que "la disposición transitoria primera de la Ley 5/2007 de la Generalitat, por la que se modifica la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano, establece una distancia mínima de 200 metros respecto al bien protegido (la Torre Conde) y, en el caso propuesto, esa distancia es mayor, de 270 metros".
Lo cierto es que el equipo de Gobierno conformado por el PSOE en solitario, tras la ruptura del tripartito, llegó a referirse a ese informe para anunciar la concesión de licencia para la construcción del subparque. No obstante, el permiso no llegó a concederse entonces y sigue sin otorgarse hasta el momento, pese a que su ejecución sí se ha ido pagando con una aportación progresiva, a través de la facturación mensual. Como se concretó en la primera sesión de la comisión sobre el cumplimiento del contrato, el ayuntamiento habría aportado ya una suma próxima a los 800.000 euros respecto a la inversión mínima de un millón que se recogió en el pliego de condiciones.
En todo caso, el edil de Limpieza, Manuel Villar (PP), precisó durante el desarrollo de la comisión, que si UTE Alicante no llegaba a construir esas instalaciones antes de que venciese la contrata (septiembre de 2021), se detraería el pago de ese millón a través de una de las últimas certificaciones mensuales (por cerca de 3,5 millones cada una).