Ximo Puig, en la Noche de las Telecomunicaciones, el pasado 11 de julio. Foto: EDUARDO MANZANALo peor que puede hacer Ximo Puig es no acudir a Les Corts ya a dar explicaciones –a que le coloreen la cara– y lo segundo peor es acudir en agosto, que es cuando los políticos hacen lo que, por hache o por be, quieren que pase inadvertido. La tercera peor opción es ir en septiembre porque es revivir la pesadilla cuando ya está todo el mundo con las pilas recargadas, incluidos sus enemigos, que no sus adversarios en el sentido churchilliano del término.
Puig debe presentarse en sede parlamentaria a explicarlo todo. Eso sí, después y no antes de que lo haga Manuel Illueca porque el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) es todo sinceridad y si hay la más mínima contradicción entre las dos versiones le vamos a creer a él y no al president, con todos mis respetos al Molt Honorable.
Ximo Puig no es un político ladrón. No es de los que meten la mano en la caja o hacen el egipcio. (Por cierto, muy recomendable el libro de Quico Arabí Ciudadano Zaplana) Le puede mover, como a muchos otros, la vanidad, el deseo de agradar a los amigos, la adulación o el ansia de pasar a la historia, pero no el enriquecimiento personal. Y eso le puede llevar a cometer errores. Como le pasó a Camps, salvando las distancias porque el actual president no tiene a toda la cúpula de su partido condenada por financiación ilegal ni a ningún conseller en la cárcel o camino de ella. La prueba más clara es que Puig lleva 35 años en política y su único patrimonio relevante es el mismo que tenía entonces, la participación del 1,17% en Pecsa, la editora del periódico Mediterráneo.
Anda el president contrariado, explicando en bucle que cómo iba a vender esa participación, valorada ahora en 177.000 euros, si es el patrimonio que piensa dejar a sus hijos. Es obvio, visto el temporal, que debió venderla cuando llegó a la Presidencia de la Generalitat, pero también lo es que no le habrían pagado esa cifra, ni mucho menos, porque ya se sabe que una cosa es el valor en libros y otra el valor de mercado. Ese 1,17% de una empresa no cotizada que no repartía dividendos –lo hace desde 2016– y que estaba controlada en un 85% por un grupo empresarial (Zeta) con graves problemas financieros no lo iba a comprar ni la familia Asensio. Así que no venderlas en 2015 no fue un error porque solo podía malvenderlas.
La Abogacía de la Generalitat ya se ha pronunciado sobre la participación del president en la aprobación del decreto del Consell que permitía al IVF hacer quitas, así como su responsabilidad en la quita concreta de la deuda del Grupo Zeta, deuda de 99 millones en la que el IVF participaba con un 2%. La quita fue del 70% e hizo posible que el grupo Editorial Prensa Ibérica (EPI) comprara Zeta. El IVF condonó 1,3 millones de euros que ya tenía provisionados.
De lo segundo, la quita en sí, no hay nada irregular según la abogada general, María José Rodríguez Blasco, porque el IVF es soberano para aprobar operaciones y Puig no participó en la decisión.
En realidad, la quita que aprobó tiene toda la lógica financiera y es habitual para rescatar empresas. Lo que no es lógico es que el IVF perdiera las garantías hipotecarias que tenía con Pecsa cuando sindicó su crédito con el del Grupo Zeta, una operación aprobada en 2009 que alguien debería explicar porque es lo que realmente perjudicó al IVF. Hay una cuestión, eso sí, que la abogada no recoge porque no es su cometido pero que los medios de comunicación sí recogimos cuando, en un alarde de sinceridad que le honra, Illueca reveló que Puig le había preguntado por el crédito del IVF con el Grupo Zeta.
Conflicto de intereses tampoco existió, explica la Abogacía, porque lo que aprobó el Consell era una norma de carácter general –la posibilidad de hacer quitas por parte del IVF–, aunque la primera y única vez que por el momento se ha hecho ha beneficiado al grupo al que pertenece el periódico del que es accionista Ximo Puig. O, más bien, al grupo comprador, que ahí está la clave.
La polémica se ha centrado en la participación de Puig en Mediterráneo, que es un periódico rentable y un buen lugar donde tener tu patrimonio si no eres presidente de la Generalitat. Pero Mediterráneo no es el beneficiario de la quita, como tampoco lo es el Grupo Zeta. El beneficiario real de la quita es el grupo EPI con el que Puig tiene vínculos emocionales e ideológicos más importantes que los que representa su 1,17% en Pecsa-Mediterráneo.
La explicación que Puig no puede dar en Les Corts es que cuando se interesó por el préstamo del IVF al Grupo Zeta no estaba pensando en su paquetito accionarial en Pecsa sino en sus amigos, como ha ocurrido en cada una de las polémicas que le han afectado desde que es presidente, desde Carns de Morella a Baleària, pasando por las subvenciones a las empresas de su hermano.
EPI es la editora de Levante e Información, dos periódicos claramente alineados con él y que son, con mucha diferencia, los que más publicidad institucional reciben de la Generalitat. Además, Levante está dirigido por la penúltima jefa de prensa de Puig en el PSPV y en la Generalitat; la última es redactora de Política en Las Provincias. EPI ya tenía otro periódico en Castellón, Levante de Castelló, pero el líder destacado era Mediterráneo, cuya línea editorial ha sido hasta ahora de derechas.
Así, la operación de compra del Grupo Zeta por parte de EPI era políticamente muy rentable para Puig y no era cosa de ponerle la zancadilla: Al hacerse con Mediterráneo, EPI controlaría los periódicos más vendidos de cada una de las tres provincias y le debería un favor (otro) al president. Si no hubiese sido accionista de Pecsa, Puig habría preguntado igualmente por la operación.
Es como cuando el PSPV quiso colar vía enmienda una modificación de la Ley de Puertos que beneficiaba directamente a Baleària, del amigo Adolfo Utor, quien para no andarse con disimulos fichó en esas mismas fechas a José Manuel Orengo. Era una enmienda de carácter general, afectaba a todos los puertos, pero el único donde se había pedido crear una corporación era el de Dénia. Como Carns de Morella. O como las resonancias magnéticas en los hospitales públicos, que Eresa sigue gestionando porque la reversión lleva nueve meses parada después de una provechosa misión comercial a Canadá presidida por Puig. Provechosa para Lorena Saus.
¿Aguantará la presión el presidente?, me preguntan. Pues, como suele ocurrir en estos casos, depende de por dónde sople el viento, pero si es en septiembre igual sopla más fuerte que en julio.
