Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA. El pasado jueves el Congreso de los Diputados aprobó el nuevo impuesto a la banca, que sustituye al vigente desde 2021, por 178 votos a favor y 171 en contra. Un nuevo impuesto cuya recaudación irá destinada las Comunidades Autónomas con un sistema de reparto que perjudica a la Comunitat Valenciana, a pesar de lo cual contó con el respaldo de los diputados valencianos del PSOE, de Compromís y de Esquerra Unida.
La letra pequeña del impuesto incluye una disposición, aceptada por el Gobierno y el PSOE porque así lo exigió Junts, que determina que el reparto de la recaudación se hará teniendo en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB) de las CCAA y no la población de cada territorio. Esto beneficia a las CCAA más ricas, especialmente a Madrid y Cataluña, y perjudica especialmente a las que tienen mucha población pero menor peso en el PIB, de forma destacada a la Comunitat Valenciana y Andalucía.
El portavoz de Compromís en Les Corts, que durante años también lo fue en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, cuestionó este lunes la aplicación de esta regla: "Nosotros siempre hemos dicho que en cualquier reparto del sistema de financiación un factor determinante tenía que ser la población porque es lo más justo. Por tanto, no creo que sea el criterio más acertado hacerlo de esta manera -en referencia al PIB".
No obstante, preguntado por qué su grupo apoyó entonces este impuesto en el Congreso la pasada semana, el síndic de la coalición explicó que en ocasiones "hay que hacer cesiones para que al final la banca acabe pagando". "No haberlo hecho hubiera sido que la banca se fuera sin pagar este impuesto", concluyó.
El impuesto, que sustituye al aprobado en 2021 y pasará ahora a debatirse en el Senado, tendrá una vigencia de tres años y gravará a las entidades financieras de forma progresiva en función de su cifra de negocios, con un tipo que será del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.
Se reparte en función de la riqueza de cada territorio, lo que acentúa las diferencias. Lo más progresivo desde el punto de vista territorial, sería hacerlo justo al revés, que recibieran más las menos ricas. No tiene en cuenta, además, la población de cada territorio y mucho menos la llamada "población ajustada", el criterio que se utiliza en el sistema de financiación autonómica para sobreponderar a algunas CCAA por criterios como insularidad, baja densidad de población o envejecimiento.
Además de Compromís, también votaron a favor otros partidos de obediencia autonómica como Coalición Canaria, a quien la aplicación de este criterio también perjudicará en términos de financiación. Con todo, PSOE y Sumar lograron el voto favorable de Junts, ERC, EH-Bildu, PNV, Podemos y los canarios además de Compromís. En contra se posicionaron PP, Vox y UPN.
