La pescadilla que se muerde la cola

ALICANTE. Se van a cumplir dos meses desde que la Agencia Tributaria canceló el convenio singular suscrito en 2013 con el Hércules, para que este diera salida de manera ordenada a su deuda (a la calificada como crédito privilegiado).

El fisco optó por lo anterior ante los incumplimientos reiterados de la entidad blanquiazul, sobre cuyos bienes y derechos recae desde entonces un embargo de 4,3 millones de euros, la suma que el Hércules le adeuda. Pese a los intentos de Carlos Parodi primero y Juan Carlos Ramírez después, la Agencia Tributaria solo ofrece como alternativa al abono inmediato de la citada cantidad, la presentación de un aval bancario de también 4,3 millones que respalde un nuevo acuerdo de pago fraccionado, algo a lo que el empresario vasco y Enrique Ortiz se oponen.

Mientras no se regularice (se pague o se suscriba un nuevo convenio) la situación con Hacienda, el Hércules no puede avanzar con paso firme en la modificación de su convenio con los acreedores titulares de créditos ordinarios (entre los que se encuentra también el fisco): si bien, jurídicamente, una cosa no vincula la otra, la realidad es que los acreedores ordinarios exigen al club que previamente a formalizar una novación de su convenio (ya pactada con los titulares del 60% de la masa ordinaria), se obtenga de Hacienda más margen para pagarle su deuda. 

Además, el incidente concursal para iniciar el trámite de modificación del convenio de acreedores ha de ir acompañado de un plan de viabilidad creíble, algo que obliga a saber cómo será el pago diferido de la deuda con privilegio como es la que se mantiene con Hacienda. Dicho incidente (que no la modificación) ha de ser planteado en sede judicial antes del día 28 (cuando finaliza el plazo legal para alegar un incumplimiento del convenio que permita su modificación), por lo que el club, si no quiere evitar sustos de última hora (que el juez dude del nuevo plan de pagos), necesita tener atado antes un nuevo fraccionamiento con Hacienda. 

El Hércules conoce lo anterior desde hace mucho tiempo pero la postura de Ortiz y Ramírez en los últimos dos meses, su negativa a cumplir la exigencia de Hacienda de presentar una aval bancario por el total de la deuda (se ha apostado por tensar la cuerda para ver si el fisco rebajaba sus pretensiones, cosa que no ha ocurrido) ha impedido avanzar y ahora los plazos agobian seriamente a la entidad de Foguerer Romeu Zarandieta.