ALICANTE. La Cámara de Comercio de Alicante ha asumido las tesis de un informe del profesor de la Universidad de Alicante Armando Ortuño que defiende la puesta en marcha de un sistema de peajes blandos en la autopista AP-7, en el tramo comprendido entre Alicante y València, que obligue a la futura concesionaria de la infraestructura a invertir 2.000 millones de euros en obras públicas pendientes o prioritarias. Ortuño sostiene que con esta cantidad, y con la inversión ordinaria de Fomento, de 200 millones al año, se obtendrían los 4.000 millones de euros en los que están cuantificadas las 10 obras prioritarias de la provincia de Alicante, y que forman parte del decálogo elaborado por la propia Cámara y la patronal CEV. La idea de la institución cameral es elevar ese informe ante el Ministerio de Fomento. Además, en este encuentro, se ha defendido que sí daría tiempo aplicar esa fórmula de peajes blandos en 2020, ahora con una gestión directa, tal y como se ha está haciendo en la segunda circunvalación de Alicante, y más tarde, con una licitación por 40 años. Pero como es ya sabido, la decisión del Gobierno es liberalizar la vía, medida que entra el vigor el 1 de enero de 2020.
Según ha expuesto Ortuño, esos 2.000 millones en obras que debería inyectar la futura concesionaria se podrían dedicar a cuatro obras que él considera prioritarias: el tren de la costa; el enlace ferroviario con el aeropuerto Alicante-Elche; la conexión entre Elche y la estación del AVE de Matola, y los enlaces directos a la autopista de Altea y Calp.
El profesor de la UA parte de la idea de que el fin de concesión abre a la posibilidad de fijar unas nuevas condiciones, muy diferentes de las que se establecieron hace 40 años, cuando se construyó la infraestructura. Y esas condiciones podrían pasar porque sea el usuario de largo recorrido quien asuma el principal coste del peaje, tal y como ahora lo conocemos, y que el residente pague un precio con rebajas sustanciales.
A su juicio, de esta manera, sacarle partido a la autopista -que ya está amortizada- permitiría poder destinar parte de sus beneficios a la construcción de las obras públicas pendientes, en el caso de las comarcas de Las Marinas, muy necesarias, como sería la construcción del denominado tren de la costa, o mejores conexiones con la AP-7. "Al tratarse de una autopista propiedad del Estado sin ninguna obra nueva ni carga financiera relacionada con su ejecución, el peaje a aplicar por la concesionaria puede reducirse significativamente", defiende Ortuño, autor del estudio. "Obviamente, el Estado ya no tendría que soportar el gasto en mantenimiento y explotación de la AP-7, pues seguiría asiendo asumido en su totalidad por la nueva concesionaria, lo que, a su vez, le aportaría mayor liquidez presupuestaria para redirigir esa inversión hacia otras infraestructuras prioritarias", ha insistido.
Según su planteamiento, con la licitación de una nueva explotación, se crearían suficientes excedentes para ejecutar en su integridad el Tren de la Costa Alicante-Valencia, incluyendo la conexión ferroviaria del Aeropuerto Alicante-Elche, y el AVE-Elche y los nuevos enlaces viarios con la Autopista, en Altea, pero también en Calp. Es decir, se aseguraría una inversión del orden de 1.700-1.800 millones a ejecutar en los próximos años. Además, según sus planes, en el concurso público para la adjudicación de la nueva concesión de la Autopista se obligaría a las futuras concesionarias se comprometerían a ejecutar de inmediato estas inversiones; es decir, en los primeros años.
En su estudio, Ortuño se pregunta si es la liberalización -supresión del peaje- de la autopista AP-7 la alternativa que más le conviene a Las Marinas. Reconoce que es la opción con más aceptación social y con ventajas como un descenso en el coste del transporte para los residentes de estas zonas y transportistas, y que descongestiona en parte de la N-332, en periodos vacacionales.
Pero a su juicio, la liberalización también tiene inconvenientes: incrementa el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público –trenet y autocares-, más sostenibles ambiental y socialmente que el transporte privado. "En un momento histórico que requiere dotar de mayor competitividad a los modos sostenibles para mitigar los efectos del cambio climático, tomar una decisión en favor del transporte privado no parece una decisión coherente", defiende Ortuño. Y sobre todo, "supone perpetuar el escenario actual de falta de inversiones en infraestructuras en Las Marinas por parte del Estado, tanto viarias como ferroviarias, además de apostar por una política de transportes insostenible en términos ambientales".
Otro de los inconvenientes que puede tener la propuesta que ahora elevará la Cámara de Comercio es si daría tiempo a sacar una nueva licitación para la explotación de la autopista, dado que a partir del 1 de enero de 2020 ya entra en vigor la liberalización. Ortuño defiende que sí da tiempo siguiendo el ejemplo de la circunvalación de peaje de Alicante, una de las autopistas rescatadas por el Estado. "Se podría asumir con gestión directa, por parte del Ministerio de Fomento y rebajar los peajes un 30%, como ha hecho en esta vía; la puede gestionar durante un tiempo, mientras se redacta el pliego de condiciones y se saca a licitación", ha sostenido.
Estas son las 10 obras prioritarias para la provincia de Alicante, según la Cámara y la CEV
La idea de Ortuño y, por tanto de la Cámara de Alicante, es que tanto con la opción del cobro de peajes blandos como con la inversión ordinaria del Ministerio de Fomento, de unos 200 millones de euros, se puede obtener, en un plazo de 10 años, los 4.000 millones de inversiones en infraestructuras que requiere la provincia de Alicante y sus obras conectadas con la de València. La Cámara y la CEV elaboraron un documento con esas 10 obras prioritarias, cuantificadas en 4.000 millones, y que incluyen otros proyectos, que se deberían financiar no solo con la aportación del hipotético futuro concesionario de la AP7, sino con la aportación anual del Ministerio, que se estima en 200 millones/año. "En 10 año se pueden tener resueltas todas las grandes obras pendientes de la provincia de Alicante, entre ellas, obras clave como el tren de la costa y la conexión ferroviaria al aeropuerto, claves para el desarrollo de Las Marinas y del sector turístico", considera el profesor de la UA.
La Cámara de Alicante es la impulsora de esta iniciativa. Y como tal, el estudio se ha presentado este lunes ante los diferentes con presencia de los representantes de los partidos políticos parlamentarios y de las asociaciones más representativas del sector, integradas en diferentes comisiones informativas de la Cámara. La reunión, promovida por la Cámara, se realizó ante la petición de la Comisión de Turismo que preside Gema Amor, por la necesidad de llegar a consenso de los diferentes sectores empresariales.
El presidente de la Cámara, Juan Riera, ha situado el debate en la necesidad de abrir una mesa de diálogo entre los actores implicados en la gestión de la AP7. Ha manifestado que éste no es un asunto sencillo de resolver, ya que hay posturas muy encontradas entre diferentes sectores empresariales. “No todos pensamos lo mismo, pero sería bueno que pudiéramos hacer un frente común con una postura consensuada”, ha indicado el presidente de la Cámara. Los asistentes han acordado estudiar y proponer al ministro de Fomento alguna fórmula de peaje blando.
“La AP7 debe estar en manos del Estado el próximo 1 de enero para que exista una seguridad jurídica respecto al fin de la concesión. No puede ser que una comunidad pobre como la nuestra continúe pagando una infraestructura ya amortizada. La Marina Alta y la Marina Baixa vienen sufriendo muchas décadas esta discriminación con respecto a otros territorios del Estado y el peaje a pagar es un coste muy alto para familias y pymes”. Así ha manifestado este lunes el candidato por Alicante de Més Compromís-Más País, Ignasi Candela, durante la reunión mantenida en el Museo Arqueológico de la Provincia de Alicante entorno al fin de la concesión. El resto de partidos -ha asistido representantes de PSOE; PP, Unidas Podemos y Ciudadanos- han opinado dentro de la reunión, pero no han emitido un comunicado público sobre su postura.