ALICANTE. La segunda sesión de la comisión sobre el cumplimiento del contrato de limpieza viaria y recogida de la basura de Alicante, celebrada este jueves, permitió conocer una radiografía de máxima definición sobre el estado del servicio y sus perspectivas de futuro. El jefe del Servicio de Limpieza y Residuos, Manuel Marco, diseccionó en una de comparecencia que se prolongó durante más de dos horas y media cuáles son los retos de una prestación que ahora abarca tres conceptos distintos (limpieza viaria, recogida de residuos y su tratamiento y eliminación), pero que se pretende segmentar en al menos dos contratos distintos en cuanto venza el servicio actual, en septiembre de 2021.
Por partes. Según Marco, el objetivo de su departamento es, al menos, licitar dos contratos por separado: uno específico para la limpieza viaria y otro, que -a su vez, podría dividirse en dos lotes- para la recogida viaria de residuos y para su tratamiento y eliminación, al margen de que los concursos pudiesen adjudicarse a una misma empresa. El primero (el de la limpieza viaria) podría tener una duración de entre 5 y 8 años. Y el segundo, que conlleva la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, entre 12 y 20. Todo dependerá de la elaboración del Plan Local de Residuos y del Proyecto de Gestión del Plan Zonal de Residuos en los que ya trabaja la concejalía, en paralelo a los estudios de consultoría externa ya adjudicados a Grupotec y a la redacción del reglamento de participación ciudadana que requiere ese proceso.
En principio, el jefe del Servicio insistió en que el proceso de licitación de esos nuevos contratos podría estar en marcha para septiembre de 2021, cuando finaliza el contrato en manos de UTE Alicante (la alianza empresarial compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica, del empresario Enrique Ortiz). Con todo, admitió que esos concursos podrían demorarse por la posible presentación de recursos administrativos o en vía judicial. De ahí que confirmase que se baraja la posibilidad de negociar al menos una posible prórroga sobre cada uno de esos tres servicios por separado en función de las necesidades que se planteen en el momento de la extinción del contrato actual, y no en los términos en los que se contempla en el pliego de condiciones. En él, se prevé la concesión de una posible prórroga de dos años que, como adelantó Alicante Plaza, UTE Alicante ya ha solicitado, según confirmó Marco. Eso sí, expresó su confianza en que, antes del verano de 2021, al menos sí pueda licitarse el contrato de limpieza viaria.
En todo caso, a preguntas de los representantes de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición (en este caso, PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís, ante la ausencia de los ediles de Vox), Marco detalló que la dificultad que se debe afrontar de manera más inmediata es la recepción de residuos procedentes de los municipios de la Vega Baja a partir del mes de abril, como consecuencia del cierre temporal del vertedero de San Javier (Murcia) al que se estaban derivando hasta ahora.
¿Por qué motivo sería problemática la llegada de esos residuos ajenos? Básicamente, porque podría superarse la capacidad operativa de la que dispone la planta de tratamiento de Fontcalent. Marco indicó que ya se había elevado una consulta a la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental para que concretase qué cantidad de residuos -de las 40.000-45.000 toneladas previstas por convenio- podrían derivarse desde los tres municipios de la Vega Baja que transportarán sus desechos hasta Alicante (Bigastro, Pilar de la Horadada y parte del municipio de Orihuela), ya que podría producirse "un exceso" de toneladas no asumibles. Al menos, esa situación podría darse entre los meses de mayo y septiembre, cuando se dispara la generación de residuos como consecuencia de la llegada de turistas tanto a Alicante como a dos de esos municipios que también disponen de costa (Pilar de la Horadada y Orihuela). "Veo difícil que podamos dar respuesta a ese incremento por lo que habría que planificar con la Dirección General otro tipo de actuaciones", señaló.
En esta línea, apuntó que la planta de Alicante trata en torno a 129.000 toneladas anuales procedentes de la propia ciudad y que, en 2019, recibió unas 21.000 toneladas de residuos foráneos, fundamentalmente también procedentes de municipios de la Vega Baja (la sexta parte de lo que se recibía hasta 2014), al margen de un volumen testimonial procedente de municipios del interior de Valencia. Marco añadió, además, que la llegada de residuos ajenos no es, por lo general, un problema, siempre que se mantenga en cantidades asumibles, ya que, en estos momentos, su gestión está dimensionada para recibir entre 140.000 y 160.000 toneladas, de modo que no alcanzar ese volumen generaría costes por "subactividad".
A preguntas de los grupos de la oposición, Marco aclaró que la UTE concesionaria no recibe ningún pago adicional por la llegada de envíos de residuos ajenos. Sin embargo, sí reconoció que con ese volumen adicional se contribuye a acortar el periodo de vida útil de las instalaciones de vertido sin que Alicante pueda oponerse a su recepción "por una cuestión de legalidad, puesto que formamos parte de una red de consorcios aunque constituyamos un consorcio por nosotros mismos".
Así, señaló que en estos momentos, las instalaciones de Fontcalent dispondrían de capacidad para seguir almacenando la porción resto de los residuos (el porcentaje ya no reutilizable) durante un plazo de otros cinco años. Igualmente, confirmó que el próximo proyecto de gestión del plan zonal contemplará la construcción de una quinta zona de vertido en los terrenos que ya forman parte de las instalaciones de la planta de tratamiento, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) tumbase el intento precedente por defectos formales de tramitación, como también ha informado este diario.
Marco confirmó, además, que ya se había procedido a registrar las cesiones de terrenos en los que se encuentra la planta de tratamiento que deben revertir en el Ayuntamiento en cumplimiento del contrato anterior, en manos de Inusa, que venció en 2012. El edil socialista, Raúl Ruiz, preguntó entonces, si se había comprobado que esos terrenos se encontraban libres de cargas (deudas o hipotecas) antes de asumir su recepción. Y Marco señaló al respecto que esa era una cuestión bajo la competencia de la Concejalía de Hacienda que entendía que se había tenido en cuenta.
En cualquier caso, Marco señaló que el aspecto en el que más cabría incidir a futuro respecto al proyecto de gestión de la planta de tratamiento es en la necesidad de reducir la cantidad de residuos que acaba en vaso de vertido a partir del reciclaje y la recuperación, con el fin de evitar posibles sanciones de la Unión Europea (UE). Para ello, consideró esencial avanzar en la recogida selectiva y, en especial, en la de los residuos orgánicos. En este sentido, avanzó que ya se están estudiando sistemas para implantar el sistema de recogida puerta a puerta, "lo que no implica un sistema de bolseo, sino de servicio especial para retirar los residuos de establecimientos hosteleros, por ejemplo".
Además, también incidió en que se está trabajando en la recuperación y reparación de los contenedores de compostaje habilitados en la ciudad, que estaban deteriorados, y en una implantación efectiva de la experiencia que se puso en marcha con el llamado quinto contenedor, en 2016, con la incorporación de un software y un hardware adecuado que permita abrirlos de forma controlada para realizar el depósito de los residuos orgánicos y conocer su evolución.
En esta línea, también señaló que se podía contemplar la construcción de una planta de biorresiduos en las instalaciones del centro de tratamiento de Fontcalent. Y señaló que en el nuevo proyecto de gestión también se incorporará la necesidad de construcción de otros dos nuevos ecoparques en el Distrito de Playas y en la Zona Norte, al margen del existente en Aguamarga.
La próxima sesión de la comisión sobre el cumplimiento del contrato quedó convocada para el próximo 20 de abril, con la comparecencia del técnico que ejerce como responsable del contrato, el ingeniero Sebastián Chicote (autor del pliego de condiciones del contrato actual).