ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca a la norma por la que se rige la concesión de licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Alicante. El bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) aborda ahora la quinta modificación de la ordenanza por la que se regula la tramitación de dichos permisos en la que, además de incorporar las últimas novedades legislativas, se pretende establecer un nuevo sistema para priorizar la evaluación de solicitudes, no ligado necesariamente al orden de prelación (anticipación) en su presentación, como han venido reivindicando en sucesivas ocasiones las asociaciones empresariales ligadas al sector de la construcción, por ejemplo.
Así, la propuesta de revisión (ahora sometida a una fase de consultas previas para que puedan formularse aportaciones), ampara la posibilidad de resolver, en primer lugar, aquellas solicitudes de licencias relacionadas con proyectos de inversión en los que se acredite la generación de determinados niveles de empleo o fomenten el desarrollo de actividades económicas innovadoras, a partir del nuevo marco legal que proporciona la Ley 19/2018 de Aceleración de la inversión a proyectos prioritarios.
Se trata de una cuestión recogida a través de la disposición adicional número 15 en la que se concreta que las iniciativas empresariales que sean declaradas "proyectos prioritarios de inversión" tendrán "carácter urgente" de modo que se reducirán "a la mitad" los plazos ordinarios de tramitación de esos expedientes. Esa declaración o reconocimiento concreto como proyecto prioritario de inversión quedará bajo la competencia de la Agencia Local de Desarrollo, quien deberá emitir un informe al respecto, en el plazo de diez días siguientes al registro de la correspondiente solicitud, por parte de los promotores de dicho proyecto.
¿Qué criterios se seguirá para calibrar si corresponde conceder o no esa declaración? De acuerdo con la propuesta de revisión de la ordenanza, en esencia, se considerará proyectos prioritarios de inversión aquellos que aporten "un valor añadido en áreas como el desarrollo tecnológico y la innovación, desarrollo y vertebración territorio, generación de empleo, recuperación y fomento de sectores tradicionales, protección medioambiental, promoción de la inclusión social, igualdad y conciliación en el ámbito laboral o corresponsabilidad, entre otros criterios económicos, sociales y medioambientales".
También recibirán ese reconocimiento "los que aporten un valor añadido a la conservación del patrimonio" sometidos a procedimientos de autorización mediante licencia de Intervención y/o actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimoniales protegidos o catalogados, o en fase de catalogación, con independencia del presupuesto de ejecución material".
Igualmente, lo serán aquellos que supongan "la generación de diez o más puesto de trabajo con contrato indefinido a jornada completa; los que impliquen la realización de una inversión en activos fijos, excluyendo los inmobiliarios, por importe igual o superior 600.000 euros". Y, por último, cuando el presupuesto de ejecución material sea superior a un millón, y el proyecto en cuestión contenga el compromiso de cumplir con dos o mas de las siguientes condiciones, recogidas en la propuesta de revisión de la ordenanza.
Se tramitarán con antelación los proyectos declarados como prioritarios de innovación por parte de la Agencia Local de Desarrollo
En primer lugar, que aporten un valor añadido de generación de empleo directo, durante la ejecución material de las obras e instalaciones, superior a veinte trabajadores. En segundo término, que se trate de obras de rehabilitación que fomenten la conservación de la imagen edilicia y su revalorización y recuperación estética de edificaciones con 50 años o más y que no estén catalogadas. En tercer lugar, que se promueva obras e instalaciones que faciliten la accesibilidad en las edificaciones existentes o incorporen nuevas instalaciones que posibiliten el acceso universal a todas las viviendas existentes en el edificio.
En cuarto lugar, que se planteen obras, nuevas o de rehabilitación, en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento término y/o eléctrico de la energía solar para la edificación en su totalidad. Y el quinto y último requisito sería que se trate de obras e instalaciones en edificaciones existentes que faciliten la recarga para vehículos eléctricos en estacionamientos privados y/o públicos, bien con puntos fijos o por la construcción de electrolineras".
Con ello, se trata de premiar o incentivar aquellos proyectos que introduzcan sistemas de sostenibilidad ambiental en la construcción, o que favorezcan la conservación y recuperación del patrimonio cultural y arquitectónico, entre otros puntos.
Además, la propuesta de modificación de la ordenanza también incluye una novedad relacionada con los puntos de recarga de vehículos eléctricos. El texto plantea por primera vez la obligación de que los proyectos de construcción de nuevas promociones deban incluir obligatoriamente su preinstalación. En el caso de los bloques de 50 a 100 viviendas, deberá proveerse al menos de un punto de recarga rápida, dos en los proyectos de 100 a 150 viviendas y tres para los de más de 150.
En tercer término, la propuesta de revisión de la ordenanza también prevé por primera vez la obligación de certificar el destino de los escombros generados durante los trabajos de demolición y nueva construcción con el propósito de combatir la formación de escombreras ilegales difuminadas en varias zonas del término municipal.
El documento de revisión es todavía una propuesta, pendiente de aprobación en Junta de Gobierno, con el que se daría cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), tras su toma de posesión como concejal delegado del área, que él mismo comunicó durante su primera reunión de trabajo con los representantes de la Asociación de Promotores de Alicante (Provía). De hecho, Santos Pérez mantuvo este lunes un encuentro informativo con respresentantes de los sectores vinculados con el sector de la construcción, como los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales y agentes de la propiedad inmobiliaria, así como representantes de Provía y Fopa.
En ese encuentro, se acordó ampliar el periodo de consultas previas -que expiraba inicialmente este mes- con el fin de que se pudiesen formular sugerencias hasta finales de febrero. En principio, el bipartito baraja la posibilidad de que la propuesta definitiva de modificación de la norma pueda aprobarse en Junta de Gobierno a finales de marzo, de modo que pueda ser sometida a votación en el pleno de abril.