Vista aérea del Polígono Industrial Fuente del Jarro VALÈNCIA. El Consell ha logrado esquivar el recurso de inconstitucionalidad que amenazaba su Ley de Áreas Industriales, un texto que ha convertido a la Comunitat en la primera autonomía en regular la planificación y el funcionamiento de sus polígonos y que, como aspecto más destacado, introduce la adscripción obligatoria de los propietarios de inmuebles a la entidad que gestiona el área industrial -la asociación del polígono- cuando así lo exija la mayoría de dueños. Valga la comparación: se trata de una especie de comunidad de vecinos pero con propietarios de activos en polígonos industriales.
La Generalitat se llevó primer susto sobre la viabilidad de esta norma al recibir un informe en contra por parte del CJC, que argumentó que la mencionada adscripción obligatoria debería quedar "sobradamente justificada". Ello hacía temer que, acto y seguido, se produciría un recurso de incosntitucionalidad por parte del Gobierno de España, pero el Ejecutivo central ha sido más comprensivo de lo esperado.
Según explicó a este diario Blanca Marín, secretaria autonómica de Economía, Presidencia del Gobierno trasladó a la Generalitat un informe con tres observaciones al texto autonómico, si bien "se trató de cuestiones que han podido ser solucionadas", según considera.
En primer lugar, el informe cuestionó "la base privada y naturaleza administrativa de las entidades gestoras de las áreas industriales". "Pero ello se ha resuelto en el trámite parlamentario, mediante enmiendas de los grupos. Se ha modificado a entidades de base privada con finalidad pública", relata Marín.
Además, el Ejecutivo central llamaba la atención sobre el objeto social previsto para la entidad de gestión, "sobre el hecho de que incluya la asunción de servicios públicos por parte de la entidad de forma indirecta mediante un convenio, no mediante un contrato". "Finalmente lo que hemos hecho ha sido eliminar el convenio y dejar exclusivamente la fórmula del contrato", indica la dirigente.
Por último, el Gobierno acusaba a la Generalitat de "invadir las competencias municipales al incluir en la ley bonificaciones del ICIO, un impuesto municipal". "Pero cambiamos el texto por 'se podrá bonificar el ICIO' para evitar esta imposición. También ha sido solventado en el trámite parlamentario", asegura.
Tales apreciaciones fueron trasladadas a la Generalitat cuando el texto se encontraba publicado en el Boletín de las Cortes pero todavía no aprobado en el pleno, circunstancia que permitió su modificación antes de llegar a la cámara.
Además, se da el escenario de que el Gobierno que formuló las observaciones inicialmente era el liderado por el PP de Mariano Rajoy, y que ahora la revisión de la corrección de la norma dependerá de un Ejecutivo socialista que se augura más sensible con la iniciativa del Gobierno valenciano de PSPV y Compromís.
