El Gobierno y el PSOE aplauden la aprobación de la reforma fiscal, el pasado jueves. Foto: EFE/FERNANDO VILLAR VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes se ha sumado a las críticas por el impuesto a la banca aprobado la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Como ha señalado este diario en numerosas ocasiones, el nuevo impuesto, que se repartirá entre las comunidades autónomas en función del Producto Interior Bruto (PIB) regional, premia a las comunidades autónomas más ricas y castiga a las que están a la cola. Entre éstas, la Comunitat Valenciana.
Un inédito sistema de reparto que fue propuesto por Junts y apoyado inicialmente por el Gobierno y todos sus socios de legislatura. "La recaudación del impuesto a la banca se pretende repartir entre las comunidades autónomas en función de su PIB, alejándose así del criterio poblacional o del habitual criterio de población ajustada, que tiene en cuenta las diferentes necesidades asociadas a la estructura poblacional", señala la Sindicatura en su informe de Fiscalización de la cuenta general de la Generalitat 2023. "Con el reparto en función del PIB se beneficia a las comunidades autónomas más ricas y se perjudica a aquellas con mayor diferencia negativa entre su aportación al PIB y su peso poblacional, como es el caso de la Comunitat Valenciana", recuerda.
En este sentido, apunta a la necesidad de avanzar en el diseño de un nuevo modelo de financiación. "La Comunitat Valenciana deberá seguir exigiendo un resarcimiento de la parte de la deuda acumulada durante los últimos años a causa de la infrafinanciación, tanto del componente compartido con otras comunidades de régimen común, como del específicamente valenciano", recalca el ente presidido por Vicent Cucarella.
Haciendo una estimación con datos del PIB de 2022 y la previsión de recaudación de este impuesto, en el caso valenciano serán más de 30 millones de euros al año lo que la Generalitat dejará de percibir del impuesto a la banca entre 2025 y 2027 por repartirse el dinero en función del PIB y no de la población. Una cifra que, además, se prevé a la baja, ya que la aprobación del nuevo criterio de reparto se produce al día siguiente de que el INE publicara los datos del Producto Interior Bruto de las CCAA en 2023, que muestran que la Comunitat Valenciana perdió peso en el conjunto nacional al crecer muy por debajo de la media.
Además, la Generalitat prevé que los efectos de la Dana lastren en dos décimas el crecimiento de la economía valenciana ya este año y también en 2025. Y eso supondrá aún menos dinero. Con este escenario, la Sindicatura insiste en la conveniencia de implantar "de inmediato" un mecanismo transitorio que resuelva dicha infrafinanciación durante el tiempo que transcurra hasta que se apruebe el nuevo modelo. De lo contrario, según señala, la Administración de la Generalitat seguirá viéndose sometida a la dificultad de conciliar simultáneamente presupuestar de forma adecuada los gastos del estado de bienestar, el respeto a la estabilidad presupuestaria y un tratamiento ortodoxo de las previsiones de ingresos.
