La basura de Alicante: crónica (incompleta) de un contrato con tres ajustes y aún por mejorar

ALICANTE. La comisión para el estudio y análisis del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante llega a la fase de conclusiones finales. Su labor se dio por extinguida en la última sesión de trabajo, celebrada este viernes, en una decisión que se precipitó con un portazo. Al menos ese fue el punto de vista que defendieron los representantes de los tres partidos del eje progresista que ejercen funciones de oposición: PSOE, Unides Podem y Compromís. Sus representantes (Raúl Ruiz, Llanos Canos, Vanessa Romero y Natxo Bellido) abogaron por su continuidad al considerar que todavía podría solicitarse una nueva comparecencia del técnico que impulsó la redacción del pliego, Sebastián Chicote, y que se podría dar cabida a la participación de entidades vecinales para que ofreciesen su valoración sobre la prestación, entre otras posibilidades de análisis. 

La perspectiva de los ediles del equipo de gobierno (PP y Cs) fue diferente. Manuel Villar, José Ramón González y Antonio Manresa defendieron que ya se había cubierto el objeto de la comisión, que ya se habían cumplimentado todas las comparecencias posibles y que, además, se había alcanzado el compromiso de mantener nuevas reuniones para hablar sobre el futuro del servicio con el fin de compartir información sobre la futura licitación (el contrato vence en septiembre de este año). En resumen, que no procedía alargar "el circo", como llegaron a calificarlo los representantes del bipartito en varios lances de la comisión. Así que, después de 45 minutos de enfrentamiento dialéctico sobre la cuestión, hubo votación. Y la mayoría proporcionada por la suma de PP y Cs se impuso, 14 votos frente a 13, con la particularidad de que no se contó con la participación de Vox (su representante, Mario Ortolá, abandonó la sesión tras la primera hora y media de las cinco horas y media en las que se prolongó).

Con ese resultado, los grupos quedaron emplazados a presentar sus escritos particulares de conclusiones hasta el 26 de marzo con el propósito de que pudiesen ponerse en común en busca de un hipotético dictamen conjunto en una última sesión de la comisión prevista para el próximo 8 de abril. Todo, además, supeditado a que Vox o cualquier otra formación política pueda plantear un recurso contra esa votación al considerar que se habría producido sin la participación de todos los miembros de la comisión. 

Sea como fuere, para cuando se desencadenó la bronca política en esa última fase de la sesión ya se había podido trazar un relato sobre la evolución del servicio y la ejecución del contrato gracias a las comparecencias de los exconcejales Víctor Domínguez y Miguel Ángel Pavón (ambos de Guanyar) y del actual titular del departamento de Limpieza, Manuel Villar (PP). Eso sí, fue un relato incompleto (como se encargaron de reprochar los representantes de PSOE, Unides Podem y Compromis), ya que no se pudo contar con la comparecencia del exedil del PP, Andrés Llorens, al frente de la concejalía durante la redacción del pliego de condiciones. Y tampoco con la de los exediles Fernando Marcos (PSOE), que relevó a Pavón entre noviembre de 2017 y abril de 2018, e Israel Cortés (PP), que sucedió a Marcos como titular de las competencias hasta mayo de 2019.

En todo caso, las explicaciones de los tres comparecientes sí sirvió para poner de manifiesto que el contrato (y la ejecución del servicio) arrancó con dificultades como consecuencia de las estrecheces económicas a las que se encontraba sometido el Ayuntamiento de Alicante en el momento de su licitación (2012). Y que, desde su puesta en marcha, se han venido aplicando hasta tres modificaciones distintas sin que todavía se haya conseguido un resultado óptimo. Tanto es así que, pese a las mejorías introducidas, todavía se plantea la posibilidad de aplicar una cuarta modificación (con su lógico incremento de costes) para incorporar nuevos servicios que no estaban contemplados desde el punto de partida y que tampoco se han tenido en cuenta durante los casi ocho años que han transcurrido desde el inicio de la prestación, tras el paso de seis concejales distintos, de diferente signo político. Entre esos servicios inéditos, figuraría la incorporación de la recogida selectiva del residuo orgánico, la del aceite usado, o la recogida del residuo textil.

El primero en comparecer fue Domínguez, quien ejerció como concejal de Limpieza desde junio de 2015 hasta septiembre de 2017, cuando Guanyar decidió redistribuir las competencias que tenía delegadas entre sus cinco concejales para que fuese Miguel Ángel Pavón el que tratase de dar un nuevo impulso en el control del servicio, según se argumentó entonces, en un contexto en el que ya se discutía sobre la necesidad de ampliar costes.

Domínguez habló largo y tendido para relatar lo que ya había venido exponiendo durante su etapa como concejal cada vez que se le cuestionaba desde las filas de la oposición. Así, explicó que cuando él asumió las competencias sobre Limpieza constató las dificulades con las que partía el servicio, adjudicado en 2013 a una UTE compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica (de Enrique Ortiz). Esas dificultades se extendían tanto por lo que se refiere a la reducción de costes que se aplicaron en el nuevo pliego, como por lo que respecta a las posibilidades de control de calidad de su prestación y por la falta de inspectores municipales para evaluarlo. En esta línea, apuntó que el planteamiento de Guanyar había sido desde siempre apostar por una municipalización del servicio, aunque, según dijo, la opción de la ruptura del contrato resultaba imposible por el pago del lucro cesante al que quedaba expuesto el Ayuntamiento. 

En segundo término, apuntó que, después de unos meses, decidió imprimir un cambio de responsable de contrato, sustituyendo al técnico Sebastián Chicote, tras considerar que no era la persona indicada al haber sido la persona que había redactado el pliego y, por tanto, quien podría mostrarse más reacio a introducir cambios. Así, apostó por un organigrama formado por dos técnicos (Torubio y Martínez Marhuenda) con la intención de imprimir un nuevo rumbo sobre la dirección del contrato. Tras ello, explicó que, en octubre de 2015, consiguió que se pusiese en marcha un plan de choque para mejorar la limpieza de la ciudad "a coste cero para el ayuntamiento". 

Después, explicó que, a finales de 2016, se impulsó una segunda modificación del contrato que supuso un recorte de 1,5 millones en los costes del servicio con la retirada del cuarto turno en la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent habilitado bajo la etapa de gobierno del PP en la primera modificación contractual, aprobada en 2014. En ese momento, se dio cabida a la llegada de residuos de municipios del sur de la provincia de Valencia. Según Domínguez, el ajuste del contrato que él impulsó fue justo en la dirección contraria, tras emprender un proceso de negociación que resultaba necesario para que la UTE lo firmase. De ahí que, según explicó, se optase por incluir en la propuesta de modificación que ese segundo modificado no respondía a la necesidad de mejorar la calidad del servicio, como le apuntaron los representantes de PP y Cs. Según Domínguez, sin esa concesión no habría sido posible que la concesionaria firmase el modificado.

En todo caso, Domínguez defendió que ese cambio sirvió para restringir la llegada de basura ajena. Y que, además, se reorganizó la periodicidad de los baldeos y se introdujo un sistema alternativo de baldeo o barrido con sopladoras cada quince días en los barrios. Además, apuntó que el cambio también supuso que se dejase de optar por la incineración de los CDR que pasaron a ser depositados en vertedero, puesto que era la alternativa menos perjudicial desde el punto de vista ambiental, aunque pudiese suponer una contradicción con la posición que mantenía su formación, respecto a la posibilidad de que, con ello, se acortase la vida útil del vaso de vertido.

También se refirió a la controversia sobre las auditorías para manifestar que él desechó los estudios que venía aportando la UTE concesionaria sobre los índices de absentismo laboral al considerar que no aportaban nada: "Lo importante era que la empresa tenía que cubrir esas ausencias contratando horas extra y eso al menos sobre el papel se cumplía", indicó. Así, explicó que puso en marcha un proceso para que se contratase una auditoría sobre la calidad de la prestación que no llegó a contratarse antes de que él dejase la concejalía.

Igualmente, se refirió a la implantación del llamado quinto contenedor como punto de partida para la puesta en marcha del servicio de recogida selectiva de la materia orgánica y señaló que su intención era poder llevar a cabo experiencias piloto con la recogida puerta a puerta en zonas de fácil acceso como el Casco Antiguo o Divina Pastora. Sin embargo, admitió que tampoco llegó a ejecutarse y que no llegó a elaborarse un estudio al respecto. De igual modo, explicó que el modelo elegido para la compra de los contenedores de orgánica fue a propuesta de los técnicos de la UTE y de los técnicos municipales. Y sostuvo que los puntos de compostaje también fueron una experiencia inicial que no tuvo tiempo de seguir desarrollando. 

Sobre el futuro de la prestación, abogó por la posibilidad de que pudiese apostarse por la gestión directa de parte del servicio, en la medida en que supondría que el ayuntamiento se ahorrase el IVA y el beneficio industrial. Al respecto, eso sí, señaló que él solo pidió estudios para que se evaluase la posible municipalización de la contrata de mantenimiento de parques y jardines, puesto que vencía antes, sin valorar la posibilidad de una gestión directa sobre la contrata de limpieza y recogida de residuos. 

En todo caso, no pudo aportar ninguna explicación adicional después de que los ediles de PP y Cs le señalasen que en 2017 se había contratado con la consultora Entropics la elaboración de un primer proyecto de gestión, en cuyas conclusiones se apostaba por conceder los dos años de prórroga a la UTE concesionaria que se contemplan en el contrato y, después, volver a licitarlo por otros seis años más. Domínguez indicó que, por lo que el supo, ese informe no llegó a tener eficacia y negó que él diese instrucciones sobre qué conclusiones tenía que alcanzar, como la posibilidad de que se pudiese orientar hacia una municipalización del servicio.

El segundo en ofrecer explicaciones fue Pavón, quien manejó la concejalía desde septiembre hasta noviembre de 2017. Según apuntó, en esos dos meses, trató de reactivar el control sobre la prestación requiriendo información a la UTE sobre el sistema de geolocalización de vehículos o sobre las subcontrataciones que realizaba, sin obtener la información completa que se había demandado. Según explicó, la actitud de la UTE participada por empresas de Ortiz "no fue colaborativa con el Ayuntamiento". Además, como Domínguez, subrayó la falta de medios para poder llevar a cabo un control eficaz, al disponer de solo 8 inspectores municipales, pese a las peticiones de ampliación de personal que se realizaron a la Concejalía de Recursos Humanos, dirigida por el exedil socialista Carlos Giménez, y que quedaron rechazadas con el argumento de las restricciones que pesaban sobre el Ayuntamiento a la hora de ampliar plantilla.

Después, también apuntó, sobre el futuro de la prestación,  que podría valorarse la posibilidad de asumir alguna de las tres partes del servicio mediante gestión directa (limpieza, recogida de la basura o tratamiento), como ya están haciendo otros ayuntamientos gobernados por el PP (citó el caso de Torrevieja) ya que, al margen de la reducción de costes, ello supondría facilitar la resolución de problemas. E, igualmente, también subrayó la necesidad de implantar el sistema de recogida selectiva de la materia orgánica para reducir vertidos y limitar la generación de lixiviados que generasen filtraciones en el subsuelo.

Por último, se refirió igualmente a la situación del parque auxiliar previsto por contrato para mejorar la liimpieza en el entorno de Playa de San Juan al señalar que "no nos parecía la ubicación más adecuada" la parcela propuesta por la UTE, junto a la Torre Conde, por lo que planteamos varios escritos de consulta a la Conselleria de Cultura. Con todo, señaló que, desde 2017, no ha sabido qué desenlace ha tenido esa propuesta de construcción.

Y el tercero y último en comparecer fue el actual concejal de Limpieza, Manuel Villar, quien trató de defender la mejora que, a su juicio, ha experimentado la limpieza viaria en la ciudad de Alicante con la introducción del tercer modificado del contrato con UTE Alicante con un coste final de 1,2 millones (aunque en un principio se cifró en 1,4). Según explicó, se trata de un cambio que habría permitido cubrir zonas de la ciudad no incluidas en el anterior contrato, además de la implantación de otros servicios como la recogida de día de los entornos de los contenedores, la ampliación de un mes hasta el 15 de octubre de la limpieza de playas, la compra de un millar de contenedores o de nuevos camiones y maquinaria para la limpieza y recogida de residuos, como concretaron al término de la sesión fuentes municipales, a través de un comunicado.

Villar resaltó la incorporación de limpieza en zonas nuevas como el Vía Parque, de San Gabriel a Ciudad de Asís, polígonos industriales, partidas rurales, los juegos infantiles, la ampliación un mes del servicio de playas para que no termine el 15 de septiembre, la recogida de residuos en Tabarca como el resto de la ciudad, la compra de hasta 1.000 contenedores o de la maquinaria que no se adquirió en 2017.

Villar descarta la municipalización del servicio al sostener que el personal municipal no dispone de la experiencia y el conocimiento técnico de las empresas del sector

De igual modo, avanzó el inicio de una ronda de reuniones la próxima semana para explicar la planificación de la limpieza y gestión de residuos que permitirá la licitación de la nueva contrata, sustentada en el Plan de Residuos de Alicante, el proyecto de gestión del Plan Zona de Residuos Zona 4 de la Generalitat, la recogida y gestión del contenedor marrón para la materia orgánica o la regularización de la gestión de otros residuos como la ropa o el aceite usado. En este sentido, descartó que se vaya a optar por la municipalización del servicio al considerar que el personal municipal no dispone de la experiencia y el conocimiento técnico que ofrecen las empresas del sector.

El edil también subbrayó las dificultades a las que se ha tenido que hacer frente en la prestación del servicio desde junio de 2019 (cuando él asumió las competencias), como las labores de desinfección y la reestructuración del servicio propiciada por la pandemia del coronavirus, con la DANA, o con la aparición de fuel en el Postiguet. Todas esas circunstancias, junto a la paralización de los plazos administrativos con motivo de la declaración del primer estado de alarma, son las que habrían propiciado un retraso en el desarrollo del Plan Zonal de Residuos y del Proyecto de Gestión, por lo que ha confirmado que no se podrá contar con un nuevo adjudicatario en cuanto se produzca el vencimiento del contrato actual. Así, reiteró que habrá que concretar qué decisión se adopta para mantener la prestación, como la concesión de una prórroga temporal que, en todo caso, no quedará ligada a los dos años previstos en el pliego, como ya había anunciado en otras comparecencias previas.

Villar también defendió las mejoras introducidas en el servicio de limpieza en 2018, aunque situó los grandes cambios a partir del inicio de este mandato en 2019 con el nombramiento del nuevo jefe de servicio y la restitución del director del contrato. También resaltó que "un mes después de llegar a la concejalía se solicitó cuatro nuevas plazas de inspectores que fueron cubiertas, por lo que actualmente tenemos 12". De igual modo, añadió que "además de alcanzar los 12 inspectores, hemos conseguido que se nos asignen 8 policía locales al servicio para aumentar el control e imponer sanciones, que es algo que nos demandan los ciudadanos".

El edil resaltó igualmente que a partir de agosto de 2019 se obtuvo de la UTE toda la documentación necesaria para la fiscalización del servicio, como el sistema de geolocalización de vehículos, el sistema de control de pesaje de contenedores, la distribución de recursos humanos, el control de órdenes de trabajo, la información sobre limpiezas especiales, los servicios de planimetría y bases de datos, el inventario de la flota de vehículos y maquinaria con su mantenimiento, o la distribución de papeleras, limpieza, reparación y planificación, entre otra información con la que no contaba la concejalía. Una documentación que, según dijo, nadie se había preocupado de solicitar con antelación, pese a que Pavón ya había apuntado que él también había requerido dicha información sin obtener éxito.

El edil destacó también que el pliego y la oferta de la UTE contemplaban la compra de unos 1.200 contenedores amarillos y en 2019 solo había 800 contenedores en la ciudad. Para solucionar esta situación "suscribimos un convenio con Ecoembes que permitió implantar 200 en febrero y en septiembre solicitamos nuevamente otros 200 contenedores que estamos pendientes de la respuesta para su instalación".

Además, lamentó el bloqueo a la petición de licencia en la Concejalía de Urbanismo sobre la construcción del parque auxiliar de limpieza en playa San Juan sin que no se dejase de pagar por anticipado a la UTE los costes de amortización de su construcción. En todo caso, abundó en su necesidad para mejorar el servicio, ya que "no es lo mismo que una barredora para la playa salga de Atalayas que esté en la misma zona, pues son muchas horas de trabajo y gastos añadidos". Así, confirmó que el bipartito suspendió los pagos a la UTE por ese concepto desde el pasado mes de octubre y que habrá que buscar una solución en cuanto se resuelva si procede o no conceder licencia para su construcción. Como informó Alicante Plaza, la Conselleria de Cultura ya ha emitido un informe en el que emplaza a introducir correcciones en el proyecto para garantizar la protección del BIC de Torre Conde.

Por último, se refirió a la mejora en la inspección y fiscalización del contrato y que se han impuesto sanciones "sin que nos tiemble la mano". "Hemos exigido siempre cumplimiento y hemos sancionado o hecho deducciones, el último expediente ha sido de 124.000 euros".