ELCHE. Este mismo mes de noviembre el Ayuntamiento de Elche ha hecho públicas las alegaciones presentadas por la sociedad civil tras el periodo de treinta días tras la aprobación del borrador de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica. Una primera propuesta que parte de la hostelería ya vio con cierto recelo porque era bastante más exigente. Porque este es un asunto bastante polémico, como lleva demostrando años la lucha de la Asociación de Afectados por el Ruido de Elche por rebajar los decibelios emitidos en el centro que les impiden descansar. De hecho, sólo se han presentado tres alegaciones al borrador; un total de 17 páginas de las que 15 pertenecen a esta asociación, la más beligerante con este tema, como demuestran sus dos sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Además, recientemente la decisión judicial de declarar Zona Acústicamente Saturada (ZAS) parte de la zona centro, donde están ubicados la mayoría de pubs o locales de ocio, para la cual el Consistorio tiene un plazo de ejecución de tres meses, ha creado una lógica inquietud entre los hosteleros. Mientras esperan medidas del municipio, que ya ha recurrido la sentencia, está por ver cómo queda definitivamente la ordenanza, manifiestamente más exigente que la anterior. En este sentido, las alegaciones a la misma de la asociación van en la línea de limitar más las posibilidades de ruido, pidiendo estudios acústicos para celebraciones populares o abriendo la posibilidad de revocaciones de licencias para locales nocturnos.
En sus nuevas alegaciones —las primeras fueron rechazadas y el BOP ofreció un nuevo plazo de 30 días hábiles—, la asociación incide en la necesidad de diálogo con el Ayuntamiento, y les conmina a estudiar a fondo sus alegaciones, ya que señalan que rebajar el ruido en la ciudad es un asunto determinante entre otras cosas, para conseguir el objetivo de capital verde europea en 2030. Por eso añaden como alegación que se instale una red de sonómetros en la vía pública que monitorice las 24 horas el ruido ambiente, especialmente en zonas de ocio nocturno sensibles como el centro o L’Aljub, “como se hace en la vecina ciudad de Alicante”, apuntan. Además, proponen que sean los establecimientos quienes los paguen para ahorrar dinero a las arcas públicas y “por la conjunción del principio ambiental de prevención y del principio de quien contamina paga”.
Creen que algunos apartados como los valores límite en ambientes interiores de los locales no se recogen completamente, por lo que instan a ello. Fuera de los establecimientos, proponen que en caso de concentración de usuarios en el exterior consumiendo bebidas y con coloquios que eleven los decibelios permitidos por ley, se les invite a disgregarse, y que si no se hace, “se les apercibirá de la revocación de su licencia sin perjuicio de incurrir en una posible infracción de la presente ordenanza”. Asimismo, en los que están al aire libre, proponen que se revoque parcialmente la autorización de los mismos disminuyendo el número de sillas y mesas autorizadas hasta que se respeten los valores límite fijados en la ordenanza.
Así mismo, de acuerdo a la Ley 37/2013 de ámbito nacional, señalan que el Ayuntamiento no puede autorizar ningún concierto, verbena, espectáculo, celebración popular o similar, sin un estudio previo acústico o valoración de la incidencia acústica para que se puedan, si está justificado, superar los límites de emisión. Con esto, la asociación esgrime que es lógico que se autoricen festividades religiosas o culturales, desde la Semana Santa hasta Moros y Cristianos, pasando por l’Albà, pero que eso no sea óbice para que no se deban hacer estudios acústicos previos pertinentes —tal y como exige esta ley, indican—. Pero sobre todo, esta alegación va encaminada a acabar con que “todo se autoriza sin estudio acústico, sin límite de control efectivo en el desarrollo de la actividad”, como denuncian.
En consonancia, se propone que se eliminen los artículos 47 y 48 de la propuesta de ordenanza, referidos a celebraciones populares y conciertos, respectivamente, al asegurar que vulneran varios apartados de la Ley 37/2013. Aunque también hacen propuestas para modificar algunos de estos, porque piensan que se abre la veda a legalizar actuaciones con 90 decibelios al aire libre, cuando es una cantidad superada de la establecida por ley en ambientes exteriores. O por ejemplo también proponen añadir que no se permitan actuaciones en el exterior que empleen elementos de percusión, salvo que sea en espacio limitado y no moleste. Algo que a priori, podría afectar por ejemplo a las cada vez más típicas batucadas.
También hay alegaciones en lo referido a la recogida de los servicios de limpieza para que se concreten horas nocturnas para que los camiones hagan su trabajo. Aunque la mayoría de sus propuestas van dirigidas al mundo nocturno y al ocio, por lo que habrá que ver cómo reacciona próximamente el Consistorio, ya que rechazó sus primeras alegaciones, y tiene por otra parte a los comerciantes quejándose de esta ordenanza y de las propias enmiendas propuestas por la Asociación de Afectados por el Ruido.
