Mónica Oltra, Ximo Puig y Antonio Estañ en la firma del acuerdo presupuestario para 2019. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. La tasa turística se convirtió en el debate de Presupuestos del año pasado en una línea roja para Podemos. La formación liderada por Antonio Estañ llegó incluso a abstenerse en la votación de la Ley de Acompañamiento a las cuentas de 2018 por la negativa del Consell a estudiar la posibilidad de implantar este tributo en la autonomía haciendo con ello peligrar la norma, que fue salvada por los cuatro diputados No Adscritos ex de Ciudadanos.
El talante durante la negociación de las cuentas de este año ha sido radicalmente distinto respecto al tono empleado en el ejercicio anterior, en parte, por la pretensión de los morados de entrar en el futuro Botànic si tuvieran ocasión en 2019. Un deseo que incluso hizo que en el partido llegaran a plantearse este verano la conveniencia de volver a batallar por la tasa turística o, por el contrario, centrar sus esfuerzos en otras reivindicaciones que sí tuvieran opciones de salir adelante.
Esta semana, después de dos largas reuniones de grupo, Podemos desveló la incógnita. Habrá enmienda de tasa turística, de tasa del azúcar y también de recuperación de los tramos de la tasa de residuos presentada el año anterior -no la modificada seis meses después-. Respecto a la primera, fuentes de la formación explican que presentarán el mismo modelo trabajado en 2018, ya que consideran que fue un "prototipo bien elaborado".
La tasa diseñada contemplaba dos tramos: uno autonómico y otro municipal. El primero sería fijo y oscilaría entre 0,5 y los 2 euros por persona y noche, el segundo -de carácter voluntario si lo aprobaban los plenos de los ayuntamientos- sería variable. Los dos se deberían abonar tan solo durante 10 días y se aplicarían a toda persona que pernoctase en un establecimiento turístico, excepto aquella que tuviera 16 años o menos; los que realizaran estancias por fuerza mayor; las motivadas por razones de salud en el sistema público de Sanidad, incluidos los acompañantes del enfermo, y las estancias subvencionadas por programas sociales de administraciones públicas, como el Imserso.
Esta no fue una reivindicación que abanderase Podemos desde el inicio. De hecho, la propuesta original partió de Compromís, que registró una PNL para que se introdujera un impuesto a los alimentos azucarados para desincentivar su consumo ante los altos porcentajes de obesidad infantil que existen en toda España. La iniciativa, no obstante, no agradaba a sus socios del Gobierno -PSPV- por el alto rechazo que generaba en el sector empresarial.
De manera inmediata se topó con una oposición férrea de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) que preside Salvador Navarro, y aunque la coalición valencianista cedió a limitarlo sólo a las bebidas azucaradas, no fue suficiente. PSPV, Ciudadanos y PP no estaban dispuestos a apoyar la iniciativa.
Después de un año de negociaciones y de tiras y aflojas, el pasado mes de junio se aprobó una PNL en el parlamento valenciano sobre la tasa del azúcar. Eso sí, de la iniciativa original a la que finalmente se validó había un abismo. El texto que terminó aprobándose contenía varias acciones a llevar a cabo por el Consell para incentivar la vida saludable en los colegios y la realización de un estudio sobre la oportunidad de implantar la tasa que, posteriormente, debería valorar la Conselleria de Hacienda ya en la siguiente legislatura. Pero la exigencia de instaurar el impuesto había desaparecido.
Ante esta situación, Podemos recogió el guante y se comprometió a registrar la tasa en el transcurso de las negociaciones de la Ley de Acompañamiento de 2019. Desde el grupo todavía no han desvelado el contenido de la enmienda que van a prensentar, pero a todas luces podría generar una división de PSPV y Compromís en el momento de la votación, ya que a los valencianistas se les hará complicado oponerse a una iniciativa que en origen llevaba su nombre.
En diciembre de 2017, Podemos consiguió que se aprobara un canon por vertidos e incineración. El texto original presentado por el partido de Pablo Iglesias sufrió modificaciones: contenía dos tipos de gravámenes, uno para vertidos industriales y otro que afectaba a los vertederos municipales en el que estaban incluidas las bonificaciones a este tipo de tributo. Sin embargo, en el transcurso de la negociación con PSPV y Compromís, este segundo se descolgó de la enmienda, perdiendo así también las bonificaciones sin que nadie cayera en la cuenta.
En julio de 2018, cuando el impuesto entraba en vigor, los socios del Botànic modificaron el tributo a la baja sustancialmente antes de que las empresas afectadas tuvieran que hacer la primera autoliquidación. Socialistas, valencianistas y morados modificaron la ley de Acompañamiento para rebajar los tramos durante el primer año de vida de la tasa para que su introducción fuese menos agresiva. Una decisión motivada por el anuncio del president de la Generalitat, Ximo Puig, –tras visitar la patronal azulejera Ascer– de que habría bonificaciones para que no afectara a la competitividad de las empresas.
La nueva tabla de gravámenes contemplaba diversas exenciones y grandes reducciones que alcanzaban en su mayoría el 75% en función del tipo de residuo que se incinerase y vertiera. También se establecían tres nuevos supuestos de no sujeción al impuesto –equivalentes a las exenciones, a efectos prácticos–, lo que suponía una reducción del 100%.
Ahora bien, el condicionante de Podemos para aceptar rebajar temporalmente los tramos que ellos mismos diseñaron era que superado 2018 se incrementaran de nuevo las cantidades. Ahora, la formación quiere recuperar la redacción original. "La diferencia clave es, además del aumento de las cuotas, que se recupera el impuesto al vertido municipal para que entre en vigor en 2020, si no no dará tiempo a cumplir la normativa en 2025 como dicta Europa", indican desde el grupo parlamentario.
La nueva normativa que Podemos quiere que se aplique establece distintas cuotas en función del tipo de residuo a incinerar o verter. Los gravámenes más altos se abonarán por aquellos vertidos industriales de residuos peligrosos. Así, el tipo más alto se pagará por aquellos que sean "susceptibles de valorización". Esto es, los que pueden ser reutilizados o reciclados. Con esto, pretenden desincentivar la incineración y fomentar el reciclaje. En estos casos, se pagaría 42 euros por tonelada. En la reforma del pasado mes de julio este supuesto se vio reducido a 30 euros.
La segunda cuantía más alta a abonar es de 35 euros por tonelada por verter o incinerar residuos industriales peligrosos que no pueden ser reutilizados. En este caso, la cantidad viene justificada por la huella que la quema y vertido de estos productos tienen en el planeta. Al no poder ser reciclados, la cantidad pretende desalentar su uso. En julio se vio reducido hasta los 15 euros.
Esta cuantía de 15 euros será precisamente la que también se aplique a aquellos residuos procedentes de la construcción y demolición que sean peligrosos, y casi la mitad -7 euros por tonelada- se aplicará a los industriales que ya hayan sido reciclados previamente.
En cuanto a los residuos no peligrosos, la cantidad más alta se pagará por los vertidos municipales e industriales cuando sean susceptibles de valorización. Por ellos se pagaría 41,3 euros. Durante el transcurso del debate en diciembre del año pasado el PSPV consiguió rebajar el impuesto a 30 euros, pero la rebaja fue aún mayor en julio cuando se quedó en 7,5 euros por tonelada. De estos quedarían excluidos los residuos procedentes de la construcción y demolición no peligrosos, por los que se abonarían 3 euros -el año pasado se redujo a 1 euro-.
Desde la formación morada justifican el nuevo impuesto a los vertidos municipales de 41,3 euros por la normativa europea que dicta que en 2035 España debe tener un porcentaje de vertidos municipales del 10% -ahora mismo supera el 45%-. "Si no establecemos mecanismos de disuasión, no conseguiremos llegar a lo que nos exigen. Se busca además la separación en origen y la recogida de materia orgánica en un contenedor propio. Los contenedores municipales lo que más recogen es materia orgánica, pero si con ella se mezclan otro tipo de residuos, no se consigue materia orgánica limpia que se pueda reciclar", explican.
Se introducen, además, cuatro nuevos supuestos en la nueva enmienda: los vertidos de residuos municipales e industriales que se incineran o co-incineran sin valorizar (35,6 euros por tonelada); los vertidos industriales que no se hayan reciclado previamente y que se valoriza energéticamente (30 euros por tonelada métrica); y aquellos industriales sobre los que sí se ha hecho anteriormente una valorización, la cuota íntegra se determina aplicando sobre la base impoible una candidad fija de 5 euros por tonelada métrica.
