Echávarri persiste: defenderá su inocencia ante el Supremo por el despido de la cuñada de Barcala 

ALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) no será el final de trayecto para el llamado caso despido. El exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, también acudirá al Tribunal Supremo (TS) para defender que no hubo delito en el cese de una trabajadora municipal, cuñada del actual primer edil, Luis Barcala, acordado en abril de 2017. 

Como ya sucedió con la condena derivada del caso Comercio, Echávarri pretende agotar todos los recursos posibles para defender su inocencia en este segundo proceso con el que se acabó precipitando su dimisión. Lo hará incluso después de que el alto tribunal autonómico haya estimado parcialmente su apelación, con una rebaja sustancial de la pena acordada inicialmente por la Audiencia Provincial. 

Como informó este diario, en una sentencia conocida el pasado jueves, el TSJ acordó reducir de nueve a cuatro años y medio la condena de inhabilitación para el desempeño de cargo público impuesta el pasado febrero. En esta última resolución, la sala de lo Civil y lo Penal consideraba como atenuante muy cualificada la rápida readmisión de la funcionaria destituida. Según la sentencia, con esa reincorporación se había conseguido minimizar el perjuicio ocasionado. 

No obstante, el fallo rechazaba todos los argumentos expuestos por su defensa y ratificaba que Echávarri prevaricó al ordenar el cese. Es más, la sala incidía en que el despido se acordó "como represalia" después de que Barcala hubiese registrado la denuncia por el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio durante la etapa en la que el exalcalde asumía esa delegación. Se trata de la denuncia que motivó su primer procesamiento, por el que fue condenado a 12 años de inhabilitación en sentencia ya confirmada por el TSJ.

Echávarri recurrió ese primer fallo en casación y continúa a la espera de pronunciamiento por parte del TS. Y ahora seguirá ese mismo recorrido con la sentencia de su segunda condena en busca de la absolución. Para ello, defenderá argumentos similares a los expuestos hasta ahora: básicamente, que el despido fue legal, ya que las funciones para las que la cuñada de Barcala había sido contratada como trabajadora interina adscrita a la Concejalía de Cultura (la apertura de los centros de Las Cigarreras y el MACA) habían dejado de existir desde hacía años. Por consiguiente, en ese supuesto, no podría considerarse que hubiese incurrido en un supuesto de prevaricación.