ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por PP y Cs, reacciona frente al auto del juzgado de lo Contencioso número 4 en el que se conmina a acordar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) en el entorno de la calle Castaños. El portavoz adjunto del bipartito y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha asegurado este martes que los servicios jurídicos municipales están valorando presentar recurso frente al auto "puesto que no compartimos el fondo de la sentencia y lo que implica", pese a que ha reconocido que ese recurso no tendrá efectos suspensivos.
"Estamos a la expectativa de conocer qué resuelve el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto a nuestro recurso de apelación contra la sentencia", ha explicado. No obstante, ha apuntado que, en torno a un mes después de que se conociese esa primera resolución judicial, de noviembre de 2019, el equipo de Gobierno ya inició los trámites del expediente para declarar esa ZAS.
Según Villar, desde ese momento se inició el trabajo de recopilación de informes entre varias concejalías implicadas sobre el número de establecimientos existentes en la zona, aunque ha insistido en que esa labor quedó suspendida desde el momento en que se acordó la declaración del estado de alarma, el pasado mes de marzo. "Hubiese sido hacernos trampas al solitario realizar mediciones acústicas y evaluar cuantos locales existen en un momento en el que se están aplicando restricciones de actividad al conjunto de la hostelería", ha añadido.
Así, ha considerado que el ayuntamiento ya estaba dando cumplimiento a la sentencia antes de que la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional instase su ejecución, aunque ha sostenido que la labor de estudio sobre las nuevas medidas que pueda incluir la ZAS se retomará en cuanto se levanten las restricciones "y sepamos cuántos locales continúan y en qué condiciones", ha concluido.
Por el momento, los representantes de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa), también ha anunciado su intención de recurrir frente al auto de ejecución de la sentencia, al considerar que no aporta ninguna justificación ni se pronuncia sobre los argumentos expuestos en contra de su aplicación. Igualmente, el colectivo subraya que el juzgado tampoco ha motivado por qué no acuerda la fianza solicitada para cubrir posibles perjuicios económicos a los negocios, en el caso de que el TSJ acabe revocando la sentencia y se anule la declaración de ZAS.
