Ximo Puig y Pedro Sánchez, durante un mitin en Valencia. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. Los últimos movimientos del principal partido de la oposición, el PP, y de su socio mayoritario en el Gobierno del Botànic, Compromís, en el tablero de ajedrez de la financiación autonómica han dejado al president de la Generalitat, Ximo Puig, en jaque. El reconocimiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que no trabaja actualmente en la reforma del modelo a pesar de llevar tres años demandando prórrogas para cumplir con este compromiso, ha encendido la mecha de la paciencia en la coalición valencianista y abierto la puerta de la reivindicación a los populares, en quienes Montero descarga la imposibilidad de acuerdo.
Dos frentes que sitúan al jefe del Consell entre la espada y la pared, entre un PP y Compromís que ya ejercen una 'pinza' aunque no sea en forma de escenificación. Los primeros aprovecharon este lunes a través del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), para plantear a Ximo Puig (PSPV) conformar un "frente común" para reclamar al Gobierno central una financiación justa para ambas comunidades, ya que son en este momento las más "damnificadas" por el actual sistema.
Aunque el jefe del Consell aceptó para no quedarse atrás en la reivindicación y ambos mantendrán una reunión el próximo septiembre en Sevilla, la invitación envenenada pone en serios aprietos al número uno del Ejecutivo valenciano por varios motivos. En primer lugar, porque antaño fue el Gobierno autonómico el que intentó liderar esa alianza de los territorios perjudicados por el actual modelo de financiación que lleva caducado desde 2014. De hecho, Puig no faltó en la manifestación que organizó la plataforma Per un Finançament Just que integran tanto la CEV, CCOO-PV y UGT-PV, como PSPV, Compromís, Unides Podem y Ciudadanos en 2017 para reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy la reforma del actual sistema.
No atender ahora las propuestas que tratan de sumar fuerzas frente al Ejecutivo central para tratar de resolver el primer problema de la agenda valenciana tendría difícil justificación, dado que cuando el morador en Moncloa no era el PSOE sí se apostó por este tipo de estrategia. Esa unión ya se fraguó en su día con Baleares y Murcia, pero también con Andalucía cuando Susana Díaz era presidenta. Algo que se concretó en un documento con exigencias firmado por los respectivos dirigentes.
En segundo lugar, el ofrecimiento pone en un apuro a Puig por los motivos que ha esgrimido el Gobierno central para no atender por enésima vez el problema valenciano de la infrafinanciación: que la culpa es del PP porque sin sus apoyos en el Congreso es inviable llegar a un entente de máximos sobre la reforma del modelo.
Las declaraciones de Moreno de este lunes y del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada sobre su disposición a sentarse a negociar una reforma, por tanto, desmontan el razonamiento que la ministra de Hacienda ofreció a los representantes de la plataforma Per un Finançament Just y exhiben que los populares, a nivel estatal, podrían dialogar. En todo caso, y aunque la negociación acabara sin acuerdo, parece razonable que al menos se intente, y para ello lo primero es que el Gobierno ponga sobre la mesa la tan prometida propuesta sobre la que comenzar a trabajar. Algo que, de momento, ni siquiera está en los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez pese al compromiso adquirido.
En la otra orilla, Puig tiene un problema no mucho menor: su principal socio de Gobierno planea ya una hoja de ruta al margen del Consell y de los socialistas para dar un golpe en la mesa. Hartos del "ninguneo" del que se sienten objeto por parte del Ejecutivo y a la espera de comprobar si se trata únicamente de una verbalización del descontento o realmente pasan a la acción, en Compromís estudian estos días nuevas acciones que consigan colar el problema valenciano en la agenda estatal e, incluso, cambiar sus alianzas en el propio Congreso.
"El dedo que activó el 'sí' a Sánchez sigue existiendo. Y si el Gobierno de España no cumple con una parte fundamental del acuerdo de investidura, el mismo dedo que tiene que seguir votando cosas del mismo Gobierno puede replantearse dejar de hacerlo", advertían este lunes cargos de Compromís en declaraciones a Valencia Plaza.
Desde la coalición, de hecho, y aunque ni mucho menos entran a defender al PP, sí critican que el Ejecutivo central ponga de excusa a los populares para no presentar una propuesta de reforma del sistema. "¿Qué PP es el que no estaría de acuerdo? Porque aquí no hay uno solo. Esto ha dejado de ser una cuestión partidista, es política y territorial", indican fuentes de Compromís, que creen que existen dirigentes de esa formación que no se posicionarían en contra.
La pugna de los populares por arrebatar al PSPV la bandera de la financiación y la presión de Compromís para diferenciarse de sus socios en la defensa de los intereses valencianos puede acabar, así, en una curiosa convergencia de dos partidos que se encuentran en las antípodas ideológicas.
Con este escenario, Puig se enfrenta a un ejercicio de funambulismo del que es complicado salir ileso. Y, desde luego, en el que es casi imposible que logre convertirse en el actor principal en la reclamación de la reforma del modelo de financiación cuando algunos de sus argumentos son que ya no es importante –como sí lo era antes– contar con un calendario. Algo que ahora aseguran sin pudor incluso miembros socialistas destacados de su Consell como Vicent Soler.
Para el responsable de Hacienda en la Comunitat Valenciana, tener un horizonte respecto a la principal reivindicación de la autonomía no es importante, según admitió este domingo en una entrevista concedida al diario Levante. Un discurso difícil de encajar en las filas valencianistas después de que el propio conseller optase al inicio de la legislatura por renunciar a su acta para centrar su actividad en la reforma del modelo de financiación que lleva caducado siete años. Seis de ellos, con Soler en el Consell.
