José Vicente González y Vicent Soler. Foto: KIKE TABERNEREl conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, negocian a contrarreloj para encontrar una solución temporal que libre a la organización empresarial de tener que presentar el preconcurso de acreedores. El plazo expira el próximo día 20, cuando Cierval debe afrontar la devolución de los más de 700.000 euros que le reclama el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), un pago para el que carece de liquidez.
La Generalitat ha denegado a Cierval un segundo aplazamiento para esa deuda derivada de un fallo judicial que obligó a devolver unas ayudas para formación por cursos que no llegaron a realizarse. Sin embargo, se muestra "flexible" para hacer "todo lo que esté dentro de la ley" con el objetivo de salvar la bola de partido.
Según explican fuentes conocedoras de la negociación, Soler y González trabajan sobre dos posibles soluciones. Una de ellas consistiría en adelantar la mitad de las ayudas correspondientes a 2017 por la Ley de Participación Institucional 2017. Con esos 2,6 millones podría compensar la deuda que mantiene con la administración. La segunda alternativa sería el aplazamiento del pago mediante la presentación de las correspondientes garantías, tal y como obliga la ley para deudas tributarias superiores a los 18.000 euros.
Cualquiera de ellas tendrá que contar con el visto bueno de las patronales de Alicante (Coepa), Castellón (CEC), y sobre todo el de la de Valencia (CEV), la única económicamente saneada y poco dispuesta a asumir nuevos riesgos en un rescate de desenlace incierto. Los presidentes de estas tres organizaciones han sido convocados en un comité extraordinario de Cierval este viernes para tomar una decisión sobre el preconcurso, por lo que el eventual acuerdo con la Conselleria de Hacienda debería cerrarse antes de esa fecha para someterlo al criterio de las organizaciones.
Ambas alternativas presentan inconvenientes. La primera, la del adelanto de la mitad de los fondos de participación institucional, obliga a justificar posteriormente la realización de las actividades para la que se concede la ayuda. Estas subvenciones están concebidas para financiar los gastos de funcionamiento de las organizaciones, pero si no aportan pruebas de la realización de las actividades se exponen a que la administración les reclame el dinero de vuelta. Es decir, el mismo problema que tienen ahora.
En el segundo caso, los problemas son aún si cabe mayores. Para darle más plazo, la Generalitat necesita que Cierval aporte garantías reales. La vía del aval bancario está descartada porque la patronal autonómica no ha conseguido que ninguna entidad financiera entre en la operación. Con ello, y siempre que justifique que la imposibilidad de obtener el aval bancario, Cierval podría presentar garantías hipotecarías ante la Conselleria de Hacienda para lograr un aplazamiento.
Sin embargo, Cierval no dispone de patrimonio para poder aportar como garantía. Su sede, que ella misma valoró en 3,52 millones de euros en sus últimas cuentas, está cedida de forma gratuita e indefinida por la patronal nacional CEOE. La patronal de la Comunitat no puede explotarla venderla ni alquilarla porque está considerada patrimonio sindical: el titular es el Estado, que lo cede a los agentes sociales.
La opción de que Copea o CEC, como entidades fundadoras de Cierval, puedan aportar bienes, también estaría descartada. La patronal alicantina, en concurso de acreedores, ya vendió su sede hace un par de años. Mientras, la posibilidad de que la CEV, que tiene un edificio en propiedad en Valencia alquilado a una universidad, pueda poner ese inmueble como garantía, se antoja como prácticamente imposible.
Mientras se perfila la solución definitiva, el conseller de Hacienda evidenció este martes que está por la labor de hacer todo lo posible. "Estamos convencidos incluso que de aquí al día 20 hay cosas que podemos hacer", como presentar garantías "y sobre todo ganar tiempo". "Todo está abierto, no nos cerramos a nada; pero insisto, dentro de la ley siempre", concretó.
También el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró dispuesto este martes a encontrar una solución "sin tratos de favor".
Por otra parte, José Vicente González comenzó a delimitar este martes las responsabilidades entre Cierval y sus entidades fundadoras. Mientras negocia como librarse de la declaración de insolvencia, el presidente de la patronal autonómica dejó claro que los causantes del agujero de 1,5 millones en sus cuentas han sido las organizaciones empresariales de Castellón (CEC) y Alicante (Coepa).
Se trata de la primera ocasión en la que González señala públicamente a las dos organizaciones como culpables directos de los graves problemas financieros que arrastra Cierval, una acusación que llega después de que Coepa y la CEC hicieran saltar por los aires el compromiso que adquirieron hace solo un mes para apoyar una reforma estatutaria imprescindible para salvar a Cierval.
Aún así, González reiteró el compromiso básico alcanzado entonces para garantizar la continuidad de las dos organizaciones provinciales en apuros, aunque sea con una mínima estructura, pero aseguró que necesitan más tiempo para cerrar esa reforma estatutaria. "Seguramente se puede retrasar eso algún tiempo", con el fin de "dar todos los pasos para estructurar las cosas como dios manda", manifestó.
González aclaró que Cierval puede hacerse cargo de parte de las deudas de la CEC y Coepa, pero no de todas. La patronal autonómica, de hecho, ya le ha perdonado a la alicantina el 95% del medio millón de euros que le debía por cuotas impagadas para facilitarle el acuerdo con el resto de acreedores.
La patronal de Castellón, como publicó Valencia Plaza, espera obtener el mismo trato cuando el juzgado declare su entrada en concurso de acreedores. En su caso, la deuda por cuotas con Cierval supera los 200.000 euros.
La línea roja que puso Gonzalez termina ahí. De hecho, la patronal ya reformuló sus cuentas de 2015 para provisionar las cantidades impagadas de las dos organizaciones provinciales. Según dejó claro este martes González, la patronal autonómica no está dispuesta a cargar también con los requerimientos de la administración por la incorrecta justificación de los cursos para los que se concedieron las ayudas.
González mostró su desacuerdo con el hecho de que Cierval tenga que responder subsidiariamente ante esas obligaciones generadas por otros en convenios en los que la patronal autonómica "no ha participado de ninguna manera", sino que "se ha limitado" a recibir los fondos de la Generalitat y repartirlos según las cantidades que el convenio fijaba que iban a ser ejecutados por las otras organizaciones.
