Ximo Puig y Pedro Sánchez. Foto: EFEVALÈNCIA. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo valenciano, Ximo Puig, se vieron las caras este miércoles en La Moncloa en el primer encuentro oficial entre ambos dirigentes desde que el líder socialista alcanzara el poder merced a la moción de censura sobre Mariano Rajoy. Un encuentro enmarcado dentro de la ronda de contactos con responsables autonómicos que inició Sánchez en junio y que se celebra por orden de aprobación de estatutos, correspondiéndole a la Comunitat Valenciana la novena posición.
La cita, que se prolongó durante cerca de dos horas y estuvo marcada según Puig por la "cordialidad" y el "compromiso", evidenció para el presidente valenciano que el Gobierno de España es un "aliado de la Comunitat". Una afirmación que corroboró con el anuncio de que Sánchez acudirá a los actos institucionales del próximo 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.
Ya en harina, el presidente de la Generalitat sacó pecho con varios acuerdos alcanzados sobre los que destacó el anuncio por parte del jefe del Consell de que en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2019 las inversiones territorializadas en la Comunitat Valenciana sumarán el 10% del total. Una exigencia recurrente del Consell basada en la población existente en la autonomía y el peso del PIB regional el conjunto de España.
Así pues, a priori, éxito incontestable que, haciendo un cálculo aproximado basado en los datos del ejercicio anterior supondría más de 1.000 millones de euros en inversiones procedentes del Estado. Solo hay que echar la vista atrás a los presupuestos de los últimos 15 años para constatar que, al menos en ese periodo de tiempo, nunca los valencianos han dispuesto de una cifra tan alta de inversiones.
Por mencionar algunos ejemplos, en 2008 y 2011, con el socialista Rodríguez Zapatero al mando, la Comunitat recibió un 8,5%, mientras que los baremos más bajos fueron los de 2013 y 2014 con Mariano Rajoy en La Moncloa. Es decir, el anuncio de Puig tras la reunión con Sánchez, de cumplirse, significaría un gran impulso inversor del Estado más aún teniendo en cuenta que la promesa se sustenta en un porcentaje y no en un número concreto de millones. O lo que es lo mismo, si el presupuesto fuera más expansivo, la Comunitat recibiría más dinero.
Sin embargo, y antes de entrar al detalle de algunos asuntos mencionados, conviene destacar que, horas después de la comparecencia exultante de Puig, el Gobierno central remitía un comunicado en el que se mostraba mucho más comedido a la hora de concretar tanto las inversiones como otras cuestiones que se trataron en la reunión. Una maniobra, el de rebajar cualquier tipo de euforia, que es por otro lado bastante habitual -sea cual sea el signo político gobernante- desde La Moncloa: ya sea por evitar confrontaciones con otras autonomías que puedan sentirse agraviadas por los compromisos o simplemente por las dificultades que puedan surgir en la aplicación de los mismos.
De esta manera, el Gobierno expresaba su compromiso en materia de inversiones de "aproximarse, en la medida que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, a la media per cápita del resto de las Comunidades Autónomas", mencionando en especial el Corredor Mediterráneo. La Moncloa tampoco expresaba demasiada concreción respecto al Transporte Metropolitano de València, sobre el que Puig subrayó en la rueda de prensa el compromiso de 38 millones de euros que venían reivindicando el Consell y el Ayuntamiento. Así, la nota del Gobierno apuntaba a que la cuantía deberá "concretarse con el Ministerio de Hacienda dentro del proceso de elaboración de los Presupuestos" y puntualizaba que esta ayuda se realizaría "en la línea de lo que ocurre con otras grandes ciudades españoles".
El punto más decepcionante del encuentro giró en torno a la reforma del sistema de financiación. Puig afirmó que Sánchez se había comprometido a hacer "todo lo humanamente posible" para avanzar en la remodelación y, mientras tanto, activar también en las próximas cuentas medidas compensatorias para las autonomías infrafinanciadas como la valenciana.
Un asunto que en la nota de La Moncloa apenas se mencionaba en la introducción sin mayor profundidad que la de proceder a "refinanciar la deuda de la Comunitat". Sí se hacía hincapié desde el Gobierno, a petición del Consell, en la atención al número de desplazados que atienden los servicios sanitarios valencianos, para lo cual el Ejecutivo de Sánchez se compromete a desarrollar el Real Decreto Ley 16/2012 que creó el Fondo de Garantía Asistencia con el objeto de ampliar los servicios cubiertos y optimizar los mecanismos de compensación entre Comunidades Autónomas.
Por su parte, Puig prefirió incidir en la rueda de prensa en el compromiso por parte del Gobierno central para cumplir en los próximos años con la aportación del 50% en materia de dependencia y que ahora se encuentra en un 12%. Una queja reiterada del departamento de la vicepresidenta, Mónica Oltra, y que según el jefe del Consell empezará a resolverse en los próximos PGE si bien no fue mencionada en el comunicado de La Moncloa.
En definitiva, luces y sombras de un encuentro que deberá concretarse -e incluso aclararse en algunos puntos- en la comisión bilateral entre ambos gobiernos que Puig también anunció tras la reunión y que tampoco fue reflejada en la nota del Ejecutivo central.
No obstante, las previsiones hechas públicas por el presidente valenciano -que contaron reacciones escépticas desde el PPCV y Ciudadanos- están por encima de las que se habían realizado nunca en este tipo de encuentros. Habrá que esperar si quedan en papel mojado por incomparecencia de Sánchez o por la propia imposibilidad de domar el Congreso con sus 84 diputados con la consiguiente convocatoria electoral y la evaporación de todas las promesas realizadas -o no realizadas- este miércoles.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
