Foto: KIKE TABERNERHace cuatro meses publiqué en esta columna un artículo titulado "El gran atasco", sobre el embudo existente en la oficina de licencias urbanísticas –también en el de licencias de actividad– del Ayuntamiento de València. Una situación de la que Valencia Plaza viene haciéndose eco desde hace al menos un año. Poco después, los promotores celebraban el cese del jefe de servicio de licencias urbanísticas, Fernando Aledón, que llevaba en el cargo desde 1989. Pero todo sigue igual, con cuentagotas. Los promotores siguen celebrando como algo excepcional la concesión de una licencia y aprovechan cada presentación de un proyecto para lamentar que millones de euros de inversión sigan parados y la creación de miles de puestos de trabajo se retrase porque no hay funcionarios.
Continúa el gran atasco y me remito a los comentarios de entonces porque no es ese el lastre del que tratará este artículo, no es el único castigo administrativo que padecemos ni el peor. Hablemos, por ejemplo, de la Administración de Justicia, y hagámoslo con unos cuantos ejemplos que apenas necesitan ser comentados.
Contencioso-administrativo. Recientemente hemos sufrido en la Unió de Periodistes Valencians a una justicia que se pasa de ciega hasta el punto de no ver que los administrados acuden a ella en busca de soluciones, no a perder el tiempo. La Unió presentó un recurso contra el baremo de las bolsas de trabajo y pidió la suspensión cautelar, que suele tardar en resolverse unos dos meses. Dos meses ya es demasiado tiempo. Pero a los dos meses lo que llegó no fue la decisión sobre la cautelar sino el despeje a córner de un juez de lo contencioso que decía que eso no es asunto suyo e invitaba a iniciar todo el proceso desde cero en los juzgados de lo social. Un despeje discutible y recurrible si la justicia fuera ágil, pero si se han tomado dos meses para decir que esa no era la ventanilla adecuada, el conflicto de competencias puede tardar años en resolverse.
Ese caso que cuento porque nos afecta a los periodistas es en realidad una minucia –de momento– si lo comparamos con los años que tiene que esperar el aspirante a un concurso-oposición que se ve como colocan a un enchufado y recurre. La victoria, si aguanta la travesía, es siempre agridulce por los ¿cinco, siete, diez? años perdidos.
Penal. Penal se supone que va más rápido, pero rápido es un término relativo. El otro día imputaron a Francisco Camps en la pieza de Gürtel por los gastos de la visita del Papa. Del Papa anterior. Benedicto XVI vino a València en julio de 2006, hace casi 12 años. En 2010, un informe de la Intervención General del Estado que pidió el juez y que está en el sumario ya señalaba numerosas irregularidades en los contratos celebrados con ocasión del evento. Ocho años después del informe, once y medio después del evento, han imputado a Camps. Sin prisas.
Pocos días antes de la visita del Papa, murieron en València 43 personas en el accidente de la línea 1 del metro. El otro día, la Fiscalía pidió a la jueza del caso que la investigación se prorrogue "hasta tres años", que no quedó muy claro si eran tres más o 18 meses más hasta cumplir tres. Probablemente es lo segundo, pero en cualquier caso, hasta mediados de 2019, como pronto, no sabremos si sientan en el banquillo a los investigados por el accidente sucedido 13 años antes. Si hay juicio, que no será antes de 2020, posiblemente haya después recurso a la Audiencia Provincial o al Supremo –en función de la pena–, con lo que la condena o absolución en firme llegaría unos 15 años después de los hechos. Una injusticia para las familias y para los investigados, sea cual sea la decisión final.
Dice Arcadi Espada, y no le falta razón, que "solo hay una forma de comprender, que es comparar". Si lo hacemos con EEUU, por ejemplo, la comparación es odiosa a más no poder. Sí, es el sistema anglosajón, aquí somos muy garantistas, etcétera, pero algo habrá que hacer para que la comparación deje de evidenciar la injusta lentitud de nuestra justicia. Dos ejemplos:
Penal. El financiero Bernard L. Madoff fue detenido en diciembre de 2008 por una estafa multimillonaria a decenas de bancos, aseguradoras, fondos de inversión, fundaciones y grandes fortunas, con miles de personas perjudicadas. Como las estafas de Afinsa y Fórum Filatélico en España, pero a lo grande. Lo de Afinsa y Fórum Filatélico estalló en 2006 poco antes del accidente del metro y la visita del Papa. A los de Afinsa los acaban de meter en la cárcel, 12 años después, y el juicio de Fórum Filatélico se está celebrando ahora en la Audiencia Nacional, 12 años después. Y luego irá al Supremo. Bernard L. Madoff fue juzgado y condenado en junio de 2009.
Contencioso. La película de Spielberg Los archivos del Pentágono –flojita– no recoge la batalla judicial librada a propósito de la publicación de esos documentos clasificados, pero conviene recordar que en aquellos días de 1971 se produjo la siguiente secuencia: el Gobierno de Nixon pidió al juez del Tribunal del Distrito que prohibiera al Washington Post publicar los papeles en cuestión; el juez dio la razón al Post; el Gobierno recurrió al Tribunal de Apelaciones de EEUU, que revocó la decisión del juez y le instó a celebrar una vista probatoria para valorar los daños de la publicación; el juez del distrito volvió a fallar a favor del Post; el Tribunal de Apelaciones volvió a revocar la decisión; el caso llegó al Tribunal Supremo –junto al del New York Times, que llevaba su propio contencioso–, que tomó la histórica decisión de autorizar la publicación de los 'papeles' del Pentágono.
La primera petición del Gobierno al juez para vetar la publicación se produjo un 18 de junio. La sentencia del Tribunal Supremo llegó el 30 de junio. ¿De qué año? Del mismo. Ya ves qué injusto, lo que aquí serían doce años, o dos meses para una cautelar, allí fueron doce días.
