Está tan extendida la idea de que fraccionar contratos públicos para adjudicarlos a dedo no es delito, que hasta Arcadi Espada, que se supone que se ha documentado para librar a Camps de toda sospecha en su libro Un buen tío, afirma al hablar de cómo se los troceaban a 'El Bigotes' que el troceo "es una práctica generalizada y legal aunque fea, que permite eludir el concurso público en las adjudicaciones". Es solo uno de los errores de la obra de Espada –publicada mientras a Camps le llueven las imputaciones y acusaciones de sus examigos–, en la que el magistrado instructor del caso de los trajes, José Flors, es tildado de necio, pequeño tipo e inútil por sentar a un buen tío en el banquillo.
Fraccionar en contratos menores un contrato público para adjudicarlo a dedo eludiendo el preceptivo concurso no solo está muy feo sino que es ilegal y, en ocasiones, un delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del Código penal. Por ejemplo, cuando el beneficiario es un amiguito, no necesariamente del alma.
Que se lo pregunten al exviceconsejero de Bienestar Social de Asturias y exdiputado de Izquierda Unida Ángel González, condenado a siete años de inhabilitación por el fraccionamiento ilegal, en el año 2010, de contratos para instalar monolitos que señalizaran fosas comunes de las víctimas del franquismo. El político asturiano trató de hacer valer un argumento muy en boga entre los gobernantes de la izquierda: que el encomiable fin del contrato justificaba los medios. ¡Cómo me van a condenar por homenajear a las víctimas del Franquismo! A lo que el Tribunal Supremo respondió que "no hay nada más incongruente que pretender homenajear a las víctimas que defendían la legalidad republicana vulnerando deliberadamente, por razones de pretendida urgencia, la legalidad ínsita al actual régimen constitucional".
El PP, que tantas veces fue retratado por la Sindicatura de Comptes por sus despieces, ha encontrado en el fraccionamiento de contratos un filón para denunciar la corrupción de la izquierda en el poder, ahora que los protagonistas de la corrupción popular de la época del buen tío salen en los noticiarios –en unos más que en otros– todos los días. Tienen razón el PSPV y Compromís cuando dicen que la supuesta corrupción de ahora no es equiparable a aquella, pero no por eso deben dejar de tomar medidas internas, aunque solo sea para evitar las denuncias. Con los contratos menores empezó la corrupción en el PP y como vio que no había consecuencias paso a mayores.
Pere Fuset, Mónica Oltra, Xavier Rius… Llueven las denuncias del PP –la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, anuncia más– sobre todo contra dirigentes de Compromís, mientras el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, está a un paso de sentarse en el banquillo por trocear contratos sin abandonar el sillón. Los ahora afectados –antaño denunciantes– piensan que no es bueno que se judicialice la justicia, pero peor es que el castigo a las cosas mal hechas quede en dos líneas del informe de la Sindicatura de Comptes y un titular de periódico.
El troceamiento de contratos no siempre es delito, la mayoría de las veces es una ilegalidad administrativa fruto de las prisas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que hay delito cuando no se puede explicar de una forma razonable desde el punto de vista técnico-jurídico, cuando causa un "resultado injusto" –es injusto para las empresas que no pueden optar al concurso porque no lo hay– y cuando el autor del despiece sabe que no se puede hacer –por ejemplo, si le advierte el interventor– pero lo hace. También se tiene muy en cuenta si el beneficiario de la operación resulta ser un familiar o amigo. Esto último es lo que la jueza ha ordenado investigar ahora, si los beneficiarios de los contratos troceados por el concejal Pere Fuset son amigos suyos o de Compromís.
Los que mandan, sean del partido que sean, tienen querencia por los contratos menores por importe de 17.990 euros por la burocracia que implican los mayores, no porque sean unos corruptos. El tope del contrato menor era 18.000 euros, pero desde el 9 de marzo ha bajado a 15.000, así que ahora tendrán que adjudicar por 14.990 euros, lo que hará más trabajoso el descuartizamiento. Gran espectáculo el de los alcaldes, la semana pasada, convocando comisiones extraordinarias para adjudicar contratos a dedo de 17.990 euros antes de que entrase en vigor la nueva ley. Hasta la concejal de Podemos en València María Oliver tuvo que suspender la huelga del Día de la Mujer para firmar antes de la medianoche cuatro contratos que al día siguiente serían ilegales.
La inmensa mayoría de los contratos menores son legales, pero algunos no lo son. Es una buena noticia que la justicia empiece a revisarlos para que los políticos se anden con cuidado.
No tiene mucho sentido la compensación que el Ayuntamiento de València está negociando con Inmobiliaria Guadalmedina para 'recuperar' las naves de la antigua Tabacalera destruidas por el mayor pelotazo urbanístico –que ya es decir– que se ha dado en el Cap i Casal. El Tribunal Supremo ha tardado 12 años desde que se aprobó la modificación del Plan General y ocho desde que se derribaron las naves en anular lo que calificó de "operación especulativa", en otra de sus sentencias inútiles porque el mal ya estaba hecho. Aquí, mi último lamento sobre la Justicia que padecemos.
La promotora de Enrique Ballester construyó uno de los dos edificios que había planificado y ahora no puede levantar el otro al haberse anulado aquella modificación. Pero el remedio –cederle suelo en otros barrios para compensarle– aún es peor. Descartado el derribo del edificio construido, sería mejor reformar de nuevo el plan para legalizar la parcela y que Ballester construya el edificio gemelo guardando la simetría. Y que se reconstruyan solo las naves laterales del complejo Tabacalera. Lo otro, reconstruir la nave junto al edificio blanco es un mal apaño que supone, además, perder suelo municipal en otros barrios.