El jefe jurídico que supervisó el PGOU declara que Alperi rechazaba el criterio del primer redactor

ALICANTE. El técnico jurídico coordinador de la Gerencia de Urbanismo que formó parte de la comisión de supervisión sobre la redacción del que iba a convertirse en el nuevo Plan General de Alicante, José Luis Ortuño, ha declarado este miércoles, en el juicio sobre el supuesto amaño de ese planeamiento urbanístico investigado en el caso Brugal, que la "ideología" y los "criterios" mantenidos por el primer equipo redactor, del arquitecto Luis Cantallops, y por el equipo de Gobierno que entonces presidía el popular Luis Díaz Alperi "no eran coincidentes". "La ideología de la parte política no coincidía y se comenzó a funcionar a base de requerimientos; no había coincidencias en criterios no legales y ya se veía que el resultado de esa relación administrativa iba mal", ha explicado, en respuesta a las preguntas formuladas por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. "He visto discusiones de hasta cinco horas entre Alperi y Cantallops en las que cada uno trataba de convencer al otro de manera razonada sobre sus distintas visiones y esas reuniones terminaban en nada", ha explicado ante el tribunal.

Ortuño ha apuntado, además, que desde el punto de vista técnico también se le requirió al equipo de Cantallops que adaptase determinadas situaciones, puesto que "la legislación urbanística valenciana había sufrido varios cambios en poco tiempo" y se trataba de un equipo redactor que no era originario de la Comunitat. Así, ha sostenido que, desde poco antes de que Cantallops hiciese entrega de su trabajo, en 2004, no hubo más avances en la redacción puesto que se estaba esperando a acordar la rescisión de su contrato. Al respecto, ha apuntado que ni a él ni al arquitecto municipal Miguel Ángel Cano se les consultó sobre la ruptura del acuerdo con el equipo de Cantallops. "Solo nos expusieron que así no se iba a ningún sitio y que no se podía avanzar", ha apuntado. 

Después, se ha referido al funcionamiento de la comisión mixta constituida por el nuevo equipo redactor del PGOU, dirigido por el arquitecto Jesús Quesada, y por los técnicos municipales, para asegurar que en un principio se celebraban reuniones semanales y que, después, conforme se acercaban los plazos para la aprobación, se desarrollaban reuniones diarias de mañana y tarde. Sobre su contenido, ha apuntado que se planteaban las cuestiones que proponía Quesada, a través de un guión "muy denso" de temas que se tenían que abordar. En todo caso, respecto a las alegaciones, ha dicho que se discutían y se analizaban "a veces de manera vehemente" pero, en último término, el criterio general si no existía acuerdo era que "en cuestiones legales se adoptaba lo que yo proponía", mientras que en cuestiones urbanísticas "era el equipo redactor el que decidía, puesto que eran quienes firmaban la respuesta a las alegaciones y quienes asumían esa responsabilidad". 

El técnico ha explicado también que emitió un informe en 2009 en el que recriminaba la forma en la que se había resuelto las alegaciones de la primera exposición al público, en 2008, para señalar que se admitió el contenido de la propuesta para esa primera aprobación provisional pese a que se incluían algunos errores materiales porque se corría en riesgo de que venciese el plazo concedido para adoptar ese acuerdo y que hubiese que comenzar a tramitar todo el PGOU desde cero. "Les cogió el toro y la resolución se abordó con excesiva rapidez", ha explicado. No obstante, ha señalado que ya entonces se sabía que iba a haber un segundo trámite de exposición al público para la presentación de alegaciones.

Ortuño apunta que las dos aprobaciones provisionales del planeamiento no concedían ningún derecho a los propietarios del suelo y ratifica que no llegó a aprobarse nunca por parte de la generalitat

Por último, respecto al funcionamiento de la propia comisión, también ha señalado que el abogado Javier Gutiérrez solo acudió a algunas de esa reuniones, como asesor externo de Laboratorio de Proyectos, sin que fuese un miembro habitual. Y también sobre su composición, ha señalado que, al margen de él mismo, estaba integrada por el arquitecto Miguel Ángel Cano, por Quesada, por Afonso Mendoza, y los técnicos Julio Tormo y Mario Valero, por parte de Laboratorio de Proyectos. Según Ortuño, a las primeras reuniones asistía Sonia Castedo, durante su etapa como concejal de Urbanismo, y ha negado que participase nunca el exalcalde Díaz Alperi. Más tarde, a instancias de Castedo, cuando ella asumió la Alcaldía, se incorporaron las técnicas María Ángeles de la Sierra e Isabel Campos. 

En todo caso, a preguntas de las defensas, Ortuño ha asegurado que "nunca se le sustrajo" de sus funciones de control y supervisión de la redacción del plan. Igualmente, a preguntas de los abogados de las defensas, Ortuño ha negado que hubiese recibido presiones por parte de los dos exalcaldes a la hora de desempeñar su trabajo.        

Sobre los detalles de algunos de los proyectos en los que se pudo haber beneficiado al promotor Enrique Ortiz, Ortuño se ha referido al proyecto del Plan de Reforma Interior (PRI) planteado por Aligestión sobre el proyecto de remodelación del estadio. Así, ha subrayado la versión de otros testigos que han declarado en las jornadas previas, para sostener que Aligestión no tenía la condición de agente urbanizador porque ese PRI no se aprobó nunca, puesto que se acordó que la propuesta debía integrarse en el Plan General al tratarse de un proyecto que afectaba a la ordenación estructural, como resolvió el informe del arquitecto Manuel Beltrá. 

En respuesta al fiscal, ha dicho que imaginaba que al equipo de Quesada se le dio traslado de que debía trabajar en esa integración, sin que haya podido precisar en qué momento se le informó de ello. En esta línea, ha apuntado que la propuesta figuró en la primera aprobación del PGOU sin que se hubiese hablado en la comisión mixta de manera específica y que no se informó en contra en ese momento puesto que "no era una actuación manifiestamente ilegal, sino una modificación del planeamiento a la que se daba encaje en el PGOU". Más tarde, ha apuntado que el proyecto acabó desapareciendo del PGOU después de que se presentasen alegaciones en las que se apuntaba que la zona del estadio "era incapaz de absorber tanta actividad como se pretendía" sobre todo en cuestiones de tráfico. 

Además, ha señalado que él no participó en ninguna reunión con Ortiz sobre el Rico Pérez, y que solo trató con él por lo que respecta a una propuesta de modificación del APA 9 de Vistahermosa, en la medida en que se podía aplicar una revisión que hubiese obligado a rescindir la condición de agente urbanizador de la que disponían las empresas de Ortiz, lo que habría expuesto al ayuntamiento a asumir responsabilidad patrimonial. Ortuño también se ha referido a la regla del 1x1 para asegurar que el criterio que mantenía el Ayuntamiento, a través de la opinión de Miguel Ángel Cano, era que no se podía compensar un metro de suelo de parque natural con otro de suelo con aprovechamientos y que, de hecho, se había considerado excesivo que se aplicase un índice corrector (el coeficiente K) de 0,5, por lo que se fue bajando hasta el 0,3 o el 0,15.     

También a preguntas del defensor de Ortiz, Ortuño ha sostenido que las dos aprobaciones provisionales del PGOU no concedían a los propietarios de los terrenos el reconocimiento de ningún derecho, puesto que no se trataba de acuerdos definitivos. Además, el técnico jurídico ha incidido en que el Plan General bajo sospecha no llegó nunca a aprobarse de manera definitiva y que la responsabilidad de adoptar esa decisión dependía de administraciones supramunicipales, puesto que su validación era competencia de la Generalitat. Es más, ha señalado que el documento todavía debía reunir informes previos antes de que se produjese su aprobación definitiva, como la evaluación ambiental. Ortuño ha apuntado, no obstante, que el Ayuntamiento acabó desistiendo de la tramitación de esa propuesta de PGOU a principios de 2015. Igualmente, el técnico ha confirmado que el terreno de Aguamarga en el que se proyectaba la llamada Ciudad de la Economía no se incluyó en la última versión del PGOU como suelo no urbanizable porque llegó un informe sectorial en el que se desestimaba la posibilidad de su desarrollo. También ha respondido que nunca recibió presiones para beneficiar a las empresas de Ortiz.

La declaración de Mendoza

En la sesión de este miércoles, también ha comparecido con carácter previo el asesor jurídico que formó parte del segundo gabinete redactor del PGOU, Alfonso Mendoza, quien ha admitido que durante la fase de elaboración de ese planeamiento a cargo de la empresa Laboratorio de Proyectos, de Jesús Quesada, también colaboró en la realización de determinados encargos para el bufete Salvetti, gestionado por los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo procesados en la causa. En su testimonio, Mendoza -sobrino de Quesada y amigo personal de una de las hijas de Alperi- ha apuntado que su trabajo consistía en asesorar en la parte legal de la resolución de las alegaciones y ha asegurado que en ese trabajo, no se conocía la identidad de los alegantes, puesto que se identificaban con números. En todo caso, ha señalado que no tramitó alegaciones para Salvetti y que, en el trabajo que desempeñó en la redacción del PGOU, no recibió presiones de Alperi, ni de Castedo. Mendoza ha confirmado que fue nombrado delegado no concejal de Urbanismo por Sonia Castedo en marzo de 2010, un momento en el que pasó de trabajar como asesor de la redacción del PGOU "a perseguir al equipo redactor para que hiciese su trabajo". Después, cesó en esas funciones en junio de 2011.

También ha declarado el director de producción de Inusa, José Candel, vinculado a las empresas de Ortiz desde 1989. Candel solo se ha referido a las negociaciones entabladas para tratar de comprar una finca de 700.000 metros cuadrados de la partida de Fontcalent que no llegó a confirmarse puesto que se proponía que el acuerdo se cerrase en cuanto el PGOU estuviese aprobado. Un aspecto que no fue admitido por la parte vendedora. Sobre el uso de esa finca, ha señalado que no lo podía precisar, porque primero se buscaban suelos y después se desarrollaban propuestas concretas.

Por último, también ha testificado la apoderada de la empresa Asegur, en relación a uno de los pagares cobrados por Pablo Rico, socio de la misma empresa y también procesado, con los que, según el sumario, se pudo canalizar las supuestas dádivas entregadas al exalcalde Díaz Alperi. La testigo solo ha señalado al respecto que no podía asegurar si los 174.000 euros extraídos por Rico un sábado fueron depositados en la empresa.

En la sesión, el tribunal ha decidido admitir como documentos los testimonios aportados por la Fiscalía Anticorrupción sobre las declaraciones formuladas por el empresario Ángel Fenoll y por el también empresario Javier Bru durante el inicio de las diligencias del caso Brugal en relación a los vídeos sobre el presunto amaño de la adjudicación de la basura de Orihuela que dieron origen a la investigación. Con esos testimonios, la Fiscalía trataría de desacreditar la declaración formulada por Fenoll durante su declaración en el juicio, la semana pasada, en la que señaló que él había "limpiado" esas grabaciones. La presidenta del tribunal, Monserrat Navarro, ha apuntado que se concretará en la sentencia cuál es el valor probatorio de los testimonios de aquellas declaraciones. La decisión ha contado con la oposición del conjunto de las defensas, que han considerado que suponía admitir nueva documentación para contradecir las declaraciones de cualquier testigo.