Fotomontaje sobre el aspecto de los muelles de Poniente del Puerto de Alicante en el caso de que se construyesen los depósitos. Foto: GUANYAR ALICANTE. No existen vetos preestablecidos que puedan evitar la instalación de una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías que explota Terminales Marítimas del Sureste (TMS) en el Puerto de Alicante. No lo es la declaración institucional que se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Alicante en el pleno del pasado octubre, ni tampoco el convenio suscrito en 1995 por el que se acordó el traslado de los depósitos de CLH desde el recinto portuario hasta su ubicación actual, en la partida de Els Reiets de El Bacarot.
Ese convenio dejó de estar en vigor en el momento en el que se completaron sus efectos. Es decir, cuando se ejecutó dicho traslado, según confirmaron las fuentes consultadas. En concreto, en la cláusula novena de dicho acuerdo se estipulaba que permanecería en vigor hasta el momento en el que se completase el desmantelamiento de las instalaciones de CLH y comenzasen a funcionar en su nueva ubicación. Además, según las mismas fuentes, la posición expresada por las cinco partes que firmaron aquel documento (la Generalitat, el Ministerio de Industria y Energía, CLH, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria) para que no volviese a asentarse ninguna instalación similar en suelo portuario no figuraba entre sus cláusulas, por lo que esa voluntad compartida no tenía en realidad ningún alcance normativo.
¿Cuál sería la consecuencia de ello? Sencillamente que la propuesta impulsada por la empresa XC Business 90 para situar seis primeros depósitos (ampliables con otros 12 en una segunda fase) tendría el camino despejado siempre que el consejo de administración del Puerto de Alicante diese su visto bueno al cambio en la concesión de la que dispone TMS para que los depósitos tuviesen encaje. Esa decisión, como viene informando Alicante Plaza, no está tomada, ya que, antes, deben resolverse el millar de alegaciones presentadas contra ese cambio en la concesión. De hecho, en la última reunión del consejo se aprobó una prórroga de otros cuatro meses para que los técnicos del Puerto pudiesen resolver esas objeciones. Además, incluso después de esa hipotética aprobación, el proyecto de los depósitos de combustible debería completar su tramitación administrativa para obtener los permisos preceptivos del Ayuntamiento de Alicante y de la Generarlitat.
Se trata, en realidad, de un recorrido idéntico al que se enfrenta el proyecto de construcción de la terminal de graneles en el muelle 17 del Puerto de Alicante, adjudicado a la multinacional Eiffage a cambio de su explotación comercial por un plazo de 30 años. El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, apuntó este martes, en el transcurso de un encuentro informativo, que este proyecto podría quedar aprobado de forma definitiva en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria a principios de abril, después de que sus técnicos hayan evaluado la propuesta de modificación presentada por la concesionaria con algunas mejoras respecto al proyecto básico presentado inicialmente por lo que concierne a sus dimensiones. Los técnicos deben evaluar ahora si esa nueva versión del proyecto constructivo requiere que se tramite una modificación sustancial de la concesión acordada el pasado julio.
Según Gisbert, si se produce esa aprobación, Eiffage podrá solicitar las licencias correspondientes ante el Ayuntamiento de Alicante y ante la Generalitat Valenciana para contar con el permiso de obra y actividad, de competencia municipal, y con la autorización de emisiones a la atmósfera, de competencia autonómica, pese a que en realidad, según insistió, "no habrá emisiones", ya que toda la actividad de carga y descarga de materiales pulverulentos se canalizará bajo techo, a cubierto.
Con ese calendario, Eiffage podría estar en condiciones de iniciar las obras incluso a lo largo del mes de junio. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses, aunque la construcción del edificio podría estar finalizada antes. Gisbert recalcó que, a partir de su entrada en funcionamiento, no se producirán nuevas emisiones de partículas motivadas por el movimiento de graneles.
Así, señaló que todas las mediciones encargadas por el Puerto y las evaluaciones periódicas a cargo de consultoras ambientales homologadas y acreditadas por la Generalitat certifican que los niveles de contaminación generados por la actividad del Puerto se encuentran en los límites de lo que establece la legislación. Y, además, señaló que todos los estudios, incluido el que el Puerto encargó a la Instituto Universitario de Procesos Químicos de la Universidad de Alicante (UA) de un año de duración, concluyen que en las mediciones captadas en el entorno del recinto portuario no solo se detecta la presencia de partículas en el ambiente relacionadas con la actividad de los graneles, sino que esa presencia también obedece a otras causas como el tráfico, la entrada de aire de procedencia sahariana o incluso de la propia sal marina.
Como publicó Alicante Plaza, Eiffage presentó su propuesta de proyecto el pasado 5 de febrero, cinco meses después de haberse convertido oficialmente en adjudicataria de la concesión. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó su propuesta el pasado mes de septiembre, tras haber comprobado que reunía los requisitos técnicos establecidos.
Además, Gisbert subrayó que el Puerto dispone de un protocolo de funcionamiento propio por el que se aplican paradas de la operativa en los momentos en los que se detectan picos de contaminación. Esas paradas pueden durar solo unas horas o, en casos excepcionales, incluso varios días, como sucedió a lo largo de la semana pasada, cuando se registraron niveles de concentración superiores a lo habitual por la concurrencia de condiciones climatológicas adversas (falta de viento).
