El juzgado recibe 5,8 millones de euros del dinero 'B' de Eduardo Zaplana

VALÈNCIA. El ‘ingeniero’ financiero Fernando Belhot es la pieza clave en el caso Erial que mantiene al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana como investigado por blanqueo de capitales. El testaferro uruguayo Belhot, contratado por Zaplana para moverlos fondos de supuesto dinero negro, no solo hizo una declaración lapidaria contra el expresidente de la Generalitat en la que explicaba cómo se había creado la ruta financiera para blanquear dinero de presuntas mordidas, sino que hizo algo más importante, autorizar la repatriación del dinero B.

Según han informado fuentes de la investigación a Alicante Plaza, esta semana ha llegado al Juzgado de Instrucción número 8 de valencia la primera transferencia de ese dinero. Así, la cuenta a nombre del juzgado ya tiene 5,8 millones de euros del supuesto dinero negro de Eduardo Zaplana. Se espera que la semana que viene se haga efectiva una segunda llegada de dinero de 800.000 euros, con lo que los investigadores ya tendrán en su poder 6,6 millones.

El hallazgo de ese dinero negro, a través de la ‘cantada’ de Belhot, fue la razón por la que la magistrada instructora accedió a dejar en libertad al expresidente tras más de ocho meses en prisión preventiva. Fernando Belhot, tal y como ha ido informando Alicante Plaza, fue la persona que presuntamente manejó los fondos ilícitos del expresidente una vez salieron de Europa.

Zaplana dice que no es suyo

La llegada del dinero es una victoria para la juez y el fiscal, pues pase lo que pase con los recursos de nulidades presentados por la defensa de Eduardo Zaplana, el dinero ya está en el juzgado. Además, hay que recordar que el expresidente siempre ha mantenido que "nunca ha tenido cuentas en el extranjero", por lo que, diga lo que diga la Audiencia sobre los recursos, es de suponer que Zaplana no pedirá que le devuelvan un dinero que asegura que no es suyo.

El problema para el expresident es que Fernando Belhot, además de dar el acceso a las cuentas con el presunto dinero negro, explicó a los investigadores punto por punto cómo se creó toda la trama de ingeniería financiera. Belhot declaró que administró 7.955.000 euros que fueron ingresados en diferentes etapas, un dinero supuestamente procedente de las mordidas de adjudicaciones a dedo a la familia Cotino.

La empresa presuntamente creada para el blanqueo, Disfey, abrió una cuenta en Suiza para canalizar el total de los activos y poder manejarlos. En el año 2013 empezó a llegar el dinero desde diferentes sociedades. Así entraron 1,5 millones primero, luego tres, 1.750.000 euros y, por último, 1.705.000, totalizando los 7.955.000 euros que el testaferro explicó que manejaba.

Según la versión de Belhot, esos fondos se comenzaron a administrar "haciendo inversiones en distintos activos financieros" de las que Zaplana era "informado puntualmente", unas tres o cuatro veces por año. Esa rendición de cuentas anual "se hacía de forma verbal porque Zaplana nunca quiso tener constancia por escrito".

'Caso Erial'

El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros en España, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están implicados en diferente medida en delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.

En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.